El próximo referéndum sobre si Gran Bretaña debería permanecer o dejar la Unión Europea (UE) constituye sin lugar a dudas uno de los momentos políticos que definirán a esta generación. A menos de dos semanas de esta histórica cita con las urnas, sin embargo, el nivel del debate no se corresponde con la ocasión. En lugar de ello, se ha visto ensombrecido con amargas disputas personales y rivalidades. El resultado es que las cuestiones que deberían estar en el centro del debate son discutidas, en el mejor de los casos, de forma superficial y, en el peor, ignoradas por completo.
Uno de los principales argumentos de la campaña ‘Vote Leave’ –Sí al Bréxit- es que la pertenencia a la UE es un despilfarro de dinero público. Los dirigentes de la campaña pro-Bréxit como Boris Johnson y Michael Glove aseguran que Inglaterra envía cerca de 50 millones de libras al día a Bruselas. Un poster que lleva el autobús de la campaña por el Bréxit resume así la queja: “Enviamos a la UE 350 millones de libras a la semana, financiemos con ellos el Servicio Nacional de Salud (NHS)”.
A primera vista, los datos parecen convincentes. Sin embargo, el máximo responsable de la Autoridad Estadística de Reino Unido, Sir Andrew Dilnott, ha advertido de que no sólo son sospechosos sino también “potencialmente conducentes al error”. Si hubieran sido inflados, como argumenta la facción por la permanencia, no sería la primera vez que los políticos han “aliñado” datos para forzar a la nación a adoptar una determinada posición. En 2003 lo hizo el gobierno de Tony Blair, de forma escandalosa, con un dosier de inteligencia para hacer campaña por la guerra de Irak, afirmando que Saddam Hussein tenía la capacidad de emplear armas de destrucción masiva a los 45 minutos de haber dado la orden.
En la misma medida en que quienes hacen campaña no dudan en emplear la desinformación para influir en la opinión pública, tampoco les interesa hablar de asuntos que están fuera de sus zonas de confort. La destrucción por parte de Israel de proyectos financiados por la UE en Palestina es un ejemplo. ¿Por qué, es justo preguntar, deberían los contribuyentes británicos financiar a la UE si ésta no es capaz de salvaguardar sus propios proyectos de ayuda humanitaria? ¿Y por qué Glove y Johnson no subrayan este ejemplo concreto de despilfarro europeo? Por supuesto, ambos son pro-israelíes, e incapaces de criticar al estado sionista.
Un informe publicado esta semana por el Monitor Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos reveló que desde la decisión de la UE en 2015 de etiquetar los productos procedentes de los asentamientos ilegales israelíes, las fuerzas de seguridad israelíes han incrementado de forma dramática la demolición y confiscación de proyectos financiados por la UE en la Palestina ocupada. Según la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados (UN OCHA), tan sólo durante los primeros tres meses de 2016 tuvieron lugar 120 demoliciones de edificios financiados por la UE.
El informe de Euro-Me –“Ayuda Despilfarrada”- calcula que entre 2001 y 2016 la UE ha perdido unos 58 millones de euros como resultado de la destrucción y los daños a la propiedad infligidos por Israel. Algunos argumentarán que esta cifra es demasiado pequeña para merecer un lugar en el debate del referéndum, en tanto que puede causar tensiones diplomáticas con un aliado especial.
Lo que está en juego aquí, en cambio, es mucho más que dinero. Es el principio de la diligencia debida en el empleo de los fondos europeos y la responsabilidad por lo que ocurre con ellos. Por desgracia, ni la UE, ni la campaña por la permanencia ni los defensores del Bréxit están preparados para debatir sobre el asunto porque les da demasiada vergüenza.
El hecho es que todos contemplan a Israel como excepción; lo ven como a un miembro de su exclusivo club. El antiguo jefe de política exterior europea, Javier Solana, se regodeó en 2009 de que Israel es miembro de la Unión Europea sin ser miembro de las instituciones; de que es “miembro de todos los programas europeos, incluidos los programas de investigación y tecnología”.
Aunque sea solo en principio, seguro que la pertenencia a la UE no viene con un permiso para que un estado actúe con impunidad o cometa graves violaciones de la ley internacional. La destrucción arbitraria e indiscriminada de hogares y vidas palestinos está dentro de esta categoría. Es inexcusable e inaceptable y sienta un precedente preocupante y peligroso. Si uno de los miembros del club –en este caso, Israel- puede irse de rositas “despilfarrando” fondos europeos, ¿quién o qué va a impedir que otros miembros hagan lo mismo en el futuro?
Tal y como está la cosa, ninguna de las facciones contrapuestas en la cuestión de la pertenencia a la UE cuenta con la superioridad moral, puesto que no tienen ni el coraje ni la audacia de salir de sus zonas de confort. En tanto que los pro-Bréxit han centrado gran parte de su campaña en la “amenaza” de la inmigración ilimitada, la campaña pro-UE ha elegido destacar los beneficios económicos de la permanencia en la Unión.
La narrativa de ambas facciones sólo proporciona la mitad de la historia. El hecho es que gran cantidad de fondos europeos adquiridos de contribuyentes que trabajan duro están siendo derrochados a sabiendas y, por lo que parece, voluntariamente, con el fin de aliviar por una parte la conciencia europea sin irritar a Israel, por la otra. Si a los líderes de la campaña pro-Bréxit les da miedo desafiar a Israel por la destrucción de proyectos financiados por la UE en Palestina, ¿por qué esperan poder actuar mejor ante retos similares en otro lugar, ya sea como miembros de la Unión o no? Francamente, no existe ningún tipo de esperanza. La actitud hacia la caprichosa destrucción israelí es tanto vergonzosa como peligrosa, independientemente de lo que voten los británicos el 23 de junio.
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