Activistas por los derechos humanos están tratando de obligar al presidente AbdelFattah al-Sisi a desechar una ley de su gobierno que encarcelará a miles de egipcios y sentenciará a cientos a la muerte. Argumentan que fue anulada en 1928.
En los últimos tres años, los jueces han apelado la décima ley de 1914 (la Ley de la asamblea) para encarcelar a activistas de la oposición o a personas corrientes por protestar contra el gobierno de Sisi, y para condenar a sentencias de muerte en masa, principalmente contra los miembros y aliados de los Hermanos Musulmanes.
Las fuerzas de seguridad también la apelan para usar la fuerza contra los manifestantes, lo que ha provocado miles de muertes; una represión que dicen que es su respuesta a los ataques contra la policía, y que necesitan para preservar la estabilidad en el Estado árabe más poblado.
Poco se sabía acerca de la historia de la Ley de la Asamblea hasta que varios grupos pro- derechos humanos decidieron ahondar en los archivos. El Instituto de El Cairo para el Estudio de los Derechos Humanos (CIHRS), una organización no gubernamental, publicó el martes un informe de 95 páginas.
La ley, que criminaliza la reunión de cinco o más personas e instituye un castigo colectivo, fue emitida por las autoridades de ocupación británicas para evitar que los egipcios protestasen, poco antes de la I Guerra Mundial.
Lo que descubrieron los investigadores es que el parlamento aprobó un proyecto de ley para derogarla en 1928.
El proyecto de ley debería haberse inscrito en el libro de estatutos, ya que el rey Fuad I ni lo firmó ni lo vetó en un plazo de 30 días. Sin embargo, el rey, que se oponía a la derogación, pero sabía que un veto sería anulado; evitó que se publicara en el Boletín Oficial, dejando incierto el estatuto legal de la Ley de la Asamblea.
Caso simbólico
A pesar de todo, los posteriores gobiernos post-coloniales y republicanos continuaron aplicando la Ley de la Asamblea en distintos grados. El presidente Gamal AbdenNasser, que derrocó a la monarquía, la hizo aún más estricta e 1968, tras las protestas estudiantiles.
Sin embargo, los investigadores sostienen que, aunque la apelación de 1928 no se publicase, esto no restó importancia a su condición jurídica y que, por lo tanto, el uso continuado de la Ley de la Asamblea era, y es, ilegal.
Estos hallazgos llevaron a un grupo de 21 personas, incluyendo dos activistas encarcelados por culpa de la ley, así como abogados y líderes de partidos de la oposición; a presentar un caso legal el martes. El caso plantea el argumento de que la Ley de la Asamblea fue abolida en 1928, y urge al gobierno de Sisi a eliminarla.
“Ya es hora de que el presidente Sisi tome la iniciativa de renunciar a esta indignidad histórica y legal aboliendo la ley del gobierno colonial británico, originada para reprimir a la resistencia egipcia”, dijo Bahey Eldin Hassan, director del CIHRS.
“Todo ciudadano privado de su libertad por esta ley injusta y obsoleta ha de ser liberado inmediatamente, con disculpas e indemnizaciones para su familia.”
El gobierno de Sisi no respondió a las demandas. El Ministerio de Justicia se negó a comentar el asunto. Un oficial declaró anónimamente que probablemente no comenten el tema, ya que está en el tribunal.
Los activistas saben que es poco probable que la ley sea abolida, y que, incluso si fuese derogada por un tecnicismo, no podrían superar al parlamento, en el que la mayoría de miembros son leales a Siri.
Varios grupos por los derechos humanos estiman que unas 40.000 personas han sido detenidas por razones políticas desde 2013, cuando el general Sisi expulsó al primer presidente elegido libremente de Egipto: Mohammed Morsi, miembro de los Hermanos Musulmanes.
La Ley de la Asamblea, junto con una ley emitida en 2013, ha conseguido ilegalizar las manifestaciones.
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