El difícil nacimiento del Gobierno de Acuerdo Nacional libio a mediados de diciembre de 2015, propiciado por el Acuerdo Político Libio o “Acuerdo Skhirat”, que contó con el patrocinio internacional y con el apoyo de los árabes, pretende poner fin al caos que se ha extendido por Libia en los años posteriores a la revolución del 17 de febrero de 2011 contra Muammar Gaddafi. Esta revolución tenía como objetivo alcanzar las aspiraciones de democracia, libertad y dignidad humana del pueblo libio.
Sin embargo, el gobierno libio ha sido incapaz de ejercer ningún tipo de soberanía en Libia. Por lo tanto, adoptó como cuartel la capital tunecina, debido a su falta de autoridad en su propio país. Es irónico que ambos gobiernos libios, es decir, el gobierno del Consejo de Diputados, conocido como el “Gobierno de Tobruk”, y el Congreso General Nacional, con sede en Trípoli, que han sido rivales durante años, se hayan puesto ahora de acuerdo por vez primera para impedir al nuevo Gobierno de Acuerdo Nacional que cumpla con sus tareas. En nueve ocasiones el nuevo gobierno ha intentado, infructuosamente, ganarse la confianza del Gobierno de Tobruk, siguiendo el Acuerdo Skhirat. Esto hizo que las facciones internacionales y regionales sometieran directamente a presión a los diputados, uno por uno, lo que tuvo como resultado que 100 diputados (de un total de 188) firmaran una petición en apoyo al nuevo gobierno, lo que puede ser considerado un resquicio legal.
En marzo se produjo un acontecimiento de importancia crítica para el Gobierno de Acuerdo Nacional libio, puesto que consiguió poner pie en una base naval en la costa de Trípoli, con ayuda de Italia, después de que se le impidiera llegar a través de los aeropuertos –con este fin se cerró el espacio aéreo libio en varias ocasiones-. Los políticos creen que la llegada del nuevo gobierno a Trípoli constituye un indicador práctico de que se ha puesto el primer cimiento para el éxito del gobierno y del comienzo del proceso para poner fin a la división y reconstruir las instituciones estatales que fueron desgarradas por el conflicto.
El apoyo directo y amplio del que goza el nuevo gobierno es evidente, especialmente por parte del Partido de la Justicia y la Construcción, la rama de los Hermanos Musulmanes en Libia. También fue uno de los principales partidos que se implicaron en el Acuerdo Skhirat, a pesar de las relativas reservas por parte del grupo para apoyarlo directamente. Las principales instituciones soberanas económicas y financieras en Libia, junto con el Banco Central de Libia, la Corporación Nacional del Petróleo y la Autoridad Libia de Inversiones con sede en Trípoli, todas ellas han declarado su apoyo al gobierno. A esto lo acompaña el anuncio por parte del comandante de la Guardia de las Instalaciones Petrolíferas Libias, que se ha rebelado contra ambos gobiernos existentes, diciendo que está dispuesto a trabajar bajo la legitimidad del nuevo ejecutivo. Además, 14 municipios del sur y del este han declarado su apoyo incondicional al nuevo gobierno y su lealtad hacia él. También las principales formaciones militares han expresado posturas pro-gobierno. Así lo han hecho las Brigadas de Misrata y el Frente Al-Sumood, al igual que otras fuerzas y formaciones militares formadas como resultado del desmantelamiento de las fuerzas Amanecer de Libia, que han anunciado su apoyo al nuevo gobierno y han protegido al gobierno en Trípoli.
Merece la pena remarcar que también se han producido considerables muestras de apoyo por parte de los hombres de negocios y los comerciantes libios, después de que el país llegara a su peor situación económica desde el establecimiento del estado moderno. Por no mencionar el importante apoyo de muchos ciudadanos libios que han sufrido cinco años de conflicto, derramamiento de sangre y destrucción, cuyo precio han pagado los ciudadanos normales.
Todo esto se suma al apoyo global general al nuevo gobierno por parte de la comunidad internacional. Esto incluye la visita del ministro de exteriores italiano a Trípoli para encontrarse con el primer ministro Fayez Al-Sarraj. A esta reunión le siguió una delegación de embajadores de Francia, Gran Bretaña y España, y el anuncio del enviado para la paz en Libia del presidente de EE.UU. de que 28 países habían aprobado sanciones para los líderes del Congreso Nacional en Trípoli, contra el gobierno de Trípoli y contra el parlamento de Tobruk, con el fin de someterles a más presión internacional para que aceptasen el Acuerdo Skhirat y evitasen entorpecer el trabajo del nuevo gobierno en Trípoli.
La llegada a la capital del nuevo ejecutivo en una atmósfera de calma relativa, y la bienvenida de importantes sectores actuaron a modo de plataforma de lanzamiento para el joven gobierno. Sin embargo, aún se enfrenta a importantes desafíos, el más relevante de los cuales es ganarse la confianza del parlamento de Tobruk, que se niega a dar un voto de confianza al nuevo gobierno hasta que no se produzcan ciertas enmiendas a los términos del Acuerdo Skhirat, en particular al Artículo 8, que estipula que todos los privilegios y autoridades militares, civiles y vinculados a la seguridad del estado que describe la legislación libia son transferidos al Consejo de Ministros. El gobierno de Tobruk considera que esto es un ataque contra el general Khalifa Haftar.
Otros desafíos incluyen alcanzar un acuerdo sobre los arreglos en materia de seguridad con las formaciones militares que controlan Trípoli. Tales arreglos incluyen la retirada de las formaciones armadas de ciudades y zonas residenciales, así como su desarme, basado en un calendario específico. Esto es algo que provoca sospechas en muchas formaciones, puesto que las puede debilitar. Además, numerosas fuerzas libias, entre las que destacan las facciones del gran muftí Sheikh Sadik Al-Ghariani y la de Dar Al-Ifta, creen que el gobierno no representa al pueblo libio, sino que ha sido impuesto por las potencias internacionales y regionales tras haberlo planeado en connivencia con los países vecinos. También creen que esto, por un parte, reforzará la intervención extranjera en la gestión del país, sometiendo a la nación a las órdenes y exigencias de los extranjeros, pudiendo por otro lado conducir a la exclusión y eliminación de los islamistas de las esferas de poder e influencia. A todo esto se lo podría calificar como una reproducción del mandato de Muammar Gaddafi sobre Libia.
Luego están también los desafíos económicos, que están entre los más relevantes, puesto que hay informaciones que apuntan a que el fantasma de la bancarrota está planeando sobre las instituciones del estado. Esto es a consecuencia de que la única fuente de ingresos para el país es el sector del petróleo, y el precio del crudo se ha deteriorado a nivel global. También está la cuestión de proyectos importantes de que han visto interrumpidos y que necesitan un tratamiento intensivo, legal y financiero, que puede agotar las reservas financieras del país que se están vaciando día por día.
En añadidura, el gobierno se está enfrentando al desafío de operar en Trípoli ante la oposición expresada por el primer ministro del gobierno de Trípoli, Khalifa Al-Ghweil, el líder del Congreso Nacional Nouri Abusahmain y algunos miembros del Congreso Nacional y las brigadas militares armadas que les apoyan y que están presentes dentro de la capital. Esto quedó expresado claramente en el anuncio a través del cual el gobierno de Trípoli declaró que se disolvería en favor del Gobierno de Acuerdo Nacional, y del que se retractó en menos de 24 horas.
Para finalizar, el desafío más peligroso al que se enfrenta el Gobierno de Acuerdo Nacional encabezado por Al-Sarraj es Daesh, que controla la ciudad costera y rica en petróleo de Sarat (450 kilómetros al este de Trípoli), que también tiene un aeropuerto y puerto marítimo a menos de 300 kilómetros de la costa italiana. Esta ciudad ha atraído a los seguidores de Daesh en Libia, en especial después de su expulsión de la ciudad de Darnah. Mantienen una extraña alianza con los seguidores de Gaddafi en esta ciudad, que fue un bastión de Gaddafi y de su tribu durante su gobierno.
Traducido de Al-Araby Al-Jadeed, 27 de abril de 2016-
A menos que se indique lo contrario en el artículo, este trabajo de Middle East Monitor/Monitor de Oriente está bajo licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Si la(s) imagen(es) lleva(n) nuestro crédito, esta licencia también se aplica a ellos. ¿Qué significa esto? Para otros permisos por favor contáctenos. 
