Escrito por Maren Mantovani y Ángel Alonso
“Es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté en nuestras manos para apoyar la justicia en Palestina”. Con estas sencillas palabras, Jesús Manuel Sánchez Antuña, el alcalde de Langreo, ha reafirmado la solidaridad de este pequeño pueblo asturiano, en el norte de España. Le hemos visitado para agradecer al ayuntamiento su decisión de declarar al municipio “libre de apartheid israelí” y no hacer contratos con empresas que estén involucradas en las violaciones de Israel contra los derechos humanos y la legalidad internacional en Palestina.
Al menos 60 ayuntamientos y gobiernos regionales en todo el Estado español han aprobado mociones similares en los últimos dos años. Recientemente, la ciudad de Cádiz, capital de la provincia homónima, y ochos municipios gaditanos se han unido a este movimiento. A finales de julio, el pueblo de Santa Eulária, en la isla de Ibiza, uno de los destinos turísticos más populares de las islas Baleares, ha optado por liberarse a sí mismo del apartheid israelí aprobando esta moción solidaria. Otros lugares mundialmente famosos de España, como la isla de Gran Canaria, Córdoba, Sevilla, Santiago de Compostela o Gijón, son hoy destinos que ofrecen la posibilidad de unas inolvidables vacaciones libres de apartheid israelí.
La ola de apoyo a los derechos del pueblo palestino entre las ciudades españolas se basa en la campaña para construir una red de “Zonas Libres de Apartheid Israelí” lanzada en 2014 por RESCOP (la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina en el Estado Español) "para conmemorar el décimo aniversario del dictamen de 2004 de la Corte de Justicia Internacional contra el muro del apartheid en Cisjordania. Las “Zonas Libres de Apartheid Israelí” se enmarcan en el contexto de la campaña internacional “Boicot, Desinversiones y Sanciones” (BDS) y “apoya la creación, en nuestros barrios, pueblos y ciudades, de una red de espacios públicos de ámbito comercial, cultural, político, deportivo o académico que rechazan colaborar, tanto activa como pasivamente, con el sistema colonial y de apartheid israelí”. La campaña anima a crear “islas de conciencia política para consolidar una red de Zonas Libres de Apartheid Israelí en las diferentes partes de España”.
En Gijón (Asturias), por ejemplo, uno puede caminar por tiendas, librerías, restaurantes, bares y cafeterías en cuya entrada figura un logo indicando que se trata de un espacio “libre de apartheid israelí”. Residentes y visitantes puede ir de comprar o relacionarse con sus amigos en entornos que garantizan que no se venden ni productos israelíes ni aquellos de compañías contra las que se haya dirigido la campaña BDS. Se trata de espacios en los que ni la propaganda israelí ni su campaña de lavado de imagen son aceptadas.
Desde 2015, más y más ayuntamientos del Estado español se están adhiriendo a la campaña para declararse libres de apartheid israelí. Los consistorios municipales han aprobado mociones para garantizar que el dinero de los contribuyentes no se gasta en contratar con compañías y productos que sean cómplices de las violaciones de derechos humanos en Palestina, y las instituciones locales y regionales no promueven las relaciones con las instituciones israelíes que legitimen o apoyen las políticas ilegales de Israel contra el pueblo palestino. Esto supone la adaptación de los procesos de contratación para reflejar esta posición así como la declaración de “persona non grata” al embajador israelí en España. Además, se promueve el uso del logo de las “Zonas Libres de Apartheid Israelí” y el apoyo con las iniciativas solidarias que llegan desde la sociedad civil palestina.
Como explica la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos en Andalucía:
La campaña de “Zonas Libres de Apartheid Israelí” es una propuesta positiva que permite a los ciudadanos tener una política de consumo consciente, responsable y clara, que no significa boicotear empresas locales concretas sino aquéllas que han fabricado sus productos en un contexto de violación de los derechos humanos. Esta medida, que de hecho beneficia al pequeño comercio local, busca informar a los vendedores y consumidores sobre las condiciones de producción y elevar el nivel de conciencia sobre la situación de la población palestina expulsada de su propio territorio y que vive bajo un régimen de apartheid en su propio país.
Durante décadas, numerosos estados, organizaciones de todo tipo, y los diferentes organismos de la ONU han condenado las políticas de Israel y subrayado la urgencia de que Israel detenga, prevenga y compense a las víctimas por sus continuas violaciones de la legalidad internacional.
De hecho, las acciones emprendidas por las administraciones locales y regionales “libres de apartheid” son simplemente el cumplimiento de las obligaciones de los actores estatales. Las autoridades locales y demás esferas gubernamentales tienen la obligación legal de no brindar reconocimiento, ni comerciar ni cooperar con cualquier entidad que esté participando en vulneraciones de los principios básicos de la legalidad internacional. Estas obligaciones han de ejecutarse por las propias administraciones, sin necesidad de ningún cambio legislativo ni aprobación de nuevas normativas, sino simplemente la oportunidad, la capacidad y la voluntad política de ponerlas en marcha. La inacción de los gobiernos centrales no impide a otras administraciones de menor rango llevar a cabo estas obligaciones legales del Estado. Basándose en esta perspectiva, en Diciembre de 2014, la Conferencia Internacional de Gobiernos Locales y Organizaciones de la Sociedad Civil en Apoyo del Pueblo Palestino organizada por las Naciones Unidas y una serie de administraciones locales europeas en Sevilla (España) llamó en su declaración final (la conocida como Declaración del Olivo, accesible aquí: www.un.org/depts/dpa/qpal/docs/2014Seville/olivedeclaration.pdf ) a que los gobiernos locales “pongan en práctica medidas para la inversión responsable, absteniéndose de realizar contratos o hermanarse con ciudades que apoyen o se beneficien de la ocupación o estén implicadas en casos de violaciones de derechos humanos y de la ley internacional”.
Resulta, pues, lamentable, la reacción del lobby pro israelí ante el crecimiento de este tipo de acciones y declaraciones oficiales. Después de que los partidarios de las políticas de apartheid israelí perdieran los procesos democráticos en muchos ayuntamientos, éstos vienen usando una ONG de reciente creación para dar apoyo legal a los procesos contra estos consejos locales. Así, han iniciado proceso legales en los juzgados provinciales para prohibir a los gobiernos municipales introducir el criterio de derechos humanos en los procesos de contratación pública, argumentando que esto constituye una “discriminación”.
Esta lógica favorece la impunidad no solo de todas las compañías e instituciones cómplices de los crímenes de Israel y de sus políticas ilegales, sino que podría, si triunfa, promover la completa impunidad de cualquier empresa implicada en casos de violación de derechos humanos. Los ciudadanos, los movimientos de justicia social y los legisladores se verían así desposeídos de la posibilidad de definir incluso las más básicas líneas rojas sobre cómo debe ser gastado su dinero.
No resulta sorprendente que los esfuerzos de los sectores proisraelíes se alineen una vez más con los intereses corporativos y muestren su actitud antidemocrática. La ocupación, el colonialismo y el apartheid israelíes se sostienen exactamente porque deniegan sus derechos a un pueblo entero y asegura que las grandes corporaciones puedan sacar provecho del expansionismo y la represión del pueblo palestino.
Es por tanto una prioridad para todos nosotros que defendamos nuestra democracia local, los principios de la legalidad internacional y los valores de los derechos humanos. Así que, mientras comienzas tu propia campaña para liberar a tu ciudad del apartheid israelí, ven y disfruta de tus vacaciones en las ciudades, bares y restaurantes libres de apartheid israelí en España.
Maren Mantovani es coordinador de relaciones internacionales de la campaña palestina “Stop the Wall” (“Paremos el muro”). Ángel Alonso es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, organización participante de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina en el Estado Español (RESCOP).
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