Hoy en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, el sistema de asilo está de rodillas; las deportaciones han detenido todos los procedimientos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), a través de la cual el 95% de los refugiados del hotspot han presentado sus solicitudes para quedarse en Europa. En Quíos, la cifra se disparó del 20 al 70%, probablemente debido a la falta de información que reinaba antes.
Todo esto ocurre tras varias semanas de protestas tanto dentro como fuera del centro de detención de Moria, que han incluido peleas por la comida y huelgas de hambre; es un caos. Los activistas, los voluntarios y los equipos de rescate, junto con ACNUR, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y varias ONGs más y organizaciones de la sociedad civil, todos ellos han demostrado la existencia de fallos fundamentales en el acuerdo de deportación entre Grecia y Turquía y en su implementación. Una de las huelgas de hambre fue iniciada principalmente por solicitantes de asilo paquistaníes, bengalíes y afganos, que rechazaron los alimentos durante dos días debido a su limitado acceso a los procedimientos de asilo dentro del campo, algo que los sitúa en riesgo constante de ser deportados.
La Comisión Europea ha venido finalmente a las islas, y con ellos ha llegado mucho más personal del EASO. Una agencia básica de derechos humanos actuará como consejera de Bruselas. En un encuentro de coordinación local, algunos empleados de la Comisión explicaron que el acuerdo EU-Turquía les había tomado por sorpresa. Por ello han pedido que más personal venga de Bruselas y de Atenas para ver la situación por sí mismos, en tanto que ahora mismo la situación no ofrece ninguna garantía.
Cuando la gente se registra en el campo reciben unos papeles en los que se les explican sus derechos, pero los panfletos sólo están disponibles en inglés y en árabe, de forma que los hablantes de urdu, panyabí, farsi, kurdo y pastún, así como los migrantes analfabetos, quedan excluidos. Aproximadamente el 60% de los refugiados y migrantes no son sirios, de forma que la falta de información sobre las leyes de asilo europeas es un asunto serio. Además, la ONU confirmó ayer que por lo menos 18 de los136 paquistaníes deportados ayer de hecho habían solicitado asilo y, por lo tanto, fueron deportados a Turquía ilegalmente. Varios de mis contactos personales me aseguraron que en realidad este número era mucho mayor. Dos de los deportados intentaron suicidarse al llegar a Turquía, y están siendo tratados en un hospital local; según el grupo de coordinación local de aquí, todo apunta a que uno de ellos murió anoche.
El hecho de que Frontex y los policías al cargo de esta operación carecen de formación y de personal suficiente es muy preocupante, ya que no se está supervisando que no se produzcan violaciones de derechos humanos. Tampoco se presta ninguna atención a lo delicado de la situación de personas que han estado en un centro cerrado, atrapados en la isla desde hace más de 6 semanas, como ocurre con más o menos la mitad de los 1.000 paquistaníes que hay en Lesbos. ACNUR está pidiendo la cancelación de este acuerdo ilegal de deportación, que sólo ha sido “remodelado” como legal a través de la alteración de la legislación de asilo tuca y griega.
El Servicio de Acción Europea Externa tiene una lista de espera de 3.000 personas, y hasta ahora sólo ha procesado 18 casos; ha sido forzado a retomar las operaciones tras una semana de inactividad, a pesar de la gravedad de la situación. Esto se debe al increíble esfuerzo que todos los detenidos están haciendo para solicitar asilo de forma verbal, dentro del campo, para evitar más deportaciones ilegales. Una vez que esta forma se ha dado a conocer, todas las deportaciones han tenido que ser detenidas, también debido al gran número de periodistas presentes en Lesbos que están logrando que la opinión pública de todo el mundo esté atenta a esta cuestión.
Turquía no está preparada para recibir a todos los refugiados y migrantes que son etiquetados de “irregulares” y “económicos” –aunque después de pasar dos meses con grupos vulnerables y haber hablado con por lo menos 150 personas para escuchar sus historias, nadie me ha dicho que haya hecho este peligroso viaje simplemente para conseguir un trabajo mejor-. Esta gente está buscando un futuro en el que estén protegidos del genocidio, de la persecución religiosa, del terrorismo y de las guerras. Sugerir que tan sólo son migrantes económicos es hacerles una grave injusticia.
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