La policía israelí cerró negocios de propiedad palestina en la ocupada Jerusalén Este después de un ataque con arma punzante a pesar de no tener una orden u otra autorización legal, han reclamado dos grupos de derechos legales.
Adalah - Centro Legal para los Derechos de las Minorías árabes en Israel y el Centro de Asistencia Jurídica y Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC) han instado a las autoridades israelíes "a detener la ulterior aplicación de las vengativas políticas de castigo colectivo forzando el cierre de las empresas de propiedad árabe en Jerusalén Este".
La carta, enviada el 22 de septiembre al Ministro de Seguridad Pública Gilad Erdan, al Comisionado de Policía de Israel Roni Alsheikh y al fiscal general israelí Avichai Mandelblit, se produjo en respuesta a los acontecimientos del 19 de septiembre, cuando, después de un ataque con arma punzante cercano, la policía israelí "ordenó el cierre de empresas árabes en las calles Sultán Suleiman y Salah Al-Din en la zona Musrara, amenazando con multas monetarias a los propietarios de negocios que se negaban ".
El Procurador Adalah Sawsan Zaher y el Fiscal de JLAC Mohammed Abu Sneineh escribieron: "Esta es una política con motivaciones ulteriores destinados a tomar venganza en forma colectiva y castigar a los residentes y propietarios de negocios locales."
"El hecho de que sólo los propietarios árabes fueron obligados a cerrar sus establecimientos, a pesar de que tales incidentes [de armas punzantes] también tienen lugar en zonas y comunidades judías y esta política no se aplica allí, aumenta la sospecha de la aplicación discriminatoria de fondo nacional/étnico."
La carta también señaló que el cierre forzoso de las empresas "se llevó a cabo sin ningún tipo de autoridad legítima y en contravención a las leyes internacionales relevantes para el área en cuestión." Adalah y JLAC han instado a las autoridades a "abstenerse de todo uso futuro de esta política de vengativo castigo colectivo."
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