Ha pasado medio siglo desde que Israel estableció su brutal ocupación de Palestina, y casi siete décadas desde la Nabka palestina de 1948, que marca el comienzo de la discriminación, desposesión y sufrimiento de los palestinos. Desde entonces, los derechos inalienables del pueblo palestino han ocupado un lugar destacado en la agenda de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, la situación de los palestinos sigue igual.
Ante esto, el Centro Internacional de Ginebra para la Justicia (GICJ) ha encargado un informe – “Por encima de la ley: La no aplicación de Israel de las Resoluciones de la ONU”. El informe evalúa la aplicación de Israel de las Resoluciones respecto a Palestina y los derechos de su pueblo adoptadas por varios organismos de la ONU – el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y ECOSOC – desde 1948 hasta 2017. El estudio, de 330 páginas, se construye sobre la evaluación de expertos de la ONU, gobiernos y figuras de la sociedad civil, y se basa en observaciones de campo en Palestina. Se centra en tres áreas temáticas seleccionadas, que se abordan periódicamente en las resoluciones de la ONU:
- Derecho de los palestinos a la autodeterminación.
- Estatus legal, geográfico y demográfico de la Palestina Ocupada.
- Refugiados palestinos y personas desplazadas.
- Gobernabilidad, recursos naturales y economía.
- Militarización y operaciones militares.
- Derechos humanos de los palestinos.
El principal hallazgo del estudio es que Israel ha ignorado descaradamente todas las resoluciones de la ONU que critican sus actividades ilegales y sus graves consecuencias para los derechos del pueblo palestino desde 1948. El estudio también afirma que la ocupación israelí de Palestina está vinculada intrínsecamente con sus sitema de apartheid. La distinción de Israel entre la nacionalidad judía y la “ciudadanía” o estatus de “residencia” de los palestinos conforma las bases de la discriminación contra los palestinos. Este sistema también está interrelacionado con las prácticas y políticas cada vez más antidemocráticas de Israel, dirigidas a sus opositores políticos, incluidos a los disidentes judíos israelíes.
Derecho a la autodeterminación
El informe muestra que las bases para las políticas y prácticas ilegales de Israel características del colonialismo y del apartheid fueron establecidas hace casi siete décadas, con la Nakba de 1948. Ignorando la resolución de división, Israel había extendido sus fronteras más allá de las líneas de división designadas por la ONU, y anexionó el oeste de Jerusalén, que se había considerado una ciudad bajo un régimen internacional. Tras imponer su ocupación militar en el resto del territorio palestino en 1967, Israel promovió más medidas administrativas y legislativas para establecer un control permanente sobre la Palestina ocupada, en particular mediante su política de asentamientos. En los últimos años, Israel ha tomado medidas para subvertir la autodeterminación de Palestina, en represalia por el reconocimiento explícito de este derecho en la comunidad internacional.
Estatus legal, geográfico y demográfico
Conforme a su creación en 1948, Israel desarrolló rápidamente el marco legislativo para la expropiación del territorio palestino a favor de la colonización judía – primero dentro de Israel y, desde 1967, en la Palestina ocupada – en un intento de alterar ilegalmente el carácter, estatus y demografía de la Palestina histórica. Mediante leyes domésticas de propiedad discriminatorias, órdenes militares y un régimen de apartheid; Israel ha confiscado el territorio de Palestina y ha expropiado o destruido las propiedades palestinas en Israel o en la Palestina ocupada para construir y consolidar asentamientos judíos ilegales. Estas medidas se oponen a innumerables resoluciones de la ONU que determinan que la construcción de asentamientos israelíes no tiene ninguna validez legal y constituye una violación flagrante del derecho internacional y un gran obstáculo para una paz duradera, justa y global. En lugar de construir una política novedosa, la “legalización” retroactiva de Israel de sus puestos militares avanzados – que permiten la expropiación de terrenos palestinos privados, hasta entonces considerados ilegales incluso bajo la ley israelí – es una continuación de sus constantes violaciones.
La política de asentamientos, junto a la construcción de obstáculos físicos, socava la contigüidad de Palestina y fragmenta a las comunidades palestinas en pequeños enclaves desconectados controlados por la potencia ocupadora y rodeados de enormes bloques de asentamientos israelíes, muros, puntos de control, zonas de seguridad y carreteras sólo disponibles para los colonos israelíes. Los llamamientos de la comunidad internacional, incluido el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), se desvanecieron frente a los intocables asentamientos de Israel y la construcción del muro, que profundizó la fragmentación del territorio palestino y separó a familias.
Además, el informe revela cómo las actividades israelíes desde 1948 han erosionado el estatus internacional de Jerusalén como el centro de la vida política, cultural y social de Palestina, y continúan quebrantando el futuro estatus de Jerusalén Este como la capital del Estado palestino.
Refugiados y personas desplazadas
A pesar de la histórica resolución 194 (III) de la Asamblea General del 11 de diciembre de 1948 y la resolución 237 del Consejo de Seguridad del 14 de junio de 1967, así como incontables resoluciones relacionadas, Israel sigue negando los derechos de los refugiados palestinos y de las personas desplazadas, en particular su derecho a regresar. A falta de una solución justa, muchos se enfrentan a un inmenso sufrimiento y a unas condiciones deplorables bajo a la ocupación y en el exilio: vulnerabilidad, desposesión y situaciones socioeconómicas precarias. La transferencia de población de Israel y las recurrentes operaciones militares resultan en un desplazamiento incesante de la población palestina, de la que aún no se ha responsabilizado a nadie y aquellos que la sufren no han recibido ninguna compensación.
Gobernabilidad, recursos naturales y economía
Otro ámbito temático de las resoluciones de la ONU cuya aplicación se evalúa es la interferencia u obstrucción de Israel respecto a la gobernabilidad y el desarrollo económico, social y de infraestructuras de Palestina, lo que viola los derechos políticos, sociales y económicos palestinos.
Gobernabilidad: Después de 1967, las fuerzas militares israelíes agredieron, detuvieron o deportaron a los políticos palestinos y atacaron o cerraron las instituciones del gobierno. Los Acuerdos de Oslo arraigaron la ocupación política, ya que la Autoridad Palestina pasó a depender de la financiación israelí y obligada a cumplir con las disposiciones del acuerdo. A día de hoy, Israel sigue interfiriendo en el gobierno palestino mediante, entre otras cosas, la retención de fondos, la prevención de proyectos de desarrollo, el cierre de instituciones y oficinas, la restricción de la actividad política y la restricción de desplazamiento de los oficiales del gobierno palestino.
Recursos naturales: El sistema de control discriminatorio sobre los recursos palestinos está en el núcleo de la explotación de Israel de los recursos naturales palestinos en beneficio de la economía y de la población israelíes, incluidos los colonos. La política de cierre de Israel y las restricciones de desplazamiento obstruyen todavía más el uso de los palestinos de sus propios recursos naturales.
Economía, desarrollo social e infraestructuras: Israel no perdió el tiempo a la hora de orientar la economía palestina hacia sus propios intereses. Bajo el Protocolo de París de 1994, la dependencia económica palestina de Israel se afianzó. La restricción israelí sobre el desplazamiento de personas y bienes, las sanciones rigurosas, el régimen discriminatorio de zonificación y planificación, las acciones militares y el asfixiante bloqueo sobre Gaza han devastado a la economía palestina y han causado una dura situación socioeconómica, así como una intensa crisis humanitaria en Gaza.
Militarización y operaciones militares
La continua negativa de Israel desde 1967 de aplicar la Cuarta Convención de Ginebra ha creado una situación en la que una indefensa población civil se enfrenta a un vasto y poderoso ejército sostenido financieramente por el Estado israelí y apoyado diariamente por el gobierno israelí. Israel persiste en su ocupación militar y en las frecuentes operaciones destructivas, sobre todo en Gaza, caracterizada por el uso excesivo de la fuerza que sufren los palestinos. Esto causa unas incontables pérdidas y sufrimiento, privando todavía más al pueblo palestino de una vida digna.
Derechos humanos
Los abusos generalizados de Israel contra el pueblo palestino constituyen la cuestión más destacada, prolongada y seria sobre los derechos humanos en la agenda de la ONU. Independientemente de los constantes llamamientos de la comunidad internacional a Israel desde 1967 para que cumpla con sus obligaciones bajo los derechos humanos internacionales y la ley internacional en la Palestina ocupada, el Estado israelí ha arraigado más sus deliberadas e institucionalizadas violaciones de los derechos humanos de los palestinos, que a menudo han criticado las resoluciones de la ONU:
- El uso de una fuerza excesiva y a menudo letal por parte de las fuerzas ocupadoras de Israel, y la falta de prevención de la violencia colonial, son una violación del derecho fundamental a la vida de los palestinos.
- Israel sigue llevando a cabo detenciones masivas y arbitrarias bajo condiciones insostenibles de encarcelamiento, haciendo uso de la tortura, para imponer un castigo colectivo, de manera muy deplorable en forma de su bloqueo sobre toda la población de Gaza, y para deportar forzadamente a los palestinos.
- La potencia ocupadora interfiere arbitraria y violentamente con el derecho de propiedad, destruyendo casa e infraestructuras vitales en base a leyes discriminatorias, órdenes militares y un régimen de apartheid.
- Violando la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de los palestinos, y de su derecho a participar en la vida pública y política, Israel, entre otras cosas, cierra instituciones, dispersa las protestas pacíficas de manera violenta y arresta a los defensores de los derechos humanos.
- Israel limita el derecho de los palestinos a la educación, con medidas como restricciones en el desarrollo escolar, demoliciones y cierres de instituciones educacionales, restricciones de desplazamiento, redadas militares y violencia colonial.
- Restringiendo la libertad de desplazamiento, Israel impone toques de queda en zonas enteras y ha construido el Muro, el sistema de puntos de control y otros obstáculos físicos, además del régimen de permisos asociado.
- Negando el derecho a la residencia y a la vida familiar, Israel promulga leyes discriminatorias que regulan la entrada y la residencia, así como la reunificación de familias, y perpetra prácticas que discriminan a la población palestina, como la negación o la revocación de estatus de residencia.
- Además, la potencia ocupante restringe la libertad de religión y culto, especialmente mediante restricciones de acceso y “excavaciones arqueológicas” que ponen en peligro el mantenimiento de los Sitios Sagrados. Las frecuentes incursiones, provocaciones e incitaciones por parte de oficiales del gobierno, líderes religiosos, fuerzas de ocupación y colonos extremistas violan el estatus quo histórico y la santidad de los Sitios Sagrados.
- Mediante sus políticas y prácticas, Israel priva a los palestinos del derecho a un nivel de vida adecuado. Sus acciones ponen en peligro el medio de vida, aumentan la pobreza y la inseguridad alimentaria, niegan a los palestinos de los servicios sociales, restringen el acceso a atención médica de calidad y han provocado una peligrosa crisis humanitaria en Gaza.
Evaluación general
Mientras que Israel ha seguido desafiando a la ley internacional y a las leyes de derechos humanos con total impunidad durante casi siete décadas, los palestinos contemplan cómo se desintegran sus derechos frente al destino de una larga ocupación, una guerra asimétrica, la política de poder y la conveniencia política. Los esfuerzos incansables de varios Estados miembros de la ONU para imponer medidas coercitivas necesarias bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad para obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones internacionales han sido obstaculizados repetidamente por el veto de Estados Unidos.
El informe concluye diciendo que la única manera de acabar con los abusos en la región es desmembrar al brutal sistema de ocupación. La liberación de Palestina de sus grilletes de ocupación y apartheid y el fin de la discriminación étnica y contra las minorías políticas en Israel allanarían el camino hacia la verdadera democracia y una paz justa en la región. Para lograr este objetivo, todos los involucrados a los que realmente les importan los derechos humanos y la paz deben actuar como un frente unido para acabar con este sistema inhumano que amenaza a la humanidad y la justicia de todos nosotros.
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