La estrategia de "guerra jurídica" de Israel ha golpeado las rocas una vez más. Esta estrategia consiste en la utilización de los tribunales y espureas acciones judiciales en todo el mundo para atacar y sabotear la lucha de los activistas de solidaridad con Palestina
A diferencia del lobby de Israel, los activistas pro-palestina por lo general tienen pocos recursos económicos al servicio de su causa. La principal herramienta de lucha son los propios integrantes del movimiento y su convencimiento de estar del lado de la justicia.
Aunque esta estrategia conocida como “guerra jurídica” no ha tenido mucho éxito la posibilidad de que la lucha por la causa palestina se inturrumpa a causa de pleitos judiciales es desalentadora.
El último golpe en Europa fue en 2013, cuando Israel acusó a la Universidad y la Unión de Facultades de “antiseministo institucional” por adherirse al movimiento de boicot, afortunadamente, el juez del tribunal desestimó la causa.
Y ahora, de nuevo, esta táctica falaz del gobierno israelí a sufrido otro nuevo golpe en el Reino Unido; el pasdo martes, el alto tribunal falló en contra de un caso presentado por un grupo de abogados anti-palestinos contra tres ayuntamientos los cuales habían realizado propuestas apoyando el movimiento del boicot, desinversión y sanciones (BDS).
Este caso ha sido el primero en citar la llamada "prohibición de boicot" del Gobierno, que se lanzó en una conferencia de prensa en Jerusalén en febrero.
A pesar de ser difundido en los medios como una "prohibición", una lectura más atenta de la misiva publicada por el gobierno muestra que no existía una legislación realmente nueva y, en palabras de War on Want, "la prohibición de boicot en realidad no prohibe todos los boicots ".
Los defensores argumentaron que el texto sigue permitiendo en realidad a los órganos del gobierno local considerar las políticas éticas de adquisiciones. Cualquier nueva ley que impusiera esto probablemente se encontraría expuesta a acciones legales por razones de libertad de expresión.
La sentencia del Tribunal Supremo el martes declaró que el caso no tenía sustento y sería descartado. Los jueces también dijeron que "la crítica a Israel no es vista por todos los judios en este país como un ataque a su comunidad, o, al menos, no es necesariamente así." Hicieron hincapié en que "el tribunal debe estar vigilante para proteger el derecho a la libertad de expresión ".
Los consejos pasaron sus propuestas de BDS durante meses, y en un caso, años antes de la promulgación de la "prohibición de BDS". Pero los abogados que llevaron su caso a los tribunales en octubre decidieron añadir la mención de la misiva política, citando un fragmento de su texto para añadir peso a su argumento - o al menos eso pensaban.
El alto tribunal desestimó el caso sin tenerlo en cuenta. Y ahora tenemos el precedente de que la "prohibición" no es ninguna prohibición en absoluto. Se podría decir que el movimiento pro-palestino no está fuera de peligro todavía, ya que la legalidad de la misiva no fue desafiada directamente, pero sin duda es una buena señal que el primer caso en citarla a su favor haya fracasado.
Este caso fue presentado por una organización que se hace llamar "Jewish Human Rights Watch" (Observadores de los derechos humanos judíos). Todos los proveedores de fondos del grupo son desconocidos, pero tiene claramente suficiente suministro de dinero en efectivo como para combatir en caros lpleitos todo el camino hasta la Suprema Corte, y según se informa ahora, hasta de apelar la decisión. También parece tener un presupuesto publicitario. Como descubrió Ben White: "El pasado octubre, JHRW respondió a la publicación de un anuncio de página completa en The Guardian apoyando a un boicot académico a Israel. Está claro que hay fondos disponibles a corto plazo ".
Es conocido que Israel está financiando muchos de estos casos. El mismo Shurat HaDin afirma ser un "centro legal" que lucha valientemente en casos de "derechos civiles" contra los terroristas en tribunales de todo el mundo. Pero, en realidad, esto está estrechamente vinculado a la agencia Mossad de espionaje y asesinato, la cual decide y propone los casos que se llevarán adelante. La mayor parte de sus esfuerzos se invierten en el ataque a las agrupaciones palestinas y pro-palestinas.
A pesar de que sigue siendo importante ser prudente, y lo intentarán de nuevo, es alentador que estos intentos deshonestos para poner freno a boicots y aplastar la libertad de expresión mediante la amenaza de pleitos costosos han fracasado. Se muestra que todavía hay razones para ser optimistas y que el éxito es posible.
Asa Winstanley es un periodista de investigación que vive en Londres y editor asociado con The Electronic Intifada.
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