El último ataque terrorista en Egipto ha dejado a un policía muerto después de ser abatido por un terrorista de Daesh en la localidad de Al-Arish, en el norte del Sinaí, la tarde del domingo. La amenaza del terrorismo no sólo está costando vidas, sino que ha hecho mella en lo que antaño fue una próspera industria turística. La economía, la seguridad y la sociedad civil del país están sufriendo actualmente viendo como Egipto se sume hacia el caos.
Las autoridades no han sido pasivas en el trato con el creciente terrorismo, y sus medidas antiterroristas han sido contraproducentes y han ido en detrimento de los derechos humanos básicos. A finales de noviembre de 2014, un nuevo proyecto de ley anti-terrorista limitaba las libertades básicas en nombre de la seguridad nacional. En el texto de la ley, los términos se definen vagamente, dando margen de maniobra al gobierno y a los servicios de inteligencia para perseguir a quienes quieran a su antojo.
El proyecto define entidad terrorista como "cualquier grupo que perturbe el orden público o ponga en peligro la seguridad o los intereses de la sociedad, cause daños o asuste a las personas y amenace sus vidas, libertades, derechos y seguridad o dañe la unidad nacional". El proyecto de ley dio el derecho a las autoridades egipcias para disolver cualquier grupo que pueda ser percibido como una amenaza a la seguridad nacional, incluso si no muestra signos de disidencia violenta. Los partidarios del proyecto señalaron que protege la libertad de expresión en el artículo 65, aunque hasta ahora hemos visto que, en la práctica, permitió la criminalización de opositores políticos.
Los medios de comunicación también son censurados. Los editores de periódicos públicos deben ser autorizados por el gobierno y las noticias se controlan con paranoia. Un estudio realizado por el Comité de Protección de Periodistas mostró que en 2015, Egipto fue el país con la segunda mayor cantidad de periodistas presos, por lo que se sitúa entre los países más peligrosos para los periodistas en todo el mundo.
No sólo se ataca las libertades de los medios de comunicación, también se están limitando los derechos de las personas a la privacidad. El año pasado se descubrió que el gobierno egipcio ha comprado certificados digitales falsos a diversos sistemas de comunicación de Oriente Medio con el fin de piratear cuentas en redes sociales de activistas.
A pesar de estas leyes, el terrorismo sigue estando muy presente y estas campañas han hecho poco para detenerlo. Sin embargo, los principales afectados han sido civiles: periodistas, activistas, académicos y personas que expresan sus opiniones contra el gobierno.
El terrorismo en Egipto se concentra principalmente en la región del Sinaí. Durante décadas, la población beduina de esta área ha quedado fuera de los planes de desarrollo económico. El centro y norte del Sinaí ha sufrido importantes niveles de maltrato como consecuencia de la indiferencia de Hosni Mubarak por el bienestar de sus habitantes después de que los egipcios se hiciesen con el control de la península en 1981.
Durante décadas, la península ha estado distanciada del resto del país social, política y económicamente, esto hizo que comenzase a organizarse una insurgencia de bajo nivel en venganza por las condiciones que les fueron impuestas. En lugar de tomar medidas para aliviar la disidencia en el Sinaí, el gobierno procedió a lanzar una ofensiva militar, desplazando civiles y perpetuando la brecha entre el Sinaí y El Cairo. La población local se convirtió en objeto de radicalización, que hizo más fácil para los grupos terroristas ya existentes reclutar beduinos. Para contrarrestar el crecimiento del terrorismo, la operación militar en el Sinaí, simplemente se hizo más violenta, creando un círculo vicioso de violencia, desconfianza y venganza. No hay ningún interés por parte del gobierno de facto de entender la razón detrás de la radicalización, por ahora, el gobierno está siguiendo una política ofensiva, esperando que la ideología extremista de alguna manera vaya a desaparecer en el proceso.
En las zonas urbanas, el proyecto de lucha contra el terrorismo en Egipto se dirige a la sociedad civil, atacando la libertad de expresión y de culto, y ha llegado a un nivel en el que las políticas están influenciados por esta paranoia en la que se asfixian los ciudadanos medios. En la misma península, no sólo no se está abordando la raíz del crecimiento de Daesh, sino que la operación militar permite que Daesh crezca aún más.
Para contrarrestar la amenaza terrorista de manera coherente, el gobierno egipcio debe admitir a los errores del pasado y del presente que dieron lugar al surgimiento del extremismo y el terrorismo. La relación actual entre la sociedad y el gobierno militar es de puro autoritarismo, en el que los funcionarios y los medios de comunicación pro-Sisi se visten de gobierno que encarna sentimientos paternalistas en sus dominios. La ofensiva militar en el Sinaí no está funcionando y tampoco funciona el ataque a las libertades civiles. Los puentes de diálogo deben ser reconstruidos. Esto sólo puede hacerse a través de un diálogo nacional democrático. Sólo entonces se puede unir a la sociedad y hacer frente a la amenaza del terrorismo de manera coherente e integral.
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