El proceso de dos años del Diálogo Nacional de Sudán culminó la semana pasada con el nombramiento del primer ministro, el general Bakri Hassan Saleh. En unos días quedará claro qué líderes de la oposición formarán parte del nuevo gobierno de reconciliación.
El proceso del Diálogo Nacional ha sido largo. Ha incluido a casi 9.000 participantes, requerido de más de 300 reuniones, 325 documentos y 648 comités que deliberaron durante casi 1.200 horas de reuniones. El proceso también pone un fin a la marginación política de más de 80 partidos políticos, de los que algunos miembros fueron encarcelados o han librado una guerra contra el mandato de 28 años del presidente Omar Al-Bashir.
El diálogo, que declaró que “Sudán es una patria lo suficientemente grande para acoger a todos”, proporciona un proyecto político y económico para el pluralismo político bajo un sistema pseudopresidencialista, pero dentro de una identidad sudanesa definida.
Lo primero en la agenda del país es intentar acabar con los violentos conflictos que han estallado en el Nilo Azul y en el sur de Kordogan, que continúan drenando su escaso producto interior bruto de 97.200 millones de dólares. La liberación de 127 prisioneros por parte del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés/Norte fue bien recibida por el gobierno, que la consideró una respuesta a su alto el fuego declarado unilateralmente. Sin embargo, el conflicto que ha llevado al desplazamiento forzoso de millones de personas y a la pérdida de decenas de miles de vidas no está, en absoluto, resuelto.
Encabezando el Comité por la Paz y la Unidad establecido por el Diálogo Nacional está el propio presidente, que le pidió a la comisión que “se abstuviese oficialmente tanto de procesar al presidente de la República, así como de obstaculizar su función de lograr la paz o detener o juzgar a cualquier sudanés en el extranjero”. Esto fue una clara diferencia a la orden de arresto en su contra por crímenes de guerra en Darfur, emitida por la Corte Penal Internacional.
Como parte del proceso de paz, se recomienda que las milicias tribales sean desmovilizadas y desarmadas. El objetivo es evitar que se repitan los enfrentamientos entre la oposición y las milicias del gobierno en Darfur. Además, el Diálogo Nacional recomendó la creación de una comisión de territorios con funciones legales claramente establecidas para arbitrar y resolver las disputas sobre tierras, tales como las diferencias sobre el pastoreo nómada y los derechos de las tierras cultivables, que precipitaron el estallido del conflicto en Darfur.
La disposición para que sólo los militares y las fuerzas de seguridad puedan llevar armas también es otra prioridad a la hora de combatir la posesión privada ilegal de armas. Por lo tanto, el diálogo pidió “la declaración de una amnistía general y la liberación de individuos, tanto personal militar como civiles que han sido juzgados o encarcelados debido al conflicto.” Esto ha resultado en el comunicado de ayer del presidente Al-Bashir: 259 prisioneros involucrados en los conflictos han sido puestos en libertad.
Dado que el gobierno parece estar cumpliendo sus promesas, los partidos de la oposición son optimistas acerca de la dirección a la que se dirige el país. Mubarak Al-Fadil, líder de una facción del partido Ummah, recibió favorablemente los cambios, pero advirtió de que el gobierno también tiene que considerar otros temas clave, “mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos corrientes, aliviando su sufrimiento y desarrollando la economía que combata la corrupción y evite el despilfarro de los fondos públicos.”
Un informe de Transparencia Internacional, publicado tras la secesión del sur, culpa a las décadas de inestabilidad política de Sudán de problemas tales como la corrupción, la fragilidad de las instituciones estatales, la baja capacidad administrativa y los débiles sistemas de control de los que adolece el país. El año pasado, Transparencia posicionó a Sudán en el puesto 14 de los 100 países más corruptos del mundo.
Además, la oposición también ha expresado su preocupación acerca de la dirección de la política exterior, en caso de que el nuevo gobierno pudiese dar pie a una nueva era de cooperación y estabilidad, y existen esperanzas de un cambio sustancial. “La paz en el país es lo más importante para la normalización de las relaciones exteriores”, dijo Al Fadil.
El veterano opositor destacó la importancia de aprovechar las relaciones cordiales con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para ayudar al desarrollo económico y humano; lo que implica que ambos países podrían ser importantes a la hora de compensar el daño causado por las sanciones económicas de Estados Unidos, que el ministro de finanzas sudanés, Badr Al-Din Mahmoud, confirmó que le habían costado a Sudán unos 45.000 millones de dólares.
Aún está por ver si la administración de Trump reestablecerá las sanciones impuestas en 1993, cuando Sudán fue designado como Estado patrocinador del terrorismo.
“El hecho de que Sudán esté entre los países cuyos ciudadanos no tienen permitido viajar a Estados Unidos y la declaración de Trump de que a Sudán “aún le queda mucho por hacer” sugiere que el levantamiento de las sanciones no se producirá ahora mismo.”
El fuerte compromiso de Sudán con la causa palestina, y con el derecho de los palestinos a regresar y a establecer un Estado independiente sigue sin cambios. A pesar de esto, varias voces del Diálogo Nacional parecen favorecer el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Se ha informado de que varias secciones de la oposición apoyaron esta idea, pero la moción no fue adoptada como una política del Documento del Diálogo Nacional, publicado en septiembre de 2016.
Se espera que las reuniones entre la oposición y el gobierno resulten en la creación de un gabinete de ministros que serán nombrados oficialmente por el presidente Omar Al-Bashir. Varios informes sugieren que los últimos nombramientos concluirán en los próximos días.
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