Si se quiere que el documento en el que está escrita la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU relativa a los asentamientos ilegales de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados tenga algún valor, deben tomarse ciertas medidas concretas y materiales. De lo contrario, el fracaso en actuar lo hará inútil.
En primer lugar, debe producirse una seria revisión de la pertenencia de Israel al organismo mundial. Desde que fue establecido en la tierra de Palestina, los líderes de Israel han proyectado a su país como si se tratara de algo excepcional y por lo tanto tuviera derecho a un trato especial. Israel es ciertamente único; es el único Estado del mundo que debe su propia existencia a una resolución de la ONU - 181 (II). Sin embargo, su condición de miembro es condicional y lo sigue siendo.
Al ingresar en el organismo mundial, la nueva entidad se comprometió solemnemente a respetar la Resolución de Partición de Palestina de la Asamblea General y el estatus especial de Jerusalén que ésta contiene. Esto incluía el requisito de permitir que los refugiados palestinos regresaran a sus hogares y tierras. Israel, sin embargo, ha incumplido estas condiciones. Por lo tanto, la ONU está en su derecho de suspender a Israel de participar en todos sus órganos e instituciones, como lo hizo con el régimen sudafricano de apartheid en 1974 y con la ex Yugoslavia en 1992.
Después de décadas mirando para otro lado, ahora existe una creciente comprensión entre los líderes occidentales de que el excepcionalismo de Israel es en realidad un factor desestabilizador, no sólo en Oriente Medio, sino también cada vez más en el propio Occidente. Recientes documentos de inteligencia filtrados por Edward Snowden revelaron que la Oficina de Comunicaciones del Gobierno de Gran Bretaña (GCHQ) había advertido en 2008 que "los israelíes siguen siendo una amenaza real para la estabilidad de la región ..."
Inevitablemente, los funcionarios israelíes han despreciado la última resolución del Consejo de Seguridad. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu lo describió como "vergonzoso" y prometió no cumplir con sus términos. Con razón, la resolución pide que se ponga fin a todas las "actividades de asentamiento" en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, señalando que no tienen "validez legal".
Aunque tal desprecio por la voluntad de la comunidad internacional no es algo exclusivo de Israel, es precisamente ese desafío abierto al Estado de Derecho lo que ha creado el caos actual en Oriente Medio. El fracaso en actuar sólo empeorará las cosas. La amenaza que representa la intransigencia de Israel no debe tomarse a la ligera. El gobierno hebreo ya ha anunciado que "espera trabajar con el presidente electo Trump y con todos nuestros amigos en el Congreso, republicanos y demócratas por igual, para negar los efectos nocivos de esta absurda resolución".
En lugar de esperar esta eventualidad, la Asamblea General debe actuar para suspender a Israel de los organismos de la ONU. Si esta medida correctiva no consigue lograr el cumplimiento deseado, entonces debe recurrir a sanciones económicas, diplomáticas y restricciones de viaje del tipo que se impusieron con éxito contra el régimen racista del apartheid sudafricano.
En segundo lugar, a nivel regional, la Liga de los Estados Árabes debe velar por que el actual gobierno egipcio nunca vuelva a ser encargado de ninguna iniciativa de paz en Palestina, aunque ello signifique que la sede de la organización debe trasladarse de El Cairo. Se ha puesto claramente de manifiesto que al actual gobierno egipcio de Abdel Fattah Al-Sisi no se le puede confiar ningún papel de liderazgo en la cuestión de Palestina. Sin el respaldo de Israel y Estados Unidos, los líderes golpistas que derrocaron al gobierno civil democráticamente elegido del país no podrían haber sobrevivido más de una semana. Ahora están evidentemente en deuda con el gobierno extremista de Tel Aviv y sus secuaces; esto por sí solo tiene que ser una razón suficiente para cuestionar su capacidad de actuar independientemente y resueltamente para apoyar al pueblo palestino.
Además, en lugar de actuar para proteger las legítimas aspiraciones del pueblo de Libia, Yemen y Siria, el régimen egipcio ha seguido políticas que pueden calificarse de dudosas en el mejor de los casos y obstructivas en el peor. En Palestina, Sisi ha permitido a Egipto tomar una postura partidista, apoyando a una facción contra otra en vez de promover un diálogo genuino y la reconciliación nacional. Sus últimas travesuras en las Naciones Unidas, durante las cuales sucumbió al chantaje israelí, deben ser la última advertencia de que no es apropiado que se le confíen intereses estratégicos regionales.
La manera en que se votó en el Consejo de Seguridad sugiere que los miembros no permanentes están listos y dispuestos a defender el imperio de la ley, incluso cuando esto signifique ir en contra de Occidente y sus Estados clientes en el Oriente Medio. Para el pueblo palestino, que ha soportado durante mucho tiempo el colonialismo brutal de Israel, estas semanas finaes de 2016 ha generado cierto grado de optimismo respecto al futuro. Es cierto que ya hemos asistido a episodios como este en el pasado, presenciando a la ONU dar un paso adelante en momentos críticos, para a continuación dar dos pasos hacia atrás. Su esperanza será que el 2017 marque una ruptura clara con este patrón de indecisión internacional. En aras de la estabilidad regional y la paz mundial, la Resolución 2334 no debe convertirse en papel mojado. Israel ha desafiado otras 28 resoluciones del Consejo de Seguridad; esta no puede ser la número 29.
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