Este sábado pasado ha marcado el decimotercer día de la última huelga de hambre masiva declarada por los prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes. Varios grupos palestinos por los derechos humanos anunciaron a mediados de este mes que 1.500 prisioneros habían iniciado una nueva protesta en contra de sus condiciones en prisión, con el objetivo de obligar a Israel a realizar cambios sustanciales.
Desde que Israel invadió, ocupó y comenzó a colonizar Cisjordania y la Franja de Gaza hace 50 años, más de 750.000 palestinos han sido arrestados por las fuerzas israelíes, según cifras de la Oficina Central Palestina de Estadística. En otras palabras; prácticamente todas las familias palestinas de estas regiones de la Palestina historia tienen una historia que contar – o, en muchas ocasiones, varias – de cómo les ha afectado la detención, el internamiento o la prisión israelí.
Los detenidos exigen el fin del aislamiento, de las duras restricciones respecto a poder recibir visitas familiares y de la práctica de la detención administrativa. Esta última es una práctica particularmente hostil: las fuerzas israelíes detienen durante un periodo indefinido a personas sin presentar cargos y sin celebrarse un juicio, basándose únicamente en las “pruebas” secretas presentadas por una de las agencias espía de Israel. A pesar de la injusticia inherente de este proceso, las autoridades de ocupación israelíes siguen llevando a cabo detenciones administrativas. Siendo el 100º aniversario de la infame Declaración Balfour, conviene recordar que esta práctica cruel e injusta se remonta a la era de la ocupación británica de Palestina, el llamado Mandato. La Ley de Emergencia Obligatoria de Reino Unido de 1945 sentó las bases para este pilar de la ocupación israelí.
Según Addameer, un grupo defensor de los derechos de los prisioneros palestinos, a día de hoy Israel retiene a 500 palestinos bajo este estatus irresponsable, totalitario y antidemocrático. Ocho de estos prisioneros son miembros del brazo legislativo de la Autoridad Palestina; es decir, son parlamentarios palestinos.
Incluso a los prisioneros palestinos que logran pasar por un juicio israelí se les niega algo parecido a la justicia. Los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza están sujetos a la ley militar israelí, y se enfrentan a tribunales presididos por oficiales del ejército de Israel que se hacen pasar por “jueces”. Estos tribunales tienen una tasa de condena del 99.7%. Mientras tanto, como otra prueba más del estatus de Israel como régimen de apartheid, los colonos israelíes que viven y ocupan estos mismos territorios están sujetos a la ley civil israelí, no a la militar. Sin embargo, en la práctica, los colonos pueden actuar con casi total impunidad a la hora de atacar a palestinos. E Israel afirma ser una democracia.
Desde 2012, las huelgas de hambre a menudo han comenzado después de que detenidos administrativos individuales lanzaran sus propias campañas para luchar pacíficamente contra su situación, atrapados en el limbo. Activistas carismáticos como Khader Adnan, Hana Shalabi y Mohammad Al-Qeq realizaron sus propias acciones contra la detención, y más tarde se les unieron otros detenidos en solidaridad. Estas huelgas tuvieron sus propios logros; varios prisioneros fueron liberados, pero, en última instancia, no lograron detener la práctica israelí de la detención sin juicio – una demanda clave de la huelga de hambre – durante poco más que periodos cortos. Esta vez, la protesta está mejor coordinada. El popular activista de Fatah, Marwan Barghouti, consiguió, de algún modo, sortear las restricciones israelíes y sacar de prisión un artículo de opinión para que fuese publicado por el New York Times, para la desesperación e indignación del gobierno israelí y sus partidarios. El antiguo embajador de Israel en EEUU, Michael Oren, trabaja ahora para el primer ministro Benjamin Netanyahu, e incluso amenazó con cerrar la oficina del periódico en Jerusalén como represalia. En el artículo, Barghouti relata cómo el racismo violento de la ocupación de Israel ha dominado su vida desde que era pequeño:
“Sólo tenía 15 años cuando me arrestaron por primera vez. Apenas había cumplido los 18 cuando un interrogador israelí me obligó a abrir las piernas mientras estaba desnudo en la sala de interrogatorios antes de golpearme en los genitales. Me desmayé del dolor, y la caída me dejó una cicatriz en la frente. Después, el interrogador se burló de mí, dijo que nunca procrearía porque la gente como yo sólo da a luz a terroristas y asesinos.”
Este tipo de tortura es endémica en las cárceles israelíes, como se documenta en minuciosos informes realizados por grupos defensores de los derechos humanos palestinos, internacionales e incluso israelíes. Esa es la verdadera razón por la que Oren y sus aliados están tan frustrados; tienen que disfrazar esta brutalidad para mantener la fachada de la democracia israelí. Cuando, en 2015, Gilad Erdan, ministro de seguridad pública, propuso la nueva legislación que permitía alimentar forzadamente a los prisioneros en huelga de hambre; la Knesset – el parlamento israelí - la aprobó. Esto a pesar de estar documentado que la alimentación forzada ha sido utilizada tan brutalmente que acabo con la vida de varios prisioneros palestinos en huelga de hambre.
Erdan también cuenta con el proyecto de un segundo departamento de gobierno – el Ministerio de Asuntos Estratégicos – que, desde hace ya varios años, se ha centrado casi exclusivamente en luchar contra el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). Esta campaña ha incluido una guerra de “operaciones negras” contra los activistas palestinos en el extranjero, que probablemente ha utilizado con tácticas como el cyberwarfare e invasión de la privacidad, acoso y amenazas de muerte.
Los prisioneros palestinos sólo piden derechos humanos fundamentales con su huelga de hambre, nada más. Acabar con la ocupación israelí de Cisjordania es un imperativo moral.
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