Grecia es la principal puerta de entrada a Europa. Como tal, constituye el primer destino de la mayoría de migrantes, ya sean solicitantes de asilo, refugiados o migrantes económicos, en su viaje hacia los estados europeos desarrollados, en los que la paz, la estabilidad y la prosperidad se dan por descontado. Estas poblaciones migrantes, que llegan a Grecia a través de las islas o atravesando las breves fronteras terrestres del Noreste por el Río Evros, contemplan la llegada a este territorio como un alivio, ya que dejan tras de sí una turbulenta situación en sus países de origen, así como el poco amistoso suelo turco.
Este breve artículo no pretende definir quién constituye un refugiado y qué es lo que le o la distingue de un inmigrante ilegal. Con este fin ya existen diversas legislaciones y tratados internacionales. El propósito de este artículo es destacar una decisión específica que ha sido fruto del esfuerzo europeo por confrontar el flujo inconcebible de estas poblaciones hacia Grecia y hacia Europa: el establecimiento de funcionarios de enlace turcos en las islas griegas y sus implicaciones indirectas para la soberanía de Grecia. Pero, ¿por qué resulta tan importante esta decisión menor, y por qué merece que le dediquen su tiempo? Bueno, se trata esencialmente de la relación entre Grecia y Turquía, una relación “especial” que se remonta en el tiempo, con sus “luces” y sobre todo con sus “sombras”.
Con el fin de entender la irracionalidad racional que hay tras esta decisión, es preciso repasar lo que se decidió en el acuerdo entre la UE y Turquía. En resumen, y de acuerdo con el trato inicial, está previsto que funcionarios turcos, designados como “funcionarios-enlace de inmigración”, sean desplegados en las islas griegas del Egeo Oriental –principalmente Lesbos, Quíos y Cos-, con el fin de controlar y decidir quién se ajusta al perfil de refugiado o ha de ser descrito como migrante y por ello deportado a Turquía y de allí a casa.
Pero, una vez más, ¿por qué es esta decisión, aparentemente lógica, tan irracional para Grecia? Imaginen que un funcionario mexicano fuera desplegado al otro lado de la frontera estadounidense para decidir quién puede entrar en América y quién no; un funcionario iraní desplazado a Turquía para decidir el destino de aquello que entran al país. ¿Quién puede optar a decidir que el estado receptor no tiene la autoridad o los mecanismos de seguridad necesarios para clarificar quién puede y quién no puede entrar en su territorio? En estos casos ficticios, y especialmente en el escenario real del actual flujo migratorio de Turquía a Grecia, existe una amenaza de facto a la soberanía estatal, causada por la decisión de desplegar a funcionarios extranjeros, que tendrán jurisdicción para decidir por Usted, en el territorio de Usted. Además, se trata de un estado que sistemáticamente desafía nuestra soberanía en asuntos específicos. Es evidente que se trata ciertamente de una decisión provocadora.
La lógica tras esta decisión resulta difícil de aceptar. Puede que no se tratara de una cuestión tan importante si le ocurriera a un estado soberano, sin otros problemas actuales. Pero está teniendo lugar en Grecia, un estado inmerso en una crisis económica, con funcionarios extranjeros examinando sus cifras y políticas fiscales y económicas, cosa que, según algunos analistas, ya constituye una pérdida de soberanía estatal.
Los detalles finales de esta decisión no han sido revelados aún, pero incluso el debate sobre un asunto tan delicado –especialmente en estos tiempos, en los que el nacionalismo estatal está reemergiendo (véanse los países de Visengrado)- debería hacer sonar las alarmas para el gobierno griego y, posiblemente, para otros miembros de la UE, ya que no es improbable que tal metodología se aplique también dentro de sus propias fronteras. ¿Quién podría tolerar semejante concesión en materia de soberanía estatal?
Polychronis Kapalidis es teniente e investigador en seguridad marítima en la Marina Griega.
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