Mientras que Europa y Turquía rechazan a los refugiados –tanto institucional como físicamente- hacia un supuesto “tercer país seguro” que aún debe cumplir con su parte del trato de negocio a cambio de derechos humanos, los derechos de los refugiados siguen estando en las precarias manos de los voluntarios y de los abogados gratuitos e independientes. Al informar de las escandalosas condiciones de vida en los “hotspots” de Grecia y de Turquía, me queda claro que el derecho a un procedimiento de asilo justo, así como los principios humanitarios más básicos –tales como el acceso a agua y comida- están siendo violados de forma sistemática. No sólo eso, sino que la frontera entre Siria y Turquía ha estado cerrada desde el inicio del acuerdo, con los refugiados siendo rechazados violentamente hacia Siria y el ejército turco disparando a aquellos que intentan cruzar para buscar cobijo.

Tras haber estado investigando y trabajando en los campos de Quíos, Lesbos, Atenas e Idomeni, estoy una vez más conmocionada ante la injusticia del nuevo acuerdo con Turquía. Igualmente, me ha sorprendido gratamente la sociedad civil, en especial las iniciativas anarquistas por toda Grecia que están dando alojamiento a cientos de recién llegados a Europa en un abrir y cerrar de ojos y sin preguntas de por medio. Sin embargo, los ataques sistemáticos contra estas iniciativas se ha intensificado, ofreciendo pruebas de unas prácticas extendidas de acoso sexual y discriminación a ambos lados de las vallas de los centros de detención y en las zonas colindantes, donde los voluntarios tratan de movilizarse.

La situación de los refugiados en Grecia depende de la estructura que semejante acuerdo carga sobre unas circunstancias en las que está en auge el aspecto civil. Varios informes, desde octubre, han hecho referencia a la humanidad esencial que se vive sobre el terreno, en oposición al enfoque lento, burocrático y de talla única de las ONGs que operan en Grecia. De hecho, si no fuera por los voluntarios y por las iniciativas locales, ahora mismo no existiría ninguno de los campos informarles. Los propios refugiados han expresado esto, así como su temor a los campos oficiales convertidos en centros de detención. “Aquí dentro nos ven como a números y nos tratan como animales,” dijo Ali, un detenido en el centro de Vial, en Quíos.

Es por ello que estas redes y estructuras han recibido la felicitación oficial de las Naciones Unidas, de las autoridades locales (especialmente en Lesbos) y de otras organizaciones internacionales. Sin embargo, quiero hacer tres observaciones generales que apuntan a que hay margen de mejora para la UE y las autoridades locales responsables de los procedimientos en cuestión, incluyendo a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y a las fuerzas militares y policiales tanto europeas como domésticas.

En primer lugar, hay enormes problemas con respecto a la discriminación, que ocurre de forma implícita y explícita, y sistemática, tanto dentro como fuera de los campos oficiales. Se basa en distinciones por razón de raza y etnicidad, y es evidente entre las ONGs internacionales y la policía.

Como se ha informado ya con anterioridad, el acceso al asilo está muy limitado para aquellos que proceden del Norte de África y de Asia. Esto ocurre a pesar del hecho de que, por ley, cualquier puede cumplir en potencia los criterios de haber sido perseguido o de estar en peligro debido a guerras locales o globales. Después de la firma del acuerdo entre la UE y Turquía, 700 paquistaníes que estaban en el campo informal de Moria fueron cercados y encerrados en una sección aparte del centro de detención, con un acceso muy limitado a los procedimientos de asilo. “Me perdí tres desayunos seguidos haciendo cola ante la oficina de asilo,” me explicó Sami, de Paquistán. “Cada mañana un funcionario venía a la oficina, preguntaba ‘¿Quién es paquistaní?’ y nos mandaba dejar la cola”. Además, el panfleto con la información sobre el “derecho al asilo” que se reparte en el registro de refugiados está traducida a propósito sólo al inglés y al árabe, y no al urdu.

El hecho de que las organizaciones no puedan llegar al interior de los campos oficiales y de algunos de los extraoficiales hace que el entorno sea muy peligroso y resulte intimidatorio para mujeres y niños. ACNUR informó hace tres días de que el 20% de las llegadas a Grecia son mujeres y que un número alarmante -40%- son niños, que pasan meses sin acceso a la educación. Estos grupos no van a acudir a quejarse a los funcionarios, puesto que se dan cuenta del caos existente y no confían en el sistema, al tener temores mucho más serios. La reticencia a buscar apoyo hace que las mujeres tengan que quedarse a cuidar de los niños y de sus pertenencias y no puedan ir a buscar información o buscar seguridad o atención médica, que resulta muy necesaria. En el campo oficial de Moria, muchas mujeres acuden con sus familias completas allá donde los voluntarios pueden acceder a identificar sus necesidades. Los voluntarios del campo informal de Idomeni me han explicado que las refugiadas, después de sufrir presiones para trasladarse a los campos más próximos, temen por su seguridad, que depende de las redes creadas por los protectores varones en el campo; un traslado rompería estas redes dejándolas en posición vulnerable.

Los traficantes campan a sus anchas en lugares como El Pireo o Idomeni, donde un gran número de gente recibe una asistencia muy limitada y cobijo, comida y agua insuficientes. La desorganización de la situación deja a las mujeres y a los niños desatendidos y sin un lugar seguro en el que dormir. Tanto refugiados como voluntarios han informado de varios incidentes en los que se han acercado hombres a intentar llevarse a los niños durante momentos caóticos en los que se distribuían alimentos. En Idomeni hay informaciones de que tres “doctores” han estado traficando con órganos de niños. De esto informaron varios refugiados y, por desgracia, es un fenómeno común en tiempos de crisis y desplazamiento forzoso.

 

El aspecto de género de la discriminación dentro de los campos y a su alrededor es sentido también por las voluntarias, que son maltratadas y acosadas sistemáticamente por la policía y por la población local. Estos incidentes se han visto especialmente en Quíos, donde varias voluntarias denunciaron acoso, amenazas y ataques sistemáticos e insufribles. Una voluntaria del Café Solidaridad, que proporciona cobijo a los refugiados que pueden emplear el local para charlar y obtener consejo con una taza de té, ha sido amenazada en repetidas ocasiones. Un policía incluso amenazó con violarla. Durante un registro no autorizado de la cafetería, el policía se la llevó a una habitación separada, donde ella se negó a responder a sus preguntas. El agente se aseguró de que nadie podía oírles y le dijo que se la llevaría al sótano de la comisaría donde “nadie iba a oírla gritar”. Ella se puso a gritar en ese momento y otro voluntario acudió a apoyarla, insistiendo en que había sido testigo de lo ocurrido. Dentro de la comisaría, los agentes insultaron a la chica tratándola de “puta” y empleando otros términos derogatorios, mientras se bebían dos botellas de vino delante de los voluntarios. El Café y su comedor móvil son acosados constantemente por la policía y por los fascistas locales, que han lanzado cócteles molotov contra la casa y contra la furgoneta que conduce la voluntaria.

En Lesbos se produjo otro incidente cuando una joven voluntaria quiso denunciar un vehículo sospechoso que estaba recogiendo a jóvenes paquistaníes del campo informal “por dinero”, según explicaron otros refugiados, visiblemente avergonzados. Tras ver al hombre acudir varias noches, la joven detuvo a unos agentes locales que estaban patrullando la zona. Preguntó al agente si se trataba de la autoridad adecuada ante la cual denunciar los hechos. Éste se encogió de hombros y dijo “sólo se trata de chupársela”, conminándola a “no hacerles el trabajo sucio [a los paquistaníes del campo]”. Además, le dijo que era muy guapa y que si seguía hablando con él la besaría. Así que, al ir a denunciar la explotación sexual de menores en el campo, la voluntaria fue acosada sexualmente. Por culpa de su género el caso no fue tomado en serio, violando el papel protector del que muchos policías griegos parecen haberse olvidado.

En Idomeni, todos los periodistas y voluntarios son detenidos en sus coches antes de poder acceder al campo. Ha habido varios incidentes en los que los agentes de policía se han llevado a individuos a comisaría y les han obligado a desnudarse; en ningún momento se han formulado acusaciones contra ellos. Una voluntaria suiza afirma que la obligaron a desnudarse y que la mantuvieron retenida toda la noche sin cargos; ni siquiera le permitieron cambiarse el tampón, poniendo así en riesgo su salud.

Estos ataques arbitrarios y la manera sexualizada en la que se producen pretenden amenazar a los voluntarios –predominantemente mujeres- que están sacrificando su propia seguridad, tiempo y dinero para apoyar a los refugiados en una situación en la que ningún campo oficial o autoridad local han admitido que puedan ser superfluos para la gestión.

Cuando los refugiados ocupaban el puerto de Quíos a mediados de Abril, fueron atacados por un grupo furioso de fascistas locales, que les lanzaron botellas y cócteles molotov. De hecho, siguen amenazando a los refugiados –incluidas las familias- y a los voluntarios.

Más allá de la amplia cobertura que se le ha dado a la ineficiencia de los procedimientos de asilo, reasentamiento, reunificación y relocalización, los actores que se encuentran sobre el terreno están sufriendo una discriminación e intimidación insoportables. El gobierno griego parece recurrir todo el tiempo a métodos inhumanos para obligar a la gente a aceptar las nuevas infraestructuras de campos militares para gestionar el flujo de personas. Tratan de obligar a los refugiados a moverse a los campos militares a través de amenazas y haciéndoles pasar hambre –al evitar que los voluntarios proporcionen comida- y denegándoles lo más básico. Entretanto, las autoridades reparten panfletos sobre los riesgos sanitarios de permanecer en la frontera en Idomeni y tientan a los refugiados con servicios médicos y sociales que, según los voluntarios, no existen en realidad en los campos militares.

Las autoridades griegas han intentado reducir las tensiones en Idomeni, en la frontera con Macedonia, dispersando a la gente hacia otros campos. Sin embargo, parte de los refugiados se han marchado y después han vuelto a Idomeni debido a las serpientes y sus mordeduras; muchas familias han tenido que huir de semejante lugar. Sin embargo las autoridades están haciendo a la gente pasar hambre e intimidando a los voluntarios que apoyan estos asentamientos “no deseados” en la frontera, en lugar de responder a la demanda de abrir las fronteras o de garantizar un sistema de asilo y reunificación rápido pero justo. No tienen prisa, al contrario que la gente de los campos. Las personas están contando los días, sin apenas información ni apoyo, lo que les hace sentir aún más privados de derechos e incapaces de tomar las decisiones adecuadas para sí mismos y para sus familias.