Desde que el partido gobernante en Turquía, el Partido por la Justicia y el Desarrollo (AKP), anunció varias propuestas de enmiendas constitucionales en diciembre, los medios han cubierto sin descanso las noticias sobre el próximo referéndum, que decidirá si aprobar o rechazar la transformación de la democracia turca desde un sistema parlamentario hacia un modelo presidencialista.
Sin embargo, el interés de los medios occidentales en el referéndum de Turquía se ha centrado en la propia campaña. Han aparecido muchas polémicas diplomáticas entre Turquía y las potencias europeas, en especial Holanda, Austria y Alemania. Turquía llamó a algunos de estos países “remanentes de los nazis” y les acusó de tener tendencias fascistas después de que impidieran que varios ministros y diplomáticos turcos celebraran mítines a favor de los cambios constitucionales. Estos países llegaron a impedirles la entrada en su propia embajada, violando las normas y convenciones diplomáticas.
Pero, ¿de qué trata el referéndum y que pasará con Turquía si gana el “sí”?
¿De qué trata el referéndum?
Durante muchos años, el AKP, bajo el mandato de Tayyip Erdogan, ha tratado de mantener una mayoría parlamentaria lo suficientemente significativa como para efectuar un cambio constitucional a una presidencia ejecutiva sin necesidad de un referéndum. Actualmente, Turquía está gobernada por un sistema parlamentario en el que el partido con más votos en las elecciones generales forma un nuevo gobierno liderado por un primer ministro como principal portador del poder ejecutivo. En la constitución turca actual, el presidente es una figura en gran parte simbólica, con poderes muy limitados.
Aunque el AKP ha mantenido una mayoría consecutiva en casi todas las elecciones desde 2002 – perdió brevemente la mayoría en junio de 2015, pero después la recuperó varios meses después en otras elecciones – nunca se ha asegurado los suficientes asientos como para promulgar un cambio constitucional unilateralmente, y ahora ha decidido intentarlo con un referéndum.
Desde que Erdogan abandonó el puesto de primer ministro y ganó las primeras elecciones presidenciales decididas por voto popular en 2014, ha tenido que renunciar a su liderazgo del AKP y a su pertenencia al partido, ya que la ley turca no permite que el presidente milite en ningún partido.
Sin embargo, esto ha sido, en gran medida, una formalidad, ya que Erdogan ha ejercido un enorme control e influencia sobre el AKP y, por extensión, sobre el gobierno turco. Tras una disputa política con su anterior primer ministro, el veterano diplomático del AKP Ahmet Davutoglu, Erdogan le reemplazó en mayo del 2016 con el primer ministro en funciones, Binali Yildirim. Por lo tanto, con Erdogan el primer ministro se ha convertido casi en una posición de gabinete en su sistema presidencial de facto que ahora pretende formalizar con la victoria del “sí” en el referéndum del domingo.
Las cuestiones básicas
Fundamentalmente, el AKP y aliados del fracturado Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), el cuarto partido en el parlamento, piden que todos los poderes ejecutivos recaigan sobre el presidente y también la abolición del cargo de primer ministro. El presidente podrá ser el jefe de Estado y el líder de un partido simultáneamente, y el gabinete dejará de ser responsable ante el parlamento, con el presidente autorizado para fichar y despedir ministros según crea conveniente. Finalmente, las elecciones parlamentarias y presidenciales se celebrarán a la vez y cada cinco años; el presidente estará limitado a dos mandatos.
Los partidarios del “sí” afirman que estas medidas son clave para garantizar que Turquía siga siendo un país estable económica, militar y políticamente. Citando los cuatro golpes de Estado exitosos y el fallido del pasado verano que han ocurrido en la historia de la república turca, declaran que un liderazgo débil y un parlamento polarizado y con gobiernos de coalición llevarán a más golpes militares y a interferir en la democracia, además de agregar incertidumbre al ámbito económico. También argumentan que un fracaso a la hora de garantizar la estabilidad el sistema político de Turquía pone en riesgo la seguridad del Estado frente al aumento del terrorismo izquierdista kurdo y de la militancia del Daesh, al igual que amenaza las enormes ganancias económicas logradas por el gobierno del AKP desde 2002, una de las principales causas de la popularidad del partido.
Por otra parte, los partidarios del “no” afirman que Turquía ya es un sistema presidencial de facto con el presidente Erdogan, y que el poder que ejerce actualmente es inconstitucional. Argumentan que, si se aprueban las enmiendas, Erdogan contará con un mandato popular para asumir formalmente estos poderes y utilizarlos para convertirse en un dictador autoritario. Para justificar sus alegaciones, la campaña por el “no” apuntó a los presuntos abusos de los derechos humanos cometidos contra disidentes y sospechosos de estar involucrados con la organización Fethullah Gulen, un grupo secreto acusado de orquestar el golpe de Estado fallido que acabó con la vida de cientos de civiles turcos.
Las autoridades turcas niegan estas alegaciones. La campaña por el “sí” afirma que, en cualquier caso, la actual inmunidad que disfruta actualmente el presidente será eliminada y se convertirá en responsable penal, proporcionando el poder suficiente a la rama judicial del gobierno como para actual en su contra o en la de cualquier futuro presidente si comete algún abuso. Dicho esto, la campaña del “no” respondió diciendo que el nombramiento de fiscales y jueces también estaría influenciado por el presidente.
De cualquier modo, el plebiscito del domingo marcará un momento histórico en la historia de Turquía. Puede que en unos pocos días veamos a Erdogan conseguir su mayor triunfo y establecerse permanentemente como fuerza política que rivaliza con la influencia del ultra-secular fundador de Turquía, Mustafa Kemal Ataturk.
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