B’Tselem es probablemente el grupo de derechos humanos israelí más influyente que existe. Fue fundado durante la primera intifada palestina, y desde entonces ha estado trabajando para reunir pruebas de violaciones de los derechos humanos de los palestinos en la Cisjordania ocupada y en la Franja de Gaza durante más de 25 años.
Aunque en ocasiones he estado en desacuerdo con su enfoque, no cabe duda de que a lo largo de los años han realizado un trabajo que no tiene precio.
Esta semana se produjo un punto de inflexión en la historia de la organización, que publicó un nuevo informe titulado “La hoja de parra de la ocupación”. En él, B’Tselem anuncia que ya no derivará las denuncias por casos de maltrato al sistema judicial militar israelí de Cisjordania.
En mi opinión, se trata de un paso admirable e importante. Los tribunales militares que gobiernan las vidas de millones de palestinos son totalmente ilegítimos. El sistema está montado de forma que castiga a los palestinos y protege a los soldados israelíes y a los colonos. Entretanto, proporciona el pretexto de que hay una “investigación” en marcha, de cara a las relaciones públicas internacionales.
Cada vez que a los responsables de prensa israelíes se les pregunta por los abusos cometidos por los soldados y por los crímenes de guerra contra civiles palestinos, el mantra es casi siempre el mismo: “Lo estamos investigando”. Pero las acusaciones casi siempre acaban por ser retiradas en silencio años después, cuando la atención mediática está pendiente de otra cosa.
El informe de B’Tselem explica los motivos del grupo para tomar esta radical decisión: “Ya no tiene sentido tratar de hacer justicia y defender los derechos humanos a través de la colaboración con un sistema cuya función real se mide por su capacidad de seguir encubriendo con éxito actos ilegales y de proteger a quienes los perpetran”.
El informe, meticulosamente documentado, constituye una lectura que da que pensar.
Desde finales del año 2000, B’Tselem ha pedido al sistema militar que investigue 739 casos de supuesta conducta criminal por parte de soldados israelíes, entre los que se cuentan asesinatos, malos tratos, palizas, o el empleo de “los palestinos como escudos humanos”.
En el 71% de los casos, las investigaciones o bien se cerraron sin emprender ninguna acción, o bien nunca llegaron a abrirse. El informe aclara que “sólo en casos muy poco frecuentes (15 [es decir, el 3%]) se formularon cargos contra los soldados implicados”.
Según el informe, las pruebas presentadas por Yesh Din, otro grupo de derechos humanos, así como los propios datos de las autoridades israelíes, sugieren unos niveles de impunidad similares.
Durante la segunda intifada, el sistema de la Abogacía General Militar fue reformado, de manera que los asesinatos de palestinos ya no fueran investigados como potencialmente criminales de forma rutinaria. “En 2003, B’Tselem y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), apeló [al tribunal supremo israelí] contra esta modificación de las políticas de investigación,” explica el informe, “argumentando que el nuevo procedimiento permitía a los soldados violar la ley y gozar de una inmunidad casi completa”.
Y así ha sido. B’Tselem ha documentado caso tras caso mostrando que casi siempre las “investigaciones” militares israelíes consistían simplemente en hablar con los soldados acusados, que niegan haber hecho nada malo. Entonces, los investigadores militares toman la palabra a los soldados y cierran el caso.
Esto es lo que ocurrió en el caso del pastor palestino de 66 años Sharif Abu Hayah, que fue golpeado por soldados israelíes mientras cuidaba su rebaño en 2009. B’Tselem exigió una investigación. Los soldados simplemente negaron haberle golpeado y el caso se cerró.
El informe concluye que “el actual sistema de aplicación de la ley militar no permite que se haga justicia” porque “aquellos que dan las órdenes” tienen inmunidad “y no se les pueden exigir responsabilidades por dañar a los palestinos… el sistema de aplicación de la ley militar, en primer lugar, ha sido definido en sentido estricto: sólo investiga incidentes específicos en los que los soldados son sospechosos de haber actuado en contra de las órdenes recibidas de sus superiores. El sistema no investiga las propias órdenes ni la responsabilidad de quienes las emiten o de quienes determinan las políticas a seguir”.
En otras palabras, el sistema de investigación militar cree a pies juntillas que el ejército israelí jamás daría órdenes ilegales. Claramente, ese no es el caso.
Incluso en sus propios términos, muy restringidos, el sistema no se adecúa a su supuesto propósito. “Los investigadores actúan más como estenógrafos que toman un dictado que como personal cuya labor es descubrir la verdad,” dice la sentencia condenatoria.
El sistema militar ha “desarrollado la expectativa de que las organizaciones de derechos humanos, como B’Tselem, actúan como subcontratas del sistema militar de investigación,” dice el informe. “A pesar de que no es tarea de B’Tselem sino responsabilidad del sistema militar, durante los últimos 25 años hemos decidido cumplir con ello por una serie de razones. Una de las razones era que teníamos la esperanza que de esta manera estaríamos ayudando a crear justicia para las víctimas palestinas y estableciendo un mecanismo disuasorio que evitar incidentes similares en el futuro”.
El informe concluye diciendo que la cooperación del grupo de derechos humanos “con los sistemas de investigación y de aplicación de la ley en el seno del ejército no ha logrado proporcionar justicia, sino que en lugar de eso ha prestado legitimidad al régimen de la ocupación y ha ayudado a encubrirlo”.
Por estos motivos, B’Tselem es de loar por haber alcanzado estas decisiones, sin duda difíciles de tomar. B’Tselem ya es algo así como el hombre del saco en la atmósfera popular cada vez más fascista de Israel.
En abril, mi compañero David Sheen fue atacado cuando intentaba filmar a un grupo que gritaba “muerte a los árabes” y que pedía la absolución del soldado israelí que había matado de un tiro a un joven palestino indefenso. La masa le confundió con un cámara de B’Tselem (el asesinato perpetrado por el soldado había sido registrado en vídeo por un cámara palestino de B’Tselem).
Este desarrollo de los acontecimientos podría representar un importante punto de inflexión para la seriedad con que las “investigaciones” israelíes son tomadas por los medios de comunicación internacionales. Quizá, un siguiente paso lógico sería que los abogados boicotearan por completo el sistema de los tribunales militares, algo que los grupos de derechos humanos palestinos e israelíes llevan años debatiendo.
Asa Winstanley es un periodista de investigación que vive en Londres. Es editor asociado de The Electronic Intifada.
A menos que se indique lo contrario en el artículo, este trabajo de Middle East Monitor/Monitor de Oriente está bajo licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Si la(s) imagen(es) lleva(n) nuestro crédito, esta licencia también se aplica a ellos. ¿Qué significa esto? Para otros permisos por favor contáctenos. 
