Cuando gran parte de la atención sobre Yemen se centra en las conversaciones de paz de Kuwait, parece existir la ilusión de que gran parte del destino y del futuro de Yemen se encuentra ahora en las manos de Kuwait y de los delegados enviados al estado del Golfo. Hasta ahora, no se ha producido ningún progreso tangible, y el proceso se ha visto constantemente interrumpido por la falta de compromiso con los pre-requisitos de las conversaciones, como en el caso del rechazo hutí a aceptar e implementar la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU, o su exigencia de que se respete un acuerdo para el reparto de poder firmado después de que orquestraran su golpe de estado en septiembre de 2014. Los funcionarios del gobierno fueron obligados a firmar este acuerdo en presencia de hombres armados, y el presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi lo rechazó tras escapar a Adén en febrero de 2015.
Aunque las conversaciones de paz se están volviendo cada vez más fútiles y repetitivas debido a la falta de confianza entre los delegados, en Yemen se han producido entretanto una serie de cambios fundamentales para el futuro del país. Hasta ahora se les ha prestado poca atención.
Cuando los hutíes tomaron por la fuerza la capital yemení de Saná en 2014, lo hicieron escudándose en la furia y en la necesidad. Se aprovecharon del hecho de que estaban protestando contra la decisión del gobierno de subir los precios del petróleo, como parte de un intento oportunista de crear la ilusión de ser los guardianes del país y de convertir a Abdulmalek Al-Houthi en el salvador del país. Prometieron poner fin a la corrupción y aseguraron que al hacerse cargo del estado estaban continuando con la revolución popular de 2011.
Desde entonces, sus avances se han basado primariamente en el uso de la fuerza, el desplazamiento de civiles, el saqueo de escuelas, hospitales y organizaciones benéficas locales y regionales. Han colocado minas antipersona y han secuestrado a niños, a intelectuales, a activistas, y a todo aquel que fuera un obstáculo para su misión.
Aunque justificaron sus acciones con la situación económica del país y los problemas económicos de la población, Yemen se encuentra ahora en una crisis financiera aún peor. Según el ministro de exteriores Abdulmalik Al-Mekhlafi, en la actualidad faltan 4.000 millones de dólares del Banco Central. El banco está en Saná, bajo control hutí.
Aunque no nombró sospechosos, es difícil negar que los hutíes han desempeñado un papel en ello, en particular cuando necesitan 25 millones de dólares al mes para financiar la guerra.
Con más de la mitad de la población yemení sufriendo inseguridad alimentaria, y más de un 80% necesitando ayuda de algún tipo, las repercusiones de una desestabilización del Banco Central pueden ser desastrosas. Además, también puede dificultar la reconstrucción post-bélica.
Desde que el gobierno se exilió tras la toma de poder por parte de los hutíes, la tarea de gobernar el país se ha vuelto cada vez más complicada. A consecuencia de ello, hemos comenzado a ser testigos de un aumento del poder y de la autonomía de las autoridades locales. Los gobernadores locales por todo el país se están haciendo cargo del bienestar de sus provincias, y se ven en una situación en la que sus decisiones tienen un impacto mucho mayor que hace dos años, ya que el control por parte del gobierno central comienza a desvanecerse. Esto se puede aplicar especialmente a la ciudad sureña de Adén.
Evidentemente, en tiempos de guerra la unidad nacional se vuelve menos importante, y cualquier sentimiento sectorial preexistente tiende a incrementarse con ese impulso. Muchos de los motivos que explican el consenso del sectarismo meridional datan del periodo del gobierno de Ali Abdulá Saleh, durante el cual marginó a los yemeníes del sur y obligó a sus soldados a jubilarse anticipadamente, pagándoles pensiones inferiores a las de sus compatriotas del norte, si es que llegaban a recibir un pago. Los yemeníes del sur también fueron marginados en las instituciones estatales. Muchos de ellos eran incapaces de obtener ciertas becas, que únicamente podían ser procesadas si el solicitante se personaba en Saná, algo que la mayoría no se podía permitir.
El gobierno de Saleh fue una distopía para Yemen en su conjunto, pero para muchos de los habitantes del sur del país, se trataba de un invasor del norte.
Dada la incapacidad del gobierno actual de garantizar la seguridad de Adén, las autoridades locales han incrementado su influencia, como demuestran la normativa y la prohibición del khat y la expulsión de yemeníes del norte. El futuro de la unidad del país podría dirimirse en cualquiera de las dos direcciones, pero para poder tomar una decisión apropiada, ésta debería darse de forma estratégica, tras el fin del conflicto, y sólo los yemeníes deberían tener la palabra. Las interferencias de cualquier actor extranjero desde cualquiera de los bandos sólo serviría para ahogar de nuevo la voz de los yemeníes, en un momento en que esas voces son vitales para alcanzar la paz a corto plazo y garantizar que a largo plazo no se repitan los errores del pasado.
Puede que las conversaciones de paz en Kuwait sean relevantes, pero no ofrecen una imagen clara de los hechos sobre el terreno en Yemen. Tanto el pasado como el presente yemeníes están saliendo a la superficie de un modo que la actual estructura de las conversaciones de paz no puede solucionar. Por ahora, está claro que el futuro del país no se decidirá en confortables lobbies de hotel y en salas de conferencias en Kuwait, sino que será en Yemen y sobre el terreno.
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