El oficial del ejército asignado para investigar los crímenes de guerra saudíes en Yemen jugó un papel clave en la represión de 2011 contra los manifestantes de la Primavera Árabe en Bahrein. En la estela del inicio del levantamiento de 2011, el abogado militar de Bahrein, el coronel Mansour Al-Mansour presidió la Corte de Primera Instancia de Seguridad Nacional, el tribunal lo escogió para procesar el enjuiciamiento de cientos de manifestantes pacíficos después de que tomaran las calles pidiendo una reforma urgente en la pequeña monarquía del Golfo.
Al-Mansour actúa ahora como asesor jurídico de la Jiat, el cuerpo de establecimiento de la coalición de Arabia Saudí llevado a investigar bombardeos contra objetivos civiles. Él está jugando un papel fundamental para evaluar las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar.
Entre las convicciones notorias de Al-Mansour están las denominadas "Trece de Bahrein", un grupo de activistas, periodistas y políticos que alegaron torturas, asalto sexual y palizas durante su detención. Varios observadores de derechos humanos extranjeros denunciarion su juicio, la conducta del cual atrajo fuertes críticas por parte de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El líder religioso Mirza al-Mahroos, que fue condenado por Al-Mansour a quince años de prisión, dijo que era "incapaz de salir adelante debido a la gravedad de lo que me había pasado". Esta era una referencia a la tortura diaria y las palizas durante su detención preventiva. "No podía mirar a los jueces a causa de los golpes en mis ojos", recordó.
Según Sayed Ahmed Alwadaei, el director de Defensa en el Instituto de Bahrein por los Derechos y la Democracia, los manifestantes fueron condenados en forma de venganza en nombre del régimen de Bahrein. "En lugar de ser considerado responsable", dijo a MEMO, "Al-Mansour ha sido ascendido para encubrir la crisis humanitaria en Yemen. Su historia es un claro indicador del descenso de Bahrein y el Golfo aún más hacia la dictadura y el autoritarismo".
Otros condenados por Al-Mansour incluyen a Abdulhadi Al-Khawaja, activista de derechos humanos y co-fundador del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos, así como el académico y escritor Abduljalil Al-Singace, que fue detenido inicialmente durante su regreso de Gran Bretaña, donde asistió a un evento en la Cámara de los Lores en el parlamento en agosto de 2010. Al-Singace fue detenido durante seis meses antes de ser liberad, volvió a ser detenido, y luego condenado por al-Mansour a cadena perpetua.
Al-Mansour tiene ya en su poder a expertos en derecho humanitario y asistió a las sesiones de entrenamiento de la Media Luna Roja de Bahrein y el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como el asesoraramiento al Consejo de la Shura de su país en marzo, sobre la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales. Esto incluye la prohibición de las municiones peligrosas, dispositivos incendiarios y otras bombas "consideradas excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados." Antes de que el Consejo aprobase la adhesión, Al-Mansour aseguró a los legisladores que la convención no sería aplicable a la utilización de armas dentro el reino.
La opción por esta versión diluida de la prohibición de bombas de racimo sobre una prohibición absoluta preferida por otros países, es excusada por la coalición liderada por Arabia Saudí de que estas bombas en ocasiones no explotan.
En agosto, Al-Mansour denunció que el hospital de Médicos Sin Fronteras destrozado por ataques aéreos de la coalición se había utilizado como base por milicias hutíes. MSF refutó la historia, diciendo que la clínica de tiendas de campaña había sido puesta a punto en un campo vacío en un barrio residencial, donde muchos desplazados internos se habían reunido, señalando se había producido en el ataque aéreo sin ningún combate en la zona desde varios meses atrás. Las coordenadas GPS de los servicios médicos de MSF también habían sido compartidas con los saudíes en la mañana del ataque. Entre los seis incidentes investigados por la Jiat no se encontró ninguna mala acción por parte de la coalición. MSF se ha visto desde entonces obligado a retirarse de Yemen después de varios incidentes de naturaleza similar en el que, de nuevo, no se encontró que la coalición hiciese nada malo.
Desde la Jiat se ha admitido que el reciente ataque de la coalición en el funeral, en el que los rebeldes hutíes afirman haber matado a ochenta y dos yemeníes y la ONU ciento cuarenta, fue el resultado de un comandante que no pudo obtener el permiso de sus superiores para la huelga. "Naturalmente, estas personas deben ser confrontadas acerca de qué llevó a este error", dijo Al-Mansour. "Ellos tienen el derecho a defenderse, pero en estos casos deberían ser tomadas claras medidas legales, las fuerzas de la coalición muestran su preocupación en esto." Este, recordemos, es el hombre asignado para investigar las acusaciones de crímenes de guerra en el mismo país por parte de la misma coalición liderada por Arabia Saudí.
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