En el último par de semanas, dos noticias contrastantes han retratado una vez más cómo Israel y la UE no se han alejado de la conveniencia de las imposiciones y la subyugación, respectivamente. La construcción de asentamientos ilegales y las demoliciones de los hogares palestinos han sido durante mucho tiempo fuente de sospechas mutuas, lo que dio lugar a que los palestinos mantuvieran el papel de entidad desplazada al azar, mientras que Israel y la UE pasaban por el desfile de los (des)acuerdos intermitentes. A medida que la oposición diplomática a las demoliciones aumentaba en los últimos meses, aunque limitada a la retórica, la UE e Israel se comprometieron a consolidar respuestas, con la UE una vez más concediendo a Israel una ventaja política inmerecida.
Según Haaretz, el Grupo de Trabajo de la UE de Mashreq/Magreb (MaMa) aprobó una resolución no vinculante que recomienda que Israel reembolse a la UE las estructuras dañadas y demolidas que ha financiado. La razón de esta resolución no vinculante que, entre otras cosas, pide a la UE que "intensifique y endurezca la forma de redactar" con respecto a la voluntad destructiva de Israel, también puede utilizarse para crear resoluciones vinculantes emitidas por órganos superiores como el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. Es muy probable que esta opción sea tan ilusoria como la actual pseudo-iniciativa no vinculante.
Mientras tanto, Israel ha propuesto en la Knesset un proyecto de ley que pide que los diplomáticos de la UE sean despojados de su inmunidad diplomática "por ayudar a la construcción de hogares para los palestinos", según afirma un artículo del Russia Today. Desde principios de este año hasta el 9 de octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que 2.000 palestinos han sido afectados por el desplazamiento forzoso tan sólo en el Valle del Jordán.
Citando al Jerusalem Post, el miembro del partido ultraderechista Yisrael Beiteinu, Oded Forer, quien presentó el proyecto de ley, declaró: "La inmunidad diplomática no fue concedida para permitir actividades que socavan la soberanía del Estado". El proyecto de ley busca crear impedimentos para la construcción de estructuras temporales que alivian por un tiempo a los palestinos, y los políticos de derechas israelíes alegan que estas viviendas aumentan la posibilidad de que los palestinos recurran a la violencia.
Estos dos enfoques muestran como la UE sigue jugando un papel voluntario en la desvinculación de los palestinos de sus tierras en Palestina. El enfoque perpetuo tentativo y calculador es, por supuesto, intencional, y parte de un marco internacional más amplio que ha logrado negar las severas repercusiones de las acciones de Israel contra Palestina. Por conveniencias políticas en todo el espectro de violaciones y colaboraciones, la UE ha elegido un lenguaje deliberadamente suave acerca de la condena y la hipótesis, escondida dentro de la vaga celebración de las soluciones no vinculantes, y trabajando activamente para asegurar la inclusión de Israel a través de acuerdos comerciales preferenciales, aunque éstas constituyan una violación de los derechos humanos.
Mientras tanto, Israel ha actuado sobre una resolución no vinculante, intentando humillar a los diplomáticos de la UE. Esta actitud no es sorprendente: Israel ha demostrado en innumerables ocasiones su desprecio absoluto incluso hacia las entidades que logran proporcionar protección política, económica y militar para el proyecto colonialista. La confianza en estas declaraciones complementarias se ha convertido en un fenómeno aceptable, y ha inducido a una sobredosis de alienación. Afirmar que nada ha cambiado es erróneo; el hecho de que la UE amplíe su cumplimiento en lo que se refiere a las demoliciones debe leerse como una victoria colonial adicional.
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