Gran Bretaña tomó parte en la guerra de Iraq de 2003 sobre la base de una inteligencia defectuosa y antes de que se hubieran agotado los medios pacíficos para desarmar al régimen de Saddam Hussein, que resultó no poseer dichas armas.
La investigación realizada por John Chilcot, un juez retirado, dijo que la intervención de Gran Bretaña había ido muy "mal" y que el gobierno de Reino Unido había fallado en conseguir los objetivos que se había fijado para sí mismo.
Al anunciar los resultados de su investigación de siete años en el centro de Londres el miércoles por la mañana, Chilcot dijo que no estaba expresando una opinión sobre la legalidad de la ocupación e intervención militar en Iraq, pero añadió “ hemos llegado a la conclusión de que la base legal que justificaba la invasión a Iraq estaba lejos de ser satisfactoria y convincente”.