Los límites de lo que es y no es posible en política cambian continuamente. Nos gusta pensar que, en democracia, los ciudadanos tienen el poder suficiente para participar en el proceso del cambio político; incluso creemos que se trata de una característica única de nuestra sociedad progresista, en la que los políticos escuchan al electorado, y a continuación aprueban leyes y políticas basadas en hechos que persiguen el interés nacional y los derechos humanos. Tal convicción es errónea.
Sin embargo, se trata de una característica clave de nuestra sociedad: la esclavitud, otrora socialmente aceptable y legal, está prohibida universalmente; ya no se toleran la discriminación racial y sexual; la colonización y la ocupación de otros países están prohibidas; la negación del derecho a la autodeterminación de un pueblo se ha convertido en un crimen. Pero los cambios ocurren también en la dirección opuesta, hacia la restricción de las libertades y la limitación de la igualdad y la dignidad humanas. Con frecuencia, estos cambios negativos son mucho más sutiles.
Bajo la guisa de “medidas de austeridad”, ahora son inevitables políticas que hubieran sido impensables hace una década; bajo la guisa de la “seguridad”, las democracias occidentales han adoptado prácticas normalmente asociadas a estados policiales; bajo la guisa de la “guerra contra el terror”, se extienden visiones negativas sobre el islam y los musulmanes, y las victorias políticas se obtienen o se pierden en base del grado de hostilidad demostrado hacia la fe de 1.600 millones de personas.
En la jerga política, este desplazamiento de los límites de las posibilidades políticas es conocido como ventana Overton. Bautizado en honor a Joseph Overton, el concepto se refiere al espectro de ideas y de políticas que el público puede aceptar en relación a una cuestión determinada. También se habla de mover la ventana de discurso hacia lo que es inaceptable en cuanto a un asunto determinado. El punto óptimo que ha de dominar un gobierno exitoso consiste en diseñar políticas que se correspondan con la opinión pública y la actitud dominante.
Se trata de un concepto simple y claro, pero, como cualquier simplificación, pasa por alto elementos clave. El vínculo entre el proceso de elaboración de políticas y la actitud pública es mucho más compleo. Tomemos por ejemplo la guerra de Irak. ¿Puede afirmar alguien que en 2003, a pesar del contexto de la guerra contra el terror post 11-S, la ventana se había movido lo suficiente como para justificar la invasión de un país que no suponía ninguna amenaza para EE.UU. o para el Reino Unido? Irak, de acuerdo con la visión de los expertos y del público, era una amenaza contenida, y, sobre todo, no tenía absolutamente nada que ver con los ataques de Nueva York y Washington.
Las mayores protestas públicas en la historia británica acabaron con cualquier duda de que la invasión de Irak y el derrocamiento de Saddam Hussain fueran considerados aceptables y útiles para el propósito declarado; millones se manifestaron en las capitales europeas. Era un indicador claro de que la ventana no se había movido lo suficiente como para que la gente aceptara el cambio del régimen en Irak. El fracaso de Bush y de Blair a la hora de construir una coalición amplia fue otro indicador de la debilidad de la causa bélica contra Bagdad.
Pero esta muestra masiva de oposición pública no logró su propósito, y el resto es ahora historia. Bush y Blair se convirtieron en parias, por lo menos a los ojos de la gente común. Increíblemente, la campaña para acusar de prevaricación a Blair no ha flaqueado desde su lanzamiento en 2004. Con la publicación del largo tiempo aplazado informe Chilcot en julio, y con el apoyo de un grupo de parlamentarios de varias formaciones en Westminster, existe una cierta posibilidad de que el antiguo primer ministro se enfrente a un tribunal por su papel en la preparación de la invasión de Irak. Aunque se trataría de un acontecimiento bienvenido, no nos acercará a la información de por qué América y Gran Bretaña se vieron envueltas en una guerra agresiva contra un régimen extranjero que no suponía una amenaza para ninguno de los países; de hecho, había sido armado por ambos países.
Independientemente de los méritos del informe Chilcot, no arrojará luz sobre las cuestiones clave. Sin embargo, puede que sea de utilidad para poner fin a esta saga. Podemos prever que, como mínimo, los hallazgos sean muy críticos para con Blair, sobre todo dada la naturaleza de las pruebas proporcionadas por personas del estilo de Lady Eliza Manningham-Buller. La antigua dirigente del M15 (el servicio de seguridad interno de Gran Bretaña) proporcionó uno de los testimonios más devastadores incluidos en el informe. “Nuestra implicación en Irak radicalizó a unos pocos de una generación de gente joven que lo consideró un ataque contra el islam,” declaró, notablemente. Por si no resultaba lo suficientemente incriminatorio, Lady Manningham-Buller añadió: “Fueron EE.UU. y el Reino Unido quienes, al invadir Irak, proporcionaron a Osama Bin Laden la yihad iraquí”. En lo que supone la condena más devastadora a la decisión de ir a la guerra en 2001, añadió: “Las evaluaciones del Comité de Inteligencia Unificado advirtieron a los ministros de que una invasión incrementaría los riesgos para Gran Bretaña. Si las hubieran leído, no les hubiera cabido ninguna duda”. Chilcot deberá tener en cuenta estos comentarios para evitar acusaciones de practicar un lavado de cara al establishment.
Sin embargo, para encontrar respuestas hemos de mirar más allá de Chilcot. Merece la pena mencionar una fuente que resulta poco verosímil: Lorna Fitzsimmons, exparlamentaria laborista y antigua dirigente del BICOM –el Centro de Comunicación e Investigación Británico-Israelí-, que en una conferencia que dio en Israel en 2010 declaró: “La opinión pública no influye la política exterior británica. La política exterior es cuestión de élites”. Pocos se verían sorprendidos por esta admisión.
En tanto que la opinión pública británica está obsesionada con el proceso de toma de decisiones que llevó al derrocamiento de Saddam, la verdadera razón para invadir Irak permanece envuelta en el misterio. Richard Hass, una figura clave en la administración Bush, incluso dijo que se iría a la tumba “sin conocer la respuesta”. Estas demostraciones de ignorancia arrepentida pueden ser un intento de desacreditar los esfuerzos de otros que tienen el coraje de decir lo que las figuras del establishment no se atreven a mencionar.
En lo que se refiere a Irak, yo propongo que el elefante que hay en medio de la habitación es el lobby pro-israelí. Esto lo respaldan los profesores John Mearsheimer y Stephen Walt. Si no fuera por los esfuerzos de este lobby, señalan en su ensayo “El lobby israelí y la política exterior estadounidense”, así como por “un grupo de políticos y comentaristas neo-conservadores”, no se habría producido ninguna invasión de Irak.
Aunque el lobby no fuera el único factor, se trató de un elemento “crítico”, arguyen. “La facción pro-guerra creía que apartar a Saddam mejoraría la posición estratégica de EE.UU. y de Israel… Altos cargos y líderes israelíes apoyaban estos esfuerzos porque ansiaban ver cómo EE.UU. derrocaba a uno de sus principales adversarios regionales –y al hombre que en 1991 había lanzado misiles Scud contra Israel”.
De hecho, la guerra de Irak expuso al completo el poder y la influencia del lobby. Desde entonces, su impacto ha quedado de manifiesto en otras áreas de la política exterior. Un informe publicado recientemente por Spinwatch en relación al lobby pro-israelí y la Unión Europea, demuestra que desde 2005 se ha producido una proliferación masiva de grupos pro-Israel en Europa. Este auge fue una consecuencia de la histórica decisión del Tribunal Internacional de Justicia con respecto al “muro de separación”, que inspiró el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Según los autores, “el crecimiento del lobby coincidió no solamente con el aumento del control de Israel sobre Cisjordania, sino también con el auge del activismo en solidaridad con Palestina”.
Los grupos del lobby, según el informe, no constituyen una serie de instituciones aisladas, sino que forman parte de un grupo “sionista transatlántico y transnacional” más amplio. Incluye incluso algunas organizaciones cristianas sionistas, así como grupos que no apoyan solamente al estado, sino también a las organizaciones extremistas pro-colonos en Israel. Están financiados en gran medida por individuos particulares muy ricos, y por instituciones asentadas en EE.UU. Según el informe, Sheldon Adelson, el multimillonario que respalda a Benjamin Netanyahu, donó 32 millones de dólares a uno solo de los grupos.
Lo más desconcertante es que las donaciones a algunos de estos grupos proceden de las organizaciones más islamófobas, como el Proyecto Clarison, que produjo la película “Obsesión”. Se trata de una película de propaganda que representa “la guerra del islam radical contra Occidente”. Otras fuentes de financiación están conectadas a partidos extremistas de extrema derecha y a movimientos de colonos israelíes. Algunos tienen estrechos lazos con el ejército israelí, y actúan como lobbies a favor del gobierno y de la lucrativa industria armamentística. Muchos de los objetivos declarados de estos grupos contradicen la política oficial de la UE y el consenso internacional más amplio con respecto a la resolución del conflicto palestino-israelí.
Esta legión de grupos de presión también se aseguran de que no corran riesgo los lazos comerciales de Israel con Europa, con un valor de más de 30.000 millones de dólares. Su efectividad quedó de manifiesto cuando la UE adoptó en 2014 un documento político con respecto al cese de la cooperación con empresas asentadas en los asentamientos ilegales israelíes (todos estos asentamientos son ilegales bajo la ley internacional). Aunque era una mera reiteración de la política europea, la embajada europea en Tel Aviv se vio forzada a preparar una página de “preguntas frecuentes” que –sorprendentemente- ofrecía consejos a estas empresas sobre cómo esquivar la normativa.
Este último informe proporciona una buena respuesta a lo que muchos sienten como una parálisis del discurso Palestina-Israel. Desde hace tiempo existe un consenso internacional para la creación de un estado palestino con las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Este como su capital, y una “solución justa para el problema de los refugiados”. A pesar de ello, Europa y EE.UU. no han presionado a Israel. Por el contrario, éste último continúa minando los esfuerzos –hasta el punto de burlarse del presidente de EE.UU.- que tan siquiera sugieren un cese de la construcción de asentamientos.
Las instituciones democráticas son por naturaleza susceptibles a la presión de los lobbies. Sin embargo, eso no quiere decir que los estados individuales y las instituciones como la UE deberían permitir que su política exterior sea dictada por ellos. La única manera de desafiar esta presión es a través de una mayor transparencia; en las sociedades libres, “la luz del sol es el mejor desinfectante”. La gente debería exigir la publicación completa de la financiación de los grupos de presión. Como mínimo, las organizaciones que reciben financiación de individuos y compañías que tratan activamente de minar la política oficial, de violar la ley internacional y de promover el racismo y la violencia no deberían tener acceso a aquellos que están en el poder y cuyas opiniones y decisiones son susceptibles de influencia por parte de los lobbies.
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