La batalla legal de una familia palestina por poder permanecer en su propia casa es todo un microcosmos de la discriminación institucional en Israel.
En la década de 1920, Salim Khoury Shaya construyó una gran casa en Jaffa, en la que nacieron y se criaron sus siete hijos. Poco después del establecimiento unilateral del estado de Israel en mayo de 1948, tres de los hermanos viajaron al Líbano y, cuando estalló la guerra, fueron incapaces de volver.
En 1950, tras la aprobación por parte del gobierno israelí de la Ley de Propiedad de los Ausentes –de la que hablaremos más abajo-, los hermanos que estaban en el Líbano fueron declarados “ausentes”, y las autoridades israelíes confiscaron la casa, a pesar del hecho de que el resto de la familia aún vivía allí. Nueve años más tarde, el estado realizó una “concesión”; pero se quedaría con la propiedad del 40% de la casa.
La propiedad es gestionada ahora por Amidar, una agencia pública de vivienda. En 2007, Amidar fue a los tribunales para forzar a la familia Shaya a pagar 471.000 shekels en rentas atrasadas. La agencia estatal también pidió al tribunal que disolviera la concesión, lo que les permitiría vender la casa al mejor postor.
El mes pasado, un tribunal de Tel Aviv decidió que la familia no habría de pagar la suma que se les exige –pero, al mismo tiempo, sentenció que tendrían que comprarle al estado el 40% de la propiedad para poder recuperar la posesión (de su propia casa)-.
Según informaciones, este 40% está valorado en 2 millones de shekels, una cantidad que las familias no pueden pagar. Es por ello que se arriesgan a ser desahuciadas de un hogar que ha pasado de generación en generación desde hace casi un siglo.
En 2009, el abogado que representa a las familias evaluó el caso como sigue: “El estado está tratando de expropiar de forma cínica y agresiva a ciudadanos de casas que fueron construidas antes de la fundación del estado, solamente porque son árabes”. Mary Kusa, parte de la familia afectada, añadió: “No me cabe duda de que si fuéramos judíos el estado no estaría haciendo esto”.
No es un caso aislado. Un informe calculaba hace algunos años que el 40% de la población palestina de Jaffa vive en propiedades poseídas por ausentes –uno de cada cuatro se enfrentan al desahucio (497 hogares)-. En 2007-2008, Amidar emitió por lo menos 400 órdenes de desahucio en el barrio de Ajami, en Jaffa.
Un artículo describía en 2014 cómo, “en años recientes”, las autoridades israelíes han “emitido cientos de órdenes de desahucio a los inquilinos que han violados las condiciones del contrato”. Por ejemplo, “cualquier inquilino que emprendiese renovaciones sin permiso, o que se quedase más allá del periodo de los acuerdos de renta protegida (que expiran tras la tercera generación) fue obligado a marcharse”.
Pero la importancia de este caso va mucho más allá de Jaffa; el marco legislativo por el que se incautó en primer lugar el hogar familiar de los Shaya, y que ahora les obliga a comprar su propia casa o enfrentarse a la expulsión, forma parte del núcleo de lo que ha significado, en la práctica, el establecimiento de un “estado judío” en Palestina.
La Ley de Propiedad de los Ausentes fue una herramienta clave empleada para transferir las tierras de los palestinos, tras la limpieza étnica, al nuevo estado de Israel. Con ella se declaraba que el terreno había sido “abandonado” por su propietario, si este se ausentaba un solo día a partir de noviembre de 1947 –pero los judíos quedaban excluidos de estos términos-.
Al mismo tiempo, la Ley de Retorno y la Ley de Ciudadanía permitían que cualquier judío pudiera emigrar a Israel y recibir la ciudadanía, en tanto que los palestinos expulsados en 1948 –o los que, como los hermanos Shaya, simplemente se encontraban fuera del país en ese momento-, perdieron la nacionalidad y se les impidió regresar.
Todas estas leyes permanecen vigentes, y, como lo demuestra este caso de Jaffa, continúan afectando incluso a aquellos palestinos que se quedaron y que cuentan con la ciudadanía israelí, Por ello, cualquier debate sobre Israel como “estado judío” es incompleto sin referencias a la familia Shaya, y a los que son como ellos; fragmentados, exiliados en parte, y obligados a comprar sus propias casas o a enfrentarse al desahucio, simplemente por ser palestinos.
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