Los palestinos ya estaban por concluir que su causa había sufrido duros golpes en 2016 cuando el Consejo de Seguridad de la ONU les dio un oportuno regalo de navidad el día 23 de diciembre: la Resolución 2334. La Resolución declara que tanto Cisjordania como Jerusalén oriental están ocupados ilegalmente, y que los asentamientos israelíes en ambas zonas suponen una violación de la ley internacional. Además, distingue entre Israel y los territorios que ha ocupado desde 1967.
Aunque fue una gran sorpresa para todo el mundo que Egipto distribuyera un borrador de la Resolución el 22 de diciembre, las expectativas eran de que se aprobase; hasta que los egipcios anunciaron que iban a posponer la Resolución. Esta decisión se tomó bajo la presión de Israel y del nuevo gobierno de Trump.
El día siguiente supuso una sorpresa aún mayor, cundo los cuatro Estados miembros del Consejo de Seguridad decidieron realizar una votación sobre la Resolución; fue aprobada por 14 miembros de los 15 votando a favor, y Estados Unidos no utilizó su veto para proteger a Israel.
En lugar de votar una Resolución que coincide con décadas de política oficial estadounidense acerca de la ilegalidad de los asentamientos, el embajador americano de la ONU se abstuvo. El resultado de la votación se recibió con unos aplausos inusuales en la famosa cámara del Consejo de Seguridad. Como era de esperar, los israelíes enfurecieron: rechazaron la solución, la calificaron de “vergonzosa” y acusaron al gobierno de Obama de haberles apuñalado por la espalda al abandonar la usual posición de EE.UU. de proteger a Israel de “resoluciones unilaterales” ejerciendo su veto.
Aquellos que propusieron la resolución incurrieron rápidamente en la indignación de Israel, que destituyó a su embajador en Nueva Zelanda y recortó las ayudas a Senegal. Varios embajadores de otros miembros del Consejo, incluyendo miembros permanentes, fueron convocados – el día de navidad – en el edificio del Ministerio de Cxteriores de Israel, mientras que el embajador estadounidense fue llamado para reunirse con el primer ministro y ministro de Exteriores Benjamin Netanyahu.
Hay que decir que, aunque que algunos líderes religiosos israelíes prohibieron los árboles de navidad en Israel, Papá Noel – quien no ha sido muy generoso con sus regalos a los palestinos en los últimos años, aseguró que la Resolución 2334 provocase cierta alegría en Navidad. Sin embargo, la duda que ha surgido después es; si los palestinos aprovecharán o no la oportunidad, como han hecho sus líderes en al menos otras dos ocasiones críticas.
Por ejemplo, el 9 de julio de 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una ambigua Opinión Consultiva sobre las “Consecuencias Legales de la Construcción de un Muro en el Territorio Palestino Ocupado”. Una de sus decisiones fundamentales era que “Israel está obligado a acabar con sus violaciones de la ley internacional, de interrumpir la construcción del muro, de desmantelar sus estructuras, y de derogar todos los actos legislativos y reglamentarios conexos; Israel está además obligado a reparar todos los daños causados por el muro.”
A pesar de la alegría inicial de los palestinos y sus líderes, este documento fue claramente desaprovechado por estos últimos. Doce años después, Israel no ha sufrido ninguna consecuencia por quebrantar la ley. En el décimo aniversario del documento, 86 expertos legales le escribieron al Secretario General de la ONU de entonces, Ban Ki-moon, y a las Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra, señalando las continuas violaciones de Israel de la ley y recomendando varias formas de desafiar la impunidad israelí.
Además, tras la guerra entre Israel y Palestina en Gaza en el 2008/9, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe de la guerra, dirigido por el juez sudafricano Richard Goldstone. El informe dictaba que el asedio en Gaza era (y, por lo tanto, aún es) un “castigo colectivo”, y concluyó que el ataque a Gaza estaba dirigido a “todo el pueblo de Gaza”. Descubrió que algunas de las acciones de Israel eran crímenes de guerra, y la negación de sus derechos a los palestinos de Gaza “podría conducir al tribunal competente a establecer que se ha cometido un crimen de persecución, un crimen contra la humanidad”.
Una vez más, los palestinos contaban con la oportunidad de utilizar una declaración independiente tanto para sacar a la luz las políticas criminales de Israel como para lograr que se tomasen medidas legales contra ellas. Sin embargo, el líder de la OLP y presidente de la AP, Mahmoud Abbas, causó una gran indignación al retrasar, bajo presión estadounidense, la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desde entonces, el Informe Goldstone sigue sin utilizarse. De hecho, posteriormente, bajo aún más presión externa, el autor retractó partes de él.
Una evaluación objetiva del desempeño del liderazgo palestino en el panorama internacional de los últimos años demuestra que se ha anotado algunas victorias importantes.
Quizá la más importante fuese la mejora del estatus de Palestina en la ONU; fue elevado a “Estado observador no-miembro” en 2012. El abrumador voto, con 138 Estados a favor y 9 en contra (Canadá, República Checa, Israel, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Panamá, Palaos y Estados Unidos) no sólo dio un empuje muy necesitado a los palestinos, sino que también permitió a Palestina tratar de lograr ser Estado miembro de docenas de organizaciones y acuerdos internacionales. Esencialmente, allanó el camino para que se logre justicia para los palestinos a través de la Corte Penal Internacional (CPI).
De hecho, los palestinos se unieron a la CPI en 2015, un hecho que esperaban que abriese las puertas a posibles acusaciones contra Israel por sus crímenes de guerra. Desde entonces, han pedido a la CPI que abra investigaciones sobre la guerra de Gaza de 2015, las prácticas israelís contra los prisioneros palestinos y los proyectos de asentamientos ilegales. Tras su admisión en la UNESCO, en 2011, Palestina solicitó su adhesión a 15 organizaciones y convenciones internacionales en 2014.
Esto ha dado algunos frutos. El pasado octubre, Palestina declaró ante la UNESCO los crímenes de Israel en Jerusalén oriental, y, a pesar de la tremenda presión de Israel y sus aliados, consiguieron que se asegurase una resolución sobre este asunto.
Ahora los palestinos deben aprovechar estos logros y, particularmente, la atención que tiene puesta el mundo en los asentamientos ilegales tras la aprobación de la Resolución 2334 de la ONU. Se deben incrementar los esfuerzos en documentar las actividades ilegales en los asentamientos, aunque la Autoridad Palestina, junto a varias ONGs, ya han creado una lista en esta zona. Tal vez podría establecerse un ministerio específico para combatir los asentamientos – similar al ministerio británico del BREXIT – que combine la documentación de estadísticas respecto a los establecimientos y el desarrollo de estrategias pacíficas para desmantelarlos. Otra tarea sería presionar a los gobiernos, sobre todo a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que votaron a favor de la Resolución 2334, para que articulen políticas para extraer un costo por las violaciones de Israel de los términos de la resolución. El costo de la construcción de asentamientos debe aumentar a tal nivel que Israel concluya que es insostenible, como hizo cuando el ex primer ministro Ariel Sharon decidió “desvincularse” de la Franja de Gaza en 2005.
Un esfuerzo colectivo en el que intervenga el liderazgo palestino ha de ser incansable a la hora de desafiar los crímenes de Israel usando vías legales como la CCI, así como una misión diplomática que presione a otros gobiernos para actuar. El pueblo palestino debe asumir su responsabilidad en boicotear los bienes israelíes, particularmente aquellos fabricados en asentamientos. Por último, los palestinos de la diáspora deben presionar a su propio gobierno para que acepte que, sin una presión real, un Israel envalentonado por la elección de Donald Trump continuará perpetrando crímenes contra los derechos humanos y la ley internacional.
El reto es inmenso, pero la Resolución 2334 supone una oportunidad para que muchas figuras estén en torno a un tema específico, que Israel insiste en que es controversial, algo que los demás Estados no piensan: sus asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado. La Resolución debe considerarse – y usarse – como una herramienta, y no como sólo otra victoria diplomática pero desaprovechada.
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