Si echamos la vista atrás y contemplamos los orígenes de las Naciones Unidas, veremos que los brotes de la ley internacional surgieron de las cenizas de la 2º Guerra Mundial y de los Juicios de Nuremberg en 1945. Una organización que se define a sí misma a través de sus selectos y poco numerosos objetivos, que incluyen el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales, el desarrollo de relaciones entre países y el refuerzo de la cooperación para solventar problemas internacionales económicos, sociales, culturales o humanitarios, sin duda alguna ha establecido unas metas elevadas en términos de vigilar la política global. Si de verdad se limitase a operar en virtud de su elocuentemente redactada Carta, dudo mucho de que ahora nos encontrásemos con el caos que engulle en la actualidad a muchos países.
Por desgracia, se ha convertido en una tendencia innegable que la ONU sea empleada con frecuencia como herramienta de las potencias occidentales, en lugar de como organismo de vigilancia independiente. Occidente emplea con agrado la fuerza de la ONU y del Consejo de Seguridad cuando una guerra requiere legitimidad moral, pero está preparado para ignorar o esquivar al organismo internacional cuando los votos no le convienen.
A los líderes les gusta situarse en un elevado plano moral cuando hablan de derechos humanos y de cómo, cuando la ONU toma una decisión, debe adherirse a los deseos de la comunidad internacional; sin embargo, se ha vuelto cada vez más evidente que estas decisiones sólo se refieren a determinados países, en tanto que otros están exentos de ellas. Israel es la prueba, como también lo es la reciente decisión de la ONU de nominar a Israel para que presida su comité legal.
Israel ha transgredido más resoluciones de la ONU que ningún otro país en la historia de la ONU. Esto queda de manifiesto a través de la lista de las 80 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que son explícitamente críticas con Israel debido a infracciones a las resoluciones del Consejo, a la Carta de la ONU, a las convenciones de Ginebra, a la legalidad internacional y a las normativas internacionales de terrorismo. El hecho de que Danny Danon vaya a representar a Israel como dirigente de un comité que vigila la legalidad internacional es casi demasiado irónico para ser posible. Colocar a un país que viola de forma cotidiana la legalidad internacional al frente de un comité global que vigila el respeto a la legalidad internacional es como colocar a un hombre que habitualmente golpea a su mujer al frente de un comité contra la violencia doméstica –tal elección carece de cualquier lógica-.
Según el profesor Francis A. Boyle, que enseña derecho internacional en la Universidad de Chicago y el abogado defensor en el Tribunal de Justicia Internacional, Israel no sólo es culpable de violar la legalidad internacional, sino que también es responsable de “crímenes contra la humanidad”. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU llegó a la misma conclusión.
Si cabía alguna duda en cuanto a la eficiencia y al valor de las Naciones Unidas, el nuevo nombramiento ha acabado de liquidarla. Los dobles raseros y la hipocresía detrás de tal decisión son irrefutables, y es poco lo que la ONU puede hacer aún para salvar la poca autoridad que pueda quedarle. Nombrar a un país como Israel, líder en terrorismo internacional, para un cargo de poder, es un clavo en el ataúd de la credibilidad de la ONU.
Dr Aayesha J Soni trabaja como médico en Sudáfrica; también es vicepresidenta de la Red de Supervisión de Medios, un grupo por los derechos humanos y la justicia con sede en Johannesburgo.
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