La semana pasada, la joven Mayar Mohamed Musa, de 17 años, y su hermana gemela, fueron ingresadas en una clínica privada, en la provincia egipcia de Suez, para someterse a una intervención que les cambiaría la vida. Mientras se encontraba bajo anestesia, Mayar sufrió un fuerte sangrado y murió. Se estaba sometiendo a una intervención en la que le sería amputada una parte de sus genitales externos –lo que se conoce como mutilación genital femenina-, un procedimiento que no proporciona ningún beneficio médico y sí muchas complicaciones.
Por lo menos 200 millones de niñas y mujeres han experimentado mutilación genital femenina en 30 países repartidos por tres continentes. Puede producir la muerte o complicaciones crónicas tales como menstruaciones anormales, infecciones, falta de deseo sexual y dolor durante la práctica del sexo, infertilidad, problemas al dar a luz y muerte del neonato, así como profundas cicatrices psicológicas.
En 2008, Unicef estimó que el 91% de las mujeres egipcias casadas de entre 15 y 49 años de edad habían sufrido esta mutilación –el 72% a manos de médicos, un dato que desde entonces se ha incrementado en un 10%-. Esta estimación se queda por debajo de la de la Encuesta Demográfica y de Salud del año 2000, que indicaba que el 97% de las mujeres casadas incluidas en el estudio habían experimentado la mutilación. Para poner estos datos en contexto, un representante del FPNU reveló que si la práctica era erradicada en Egipto, esto supondría una reducción de los casos a nivel mundial en una cuarta parte.
Aunque la incidencia de la mutilación genital femenina se suele atribuir a las clases menos educadas y a las comunidades rurales, su continuidad se basa en la complicidad de los profesionales médicos y en la de la policía y los jueces, por ejemplo. Muchos siguen creyendo que el procedimiento es algo positivo, citando argumentos como que ayuda a preservar la “pureza” de las chicas y a prevenir el adulterio. La mutilación genital femenina es transversal a varias religiones, puesto que en Egipto ejecutan el procedimiento tanto la comunidad islámica como la cristiana. Aparte de su significado cultural, se trata de una práctica profundamente arraigada en el control patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres que existe en todas las sociedades del mundo.
Aunque la mutilación genital femenina es ilegal en Egipto desde 2008, y en 2015 se lanzó una estrategia nacional para eliminarla, la debilidad de la legislación y la falta de aplicación significan que todavía existe un largo camino por recorrer antes de que el estado ponga coto a la práctica de forma efectiva.
“Claro que es importante tener la legislación, creo que es esencial. Sin embargo, la legislación actual es bastante débil, y hace falta reformarla,” manifestó May El Sallab, coordinadora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) para la mutilación genital femenina. “En la actualidad se considera delito, y debería convertirse en crimen, por ejemplo”. También hizo referencia a la complejidad de la ley, que implica que sólo es probable que el caso llegue a los tribunales si una chica muere.
Esto lo ejemplifica a la perfección el caso del Dr. Raslan Fadl, el primer médico acusado por practicar la mutilación genital femenina, después de que la joven Shuair al-Bata’a, de 13 años de edad, muriera a su cargo. Los activistas saludaron el año pasado la sentencia . Pero, a pesar de haber sido condenado a dos años de cárcel por homicidio y a tres meses adicionales por practicar la intervención, el Dr. Fadl aún no ha sido detenido.
Suad Abu-Dayyeh, consultora para Oriente Medio y el Norte de África de Equality Now, una organización que ha estado siguiendo los procedimientos, describió el alivio cuando se formuló la acusación y se revocó el permiso para ejercer del doctor, pero también la decepción que siguió. “Me encontraba en el Cairo y nos reunimos con el jefe de policía, que prometió detenerle, y hasta ahora no ha sido detenido, así que estamos algo decepcionados con el rendimiento del gobierno egipcio”. Abu-Dayyeh cree que es posible que el médico siga practicando la intervención en privado.
Pregunté por qué el Dr. Fadl permanece libre. “Creo que es muy influyente en su región. Es médico, es imán en las mezquitas y proporciona medicación a la gente pobre… es muy conocido… así que creo que a la policía le da miedo detenerle”. Añadió: “Habría que aplicar la ley, y ése es nuestro objetivo en Equality Now, tener una buena ley, y también aplicar esa ley”.
Si llegaron a formularse cargos fue gracias al trabajo de Equality Now, parte de una campaña de presión junto con la abogada egipcia Reda el-Danbouki y el Consejo Nacional de Población, un ente público. El caso había sido cerrado inicialmente después de que un informe médico oficial afirmara que Sohair murió por una reacción a la penicilina que le había sido suministrada para tratar unas verrugas genitales.
Esto es parecido al caso de Mayar: el resultado inicial de la autopsia cita un coágulo sanguíneo como posible causa de la muerte; su madre, enfermera en ese mismo hospital, afirmó que murió durante una operación por otra dolencia que no guardaba relación. El incidente únicamente fue descubierto por un inspector que fue asignado a comprobar la causa de la muerte de la chica y continuó investigando. Abu-Dayyeh dice que muchos casos como éste pasan desapercibidos, porque los inspectores sencillamente sellan los certificados de defunción en los que dice que la chica murió de otra cosa, y luego es enterrada.
Aunque a nivel gubernamental y local hay intentos de erradicar la práctica, la falta de coordinación y de un enfoque a nivel nacional obstaculiza la solución del problema. El FPNU recomienda incluir la mutilación genital femenina en el material lectivo de los estudiantes de medicina, y ampliar el control sobre las clínicas privadas, en tanto que Equality Now subraya la necesidad de implicar a las fuerzas locales y unir a las organizaciones de base. En resumen, todavía queda mucho por hacer.
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