Dr. Daud Abdullah
No hay justificación militar para el asesinato la semana pasada de Abdel Fattah Al-Sharif en Hebrón. Se encontraba claramente herido e incapacitado, y no suponía una amenaza inminente para el soldado israelí que le disparó. Incluso para los estándares israelíes, se trató de un cruel acto de asesinato. El diario israelí Haaretz lo describió apropiadamente como una “ejecución a sangre fría”; algo que puede y debe, por lo tanto, reforzar los llamamientos para una investigación internacional de la política israelí de ejecuciones extrajudiciales en los territorios palestinos ocupados.
Cuando la ministra de Exteriores sueca Margot Wallstrom pidió tal investigación en Enero, el ministerio de Exteriores israelí despachó su intervención tildándola de “irresponsable e ilusa”. El asesinato de Al-Sharif, de 21 años de edad, cuya grabación en vídeo se ha vuelto viral en internet, revivirá ahora el llamamiento y lo dotará de una mayor urgencia.
A pesar de su crueldad, el asesinato de Al-Sharif no constituye un acto aislado. La dura realidad es que prácticamente cada día jóvenes palestinos mueren en circunstancias muy similares. Es tan sencillo como que un colono fanático o un soldado de gatillo fácil sospechen de que él, o ella, sean “terroristas”.
Está admitido que las instituciones políticas y religiosas de Israel han alentado esta cultura de la impunidad. A mediados de Marzo el principal rabino sefardí, Israel Yitzhak, emitió un edicto en el que declaraba que matar a palestinos que estuviesen armados con cuchillos era un imperativo religioso, instando a los soldados a no preocuparse por los tribunales o por el ejército en esta cuestión.
Desde hace ya varios años, los políticos israelíes juegan con la idea de aprobar la pena de muerte para los palestinos. En 2006, el líder del partido Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, afirmó durante un debate parlamentario que los diputados árabes que mantienen contactos con Hamás deberían ser ejecutados.
El año pasado, la web de noticias israelí Mako citaba las siguientes declaraciones de Lieberman: “A cualquiera que esté con nosotros habría que dárselo todo; la mitad del reino. Si alguien está contra nosotros, no hay nada que hacer. Habría que levantar el hacha y cortarle la cabeza. De lo contrario no lograremos sobrevivir aquí”.
Al calor de la actual Intifada en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén, los políticos israelíes han resucitado, una vez más, el debate acerca de la pena capital. En ello les ha alentado el apoyo público que ha recibido Elor Azarya, el soldado que “ejecutó” a Al-Sharif. Más de 50.000 israelíes han firmado una petición online que pide que se le conceda una medalla; otros han organizado manifestaciones en apoyo del soldado.
A pesar de estas presiones es poco probable que las autoridades israelíes puedan acceder a los llamamientos a favor de la pena de muerte, o incluso exonerar por completo a Azarya. Los efectos internacionales de la ejecución se están haciendo notar. Philip Luther, director del programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, manifestó: “Disparar a una persona herida e incapacitada, incluso si había estado implicada en un ataque, no tiene absolutamente ninguna justificación, y es una acción que debe ser tratada como un potencial crimen de guerra”. Incluso el habitualmente servil Congreso estadounidense ha expresado preocupaciones similares.
La reciente decisión de posponer un debate ministerial sobre la pena de muerte no significa sin embargo que haya sido eliminada de la agenda. El establishment israelí lo ha hecho únicamente por ahora debido al daño que la ejecución de Al-Sharif ha causado a su imagen de democracia liberal y de bastión de los valores civilizados. El mantra repetido con frecuencia por el primer ministro Binyamín Netanyahu de que el ejército israelí es el más “moral” del mundo ha quedado expuesto como un embuste vergonzoso.
Para los palestinos poco importa si Israel legisla para introducir la pena capital. No dejaría de ser una posdata para una práctica que lleva largo tiempo en vigor, aunque sea sin que se siga ningún procedimiento en los tribunales. Para ellos, la vida bajo la ocupación militar ya no constituye una opción.
Está claro que el gobierno de Netanyahu quiere que su pueblo crea que las ejecuciones, las demoliciones de hogares y las deportaciones son signos de fuerza. No lo son. En el mejor de los casos, reflejan la debilidad y la inefectividad de un gobierno que está en la bancarrota política, incapaz de encontrar una solución para la actual revuelta. Si quiere hacer frente al desafío de las figuras de la oposición como Lieberman y sus compañeros de viaje, Netanyahu debe seguir dando carta blanca a su “moral” ejército y a los colonos extremistas para que actúen con impunidad. Finalmente, a los palestinos sólo les queda la autodefensa para asegurarse la supervivencia.
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