Bajo una carpa repleta de banderas palestinas y de los escudos de los principales partidos aguardan varias decenas de personas. Ahí están las madres, sentadas, sosteniendo entre sus manos los retratos de sus hijos e hijas, unos mártires –asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes –, otros encarcelados, a veces en lugares que se desconocen y que cambian sin cesar. También están los hermanos y hermanas, los padres, los amigos, los maridos y esposas que se han quedado fuera de los muros de las prisiones esperando cada día – inshallah – el regreso de sus seres queridos. El ambiente vibra y rezuma politización. Las banderas rojas con los fusiles de la revolución; a unos pocos metros el monumento a los refugiados, con la llave siempre presente, símbolo de su derecho al retorno; de fondo los grafitis llenan los muros, recordando a los grandes héroes de la historia de la resistencia palestina.
Acto de apoyo a presos palestinos en cárceles israelíes. Campo de refugiados de Dheisheh, Belén. / Marta Martínez Losa
Nidal Abu Aker toma el micrófono y en un árabe perfecto, de enorme contraste con el hablar coloquial y poco formal propio de Dheisheh, va creando un intenso discurso. Cuando se habla de política hay que permanecer serio, pues se trata de portar el testigo de más de 70 años de lucha, primero contra la colonización británica, luego contra el Estado de Israel. “Seremos grandes”, vocifera a la multitud reunida alrededor de la tienda, como se conoce popularmente al espacio donde tiene lugar la concentración. Desde mediados de ramadán, cuando decenas de palestinos iniciaran una multitudinaria huelga de hambre denunciando la situación en las prisiones israelíes, el régimen de visitas o la prisión administrativa, los habitantes del campo de refugiados se reúnen en apoyo a sus héroes encarcelados. “Por nuestra fuerza y dignidad”, resuena la voz de Nidal por todo el campo. Los nombres de los presos se suceden, hasta que no termine la huelga no abandonarán esta rutina. Todo ello es, además, un ejercicio peligroso, pues prácticamente todas las noches las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) realizan redadas en el campo en las que cualquiera es un potencial objetivo, ya sea para un arresto o para la bala de un francotirador, que en los últimos meses parecen haber tomado predilección por las extremidades inferiores de los jóvenes refugiados.
En los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) conviven dos sistemas legales paralelos, uno civil y otro militar. El primero se aplica a los más de 500.000 colonos, ciudadanos israelíes, que habitan alguno de los cerca de 200 asentamientos ilegales de Cisjordania. El segundo a los palestinos, configurando un sistema de discriminación basado en la etnia y la nacionalidad, cuya función es la de evitar “violaciones de la seguridad” y garantizar el orden en los territorios ocupados. No obstante, dentro de las amenazas Israel también incluye ciertos tipos de expresiones políticas y culturales, así como protestas no violentas, afectando al derecho de asociación y reunión. Todo ello constituyendo un contexto que actúa en detrimento de los palestinos y raramente en perjuicio de los ciudadanos israelíes. Por ejemplo, bajo el sistema penal civil de Israel, un criminal puede ser liberado tras cumplir la mitad de su condena, mientras que los presos palestinos juzgados por la ley militar solo pueden apelar la sentencia tras haber cumplido dos tercios de la misma.
Habitantes del campo de refugiados de Dheisheh asisten al acto de apoyo a presos palestinos en cárceles israelíes. / Marta Martínez Losa
Los efectos de estas políticas son evidentes. Desde que Israel ocupara Palestina en 1967, más de 800.000 palestinos han sido detenidos bajo orden militar israelí, lo que significa que aproximadamente un 20% del total de la población de los TPO –40% si consideramos solo la población masculina– ha pasado por la cárcel. Actualmente, alrededor de 7.000 presos palestinos permanecen en cárceles israelíes, 700 de ellos en detención administrativa. Esta política permite encarcelar a sospechosos de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza sin juicios ni cargos por períodos de seis meses prorrogables de manera indefinida, en ocasiones hasta dos años. Se trata de una práctica heredada del Mandato británico de Palestina (1922-1948) para arrestar a aquellos que luchaban contra su dominio sin necesidad de aportar ninguna prueba en su contra. En su versión actual, esta política permite a las autoridades israelíes detener a palestinos en base a las informaciones reunidas por los servicios de inteligencia bajo la premisa de que existe una amenaza a la seguridad de Israel, pero que son ocultadas al sospechoso y a sus abogados. De manera rutinaria, los presos son informados de la extensión de su detención el mismo día en que expira la misma, sin que existan instrumentos legales para evitarlo. La detención administrativa más larga registrada hasta el momento se prolongó durante ocho años. Además, si bien la ley israelí establece que los detenidos deben ser interrogados en su lengua nativa, muchas veces las acusaciones son escritas exclusivamente en hebreo, obligando a los detenidos a firmarlas sin conocer su verdadero contenido.
La cuestión se torna aún más grave si tenemos en cuenta que dichas políticas se aplican también a los palestinos menores de edad, entre los 12 y los 16 años, tras lo cual empiezan a ser juzgados como adultos. Desde el año 2000, hasta 8.000 menores han sido arrestados por Israel, de los cuales 400 permanecen encarcelados en la actualidad, 13 de ellos bajo detención administrativa. Esto convierte al Estado judío al único país en el mundo que procesa a niños en tribunales militares que carecen de garantías de un juicio imparcial, en los que tres de cada cuatro menores son sometidos a violencia física y psicológica durante su arresto, traslado o interrogatorio, y donde el 97% ha atravesado el proceso en ausencia de sus padres o un tutor y sin acceso a asistencia legal. Si bien la ley israelí no permite juzgar a sus menores bajo tribunales militares, en agosto de este año el parlamento aprobaba una ley dentro del ordenamiento civil que permite detener y juzgar a niños israelíes a partir de los 12 años cuando son acusados de crímenes violentos. Esta decisión se enmarca en el contexto del aumento de los incidentes violentos que desde finales de 2015 se vienen produciendo principalmente en los checkpoints, tratándose generalmente de ataques con arma blanca a las fuerzas de seguridad israelíes y en los que se han visto implicados árabes-israelíes. La nueva legislación aparece sin duda alguna diseñada para procesar a los árabes de ciudadanía israelí que, viviendo en territorio judío, sufren también graves procesos de racismo y discriminación.
Los campos de refugiados: epicentro del activismo político
Los habitantes de los campos de refugiados son víctimas habituales de estas políticas represivas. A pesar de un nivel socioeconómico inferior y de un estatus que les sitúa al amparo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) para la prestación de servicios básicos, la vida bulle en las calles de campos como Dheisheh. Así, mientras otras ciudades y pueblos duermen, la actividad en los campos no se detiene hasta bien entrada la noche.
El activismo político tiene un lugar especial en estos espacios, ligado especialmente a la reivindicación de un constantemente negado derecho al retorno a los hogares de los que fueron expulsados con la creación del Estado de Israel. Dos grandes narrativas se reproducen sin descanso en los muros del campo de Dheisheh: por un lado, los innumerables grafitis en defensa de la causa palestina –entre ellos los rostros de los grandes referentes políticos de Palestina, como Yasser Arafat o George Habash–; y por otro, una sucesión de los mártires caídos por la causa bajo los emblemas de sus respectivas facciones políticas. Las historias personales que transcurren en este entorno llenarían las páginas de miles de periódicos, conformando un cuadro, en ocasiones, verdaderamente dramático.
Nidal Abu Aker, actualmente en la cárcel, es un claro ejemplo de estas historias. A sus 43 años de edad ha permanecido 14 en prisión, distribuidos en 17 ocasiones. Algunas veces arrestado por pertenencia y financiación del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP, por sus siglas en inglés), considerado por Israel como una amenaza para su seguridad; y otras tantas detenido sin cargos y sometido al proceso de detención administrativa.
Nidal Abu Aker, activista y militante del PFLP, posa en su casa del campo de refugiados de Dheisheh. Meses después fue detenido por décimo quinta vez por las IDF. / Marta Martínez Losa
La situación no solo afecta a los más veteranos, sino también a jóvenes y a menores. Bien lo sabe Dunya Mosleh, de escasos 19 años, liberada el pasado agosto tras 10 meses en prisión y obligada a pagar una multa de 2.000 NIS (unos 474 euros), equivalente a dos tercios del sueldo una profesora en Cisjordania. El 15 de noviembre de 2015, a las 3 de la mañana, un contingente de 25 soldados israelíes entraba en su casa y derribaba la puerta principal sin preguntas previas. La joven era considerada una amenaza por las fuerzas de seguridad israelíes tras la publicación en Facebook de un mensaje de apoyo al activista Mutaz Zawahreh, asesinado por las fuerzas de seguridad israelíes el 13 de octubre del mismo año. Las acusaciones incluían, además, el hecho de colgar fotos en las que vestía ropas militantes del PFLP –pantalones militares, bandana con las iniciales del partido y la icónica kufiya palestina–, lo que demostraba para las autoridades israelíes una clara apología del terrorismo. La puerta de su habitación, cerrada con pestillo, fue destruida mediante la detonación de un explosivo. Una vez Dunya fue identificada, las fuerzas israelíes la arrestaron, trasladándola al vehículo militar, custodiado por otros tantos soldados.
Tal y como relata Dunya, la detención se prolongó durante más de 12 horas. Tras sacarla a rastras de su casa la llevaron andando a la cercana población de Doha y la metieron en el jeep con los ojos vendados y escoltada por soldados. En el trayecto a la cárcel, cuya ubicación desconocía, Dunya tuvo que atravesar hasta 7 checkpoints, en cada uno de los cuales debía firmar un documento en el que reiteradamente aceptaba su detención. El transporte de los detenidos palestinos constituye un castigo en sí mismo, ya que se lleva a cabo en los “posta”, furgones policiales especialmente adaptados para el transporte de presos y en los cuales son sometidos a distintos tipos de maltrato.
Al día siguiente –desde la prisión de Majsubiya, en Jerusalén, según cree Dunya– llegaba el momento del interrogatorio. Como relata la joven, los soldados comenzaron mostrándole un video del asesinato de su tío, Ahmad Musleh, alcanzado por un misil de las IDF junto con otros dos compañeros. Además de las acusaciones ya reveladas durante la detención, Dunya fue también culpada de haber financiado al PFLP. Tras esto sería transportada a Hasharon durante un mes, y finalmente a la prisión de Damon, ambas situadas entre las ciudades de Haifa y Tel Aviv.
Según cuenta Dunya, el tiempo entre rejas transcurre de manera repetitiva. A las 5:30 de la mañana suena la alarma, momento en el que las chicas deben pasar inmediatamente al patio común donde se someterán al recuento. Las presas son llamadas por su nombre y deben contestar con su apellido, a la vez que se comprueba que sus rasgos coinciden con los de la fotografía del registro. Se trata de un recinto de muros altos y de dimensiones justas – unos 8x10 metros– para permitir cierto movimiento a las 26 mujeres que ocupan el penal, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 42 años. Mientras los guardias pasan lista se lleva a cabo un registro de las celdas en búsqueda de indicios de intentos de fuga o elementos no declarados o prohibidos.
Las celdas son ocupadas por unas ocho presas que conviven en un espacio de unos 20 metros cuadrados. Como describe Dunya, las habitaciones constan de unas literas, dos armarios, una tele, un baño y una pequeña cocina, y permanecen siempre vigiladas bajo la atenta mirada de los guardias.
Dunya Mosleh, de 19 años, permaneció diez meses en prisión acusada de apología del terrorismo por un post de Facebook. / Daniel Rosselló
A las 7:30 es la hora del desayuno y a las 8:30 se vuelve a las celdas hasta las 10 de la mañana. A esa hora tiene lugar otro recuento con su respectivo registro de habitaciones, y una vez finalizado se las devuelve a sus aposentos, con un intermedio a las 12 del mediodía para la comida. Entre las 13:00 y las 15:00 se les permite un tiempo de recreo en en el patio, lo que las presas denominan “la caja”. Mientras esto ocurre, una celda es elegida al azar por los funcionarios para ser registrada. Si estos consideran que las presas han llevado a cabo algún comportamiento negativo, podrán ser trasladadas a la celda de aislamiento. Una estancia de unos 2x1,5 metros diseñada para castigos, sin ventanas y con una bombilla permanentemente encendida, en la que las presas pueden llegar a pasar hasta una semana.
Posteriormente, de 15:00 a 17:00, las chicas vuelven a las habitaciones, tras lo cual hay un nuevo recuento. A las 18:00 es la hora de la cena, a lo que sigue un nuevo registro a las 20:00, el último del día, antes de regresar a las celdas para dormir. No obstante, las medidas de seguridad no terminan ahí, y en medio de la noche pueden producirse revisiones aleatorias, rompiendo totalmente los ritmos vitales de las chicas. Asimismo, Dunya narra que “en cualquier momento del día, soldados externos a la prisión pueden llegar y llevar a cabo registros aleatorios con la excusa de supuestas informaciones filtradas acerca de la tenencia de bombas o teléfonos móviles por parte de las presas”. En ocasiones estas acciones forman parte del adiestramiento de los soldados en el servicio militar obligatorio.
Más allá de las constantes inspecciones, las chicas deben convivir en unas condiciones verdaderamente precarias. Los únicos entretenimientos que tienen disponibles deben ser suministrados por las familias. “Tuvimos que hacer una pelota con trapos para poder jugar a algo” relata Dunya. “Como estaba estudiando en la universidad en el momento de mi detención, pedí a mi familia que me trajera los libros de texto de la carrera para aprovechar el tiempo en prisión”, añade la joven. Los productos de higiene íntima, así como todo recurso comestible, también deben ser facilitados por los familiares.
Además, la escasa calidad y cantidad de alimentos ofrecidos en el comedor del penal obliga a las presas a cocinar sus propios alimentos, proporcionados por las familias con el dinero de su propio bolsillo. Los gastos de mantenimiento alcanzan unos 1.200 NIS por persona, con una pequeña ayuda de 400 NIS aportados por la Autoridad Palestina. Teniendo en cuenta los bajos salarios en los TPO y la existencia de familias que pueden concentrar hasta 4 miembros en prisión, esto supone un verdadero lastre para las economías domésticas.
Por otra parte, el régimen de visitas es también motivo de protesta de activistas y defensores de los derechos humanos en Palestina. Los presos solo están autorizados a recibir entre una y dos visitas al mes, siempre con solicitud previa y muchas veces denegadas. De manera general, las visitas están restringidas a familiares menores de 16 o mayores de 64 años. Además, son muchas las ocasiones en las que a los familiares se les niega la entrada en la prisión el día de la visita autorizada anteriormente. En el caso concreto de Dunya, solo el padre y sus dos hermanos menores tuvieron derecho a ello, mientras que la madre y la hermana permanecieron en la lista negra sin razón aparente.
Mapa de las cárceles y centros de detención para prisioneros palestinos. Fuente: http://www.addameer.org/prisons-and-detention-centers
En definitiva, las políticas de discriminación legal de Israel repercuten de manera directa en la sociedad palestina en infinidad de ámbitos. Las altas tasas de población presa conllevan una ruptura constante de los ciclos educativos para cientos de niños palestinos, así como un proceso continuo de destrucción generacional. Esto, unido a las frecuentes lesiones provocadas por el ejército israelí, tampoco ayuda a la integración de los jóvenes en el mercado laboral, quedando muchos impedidos de por vida. Todo ello supone un lastre para la economía de Palestina, tanto para las familias como para el Gobierno que, además de contribuir económicamente a la manutención de los presos, aporta una ayuda vitalicia a toda persona que haya estado un mínimo de 5 años en prisión. De esta forma, Israel externaliza los gastos de la ocupación a la vez que lastra los presupuestos palestinos. Asimismo el tejido social se ve totalmente deteriorado, con familias desestructuradas y menores con importantes traumas y lesiones, tanto físicas como psicológicas. Teniendo en cuenta el carácter patriarcal que aún predomina en la sociedad palestina, unido a una mayor tasa de detenciones entre la población masculina, las familias son muchas veces arrebatadas de su única fuente de ingresos.
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