Alrededor de las 2:oo de la madrugada del sábado 9 de abril, un gran barco de pesca que transportaba cientos de inmigrantes africanos volcó justo al lado de las costas de Egipto.

Algunos se ahogaron rápidamente. Otros se chapotearon en el agua, gritando y pidiendo ayuda en árabe, somalí u otras lenguas. Los pocos con chalecos salvavidas emitían silbidos que sobrepasaban los gritos.

Una solitaria antorcha eléctrica sondeaba la oscuridad sin luna. Venía de un barco más pequeño que estaba dando vueltas, tentadoramente cerca. Los hombres de ese barco, los contrabandistas de personas que habían traído su carga humana hasta este punto, buscaban sólo a sus camaradas. Ignoraron los gritos de los inmigrantes y golpearon a algunos en el agua.

Sólo 10 inmigrantes lograron embarcarse en el barco más pequeño para unirse a los contrabandistas y a otros 27 migrantes que ya estaban a bordo.

Alrededor de 500 adultos y niños murieron en el viaje, según estimaciones de supervivientes y oficiales, la mayor pérdida de vidas en el Mediterráneo en 2016.

Entre los muertos se estima que había unos 190 somalíes, alrededor de 150 etíopes, 80 egipcios y unas 85 personas de Sudán, Siria y otros países. 37 inmigrantes sobrevivieron.

Awale Sandhool, de 23 años de edad, que trabajaba en una emisora ​​de radio en Mogadiscio y había huido de amenazas de muerte en su hogar, fue uno de los pocos que nadaron hasta ponerse a salvo. En medio del caos del hundimiento, según cuenta, su amigo de la infancia, Bilal Milyare, le había gritado desde el agua antes de ahogarse: "¿No podríamos haber sido salvados?"

Hasta ahora, nadie ha tratado de responder a esa pregunta.

Una investigación de Reuters en colaboración con BBC Newsnight ha descubierto que en los siete meses transcurridos desde la muerte masiva ningún organismo oficial, nacional o multinacional, ha hecho que nadie se haga cargo de las muertes, ni siquiera se ha abierto una investigación sobre el naufragio.

Cuando la noticia se hizo viral en las redes sociales, ocho días después del hundimiento, los políticos europeos mostraron un tímido interés. El presidente italiano Sergio Mattarella sugirió que el mundo reflexionase sobre "otra tragedia en el Mediterráneo".

Pero Italia, donde se dirigía la nave, no ha investigado el hundimiento. Tampoco Grecia, donde los supervivientes desembarcaron, o Egipto, desde donde los migrantes y contrabandistas zarparon. No ha habido ninguna investigación por parte de ningún organismo de las Naciones Unidas, la agencia fronteriza de la Unión Europea, la agencia de policía de la UE, ninguna agencia marítima, la OTAN o la fuerza naval de la UE en el Mediterráneo.

La única acción oficial significativa tomada hasta ahora ha sido un caso de fraude contra algunos de los contrabandistas en Egipto, provocado por las quejas a la policía por un puñado de padres en duelo. Nadie ha sido aprehendido en ese caso.

Reuters ha identificado a los propietarios de la nave condenada y los cabecillas del viaje, así como a los corredores de personas que reunieron a los emigrantes en El Cairo y Alejandría y tomaron su dinero.

La investigación demuestra las lagunas en la aplicación de la ley internacional que hacen que sea fácil para los contrabandistas de seres humanos proseguir su comercio mortal en el Mediterráneo. Pero también demuestra lo que se podría hacer si las autoridades eligieran priorizar la investigación de las muertes de los migrantes.

La indiferencia oficial al desastre contrasta con cómo las naciones se movilizaron después de que el vuelo MS804 de EgyptAir se estrellara en el Mediterráneo el 19 de mayo, matando a 66 personas. A las pocas horas del accidente, Egipto despachó buques de guerra y aviones de la fuerza aérea para buscar restos y sobrevivientes. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos enviaron sus propios barcos y aviones. Una investigación qué causó el desplome y quién era responsable continúa en Egipto y Francia.

Rob Wainwright, director de la agencia policial europea, Europol, dijo que en retrospectiva su agencia debió haber investigado el hundimiento de abril. Las investigaciones de Reuters podrían haber expuesto una "brecha aquí en la respuesta colectiva de Europa" a tales casos, dijo en una entrevista.

En Egipto, el juez Khaled Al-Nashar, asistente del ministro de Justicia de Egipto para Asuntos Parlamentarios y de Medios de Comunicación, dijo que no podía confirmar qué investigaciones habían tenido lugar en el hundimiento de abril, pero no descartó ninguna otra medida. "Si se demuestra la ocurrencia de tal crimen, Egipto ciertamente no dudará en llevar a cabo las investigaciones necesarias para descubrirlo y detener a los perpetradores y llevarlos ante la justicia".

La embajadora especial de Egipto para las Migraciones, Naela Jabr, dijo que las agencias de seguridad están haciendo "todo lo posible" para combatir la migración ilegal, deteniendo a 5.076 personas que intentaron emigrar ilegalmente en los primeros seis meses del año. Jabr dijo que una ley de contrabando de personas aprobada por el parlamento en octubre y ratificada en noviembre ayudaría a la represión.

Algunos abogados egipcios dijeron que el gobierno ya tenía el poder de imponer justicia en el caso. Según opinan, los contrabandistas responsables del viaje podrían ser procesados ​​por homicidio en primer grado, fomentando la migración ilegal y violaciones de la seguridad marítima.

"Considero que meter a estas 500 personas en ese barco fueun asesinato. No hay otra manera de describirlo", dijo Sabry Tolba, un abogado egipcio contratado por las familias de algunas de las víctimas.