Amnistía Internacional, organización humanitaria internacional, en su último informe publicado el domingo, inquiría sobre el destino de 643 hombres y niños secuestrados por las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes en la región de Saqlawia, en la provincia occidental iraquí Anbar en el año 2016.
La Organización asegura que la desaparición de los cientos de personas se produjo durante unas operaciones militares llevadas a cabo en Faluya, la ciudad más grande de la provincia, y en zonas colindantes para librarlas del control de las fuerzas de Daesh.
En el informe se aclara, según los testimonios de superviviente al secuestro y familiares de algunas personas secuestradas, que “ miles de hombres, mujeres y niños que intentaron huir de Saqlawia, la mañana del 3 de junio de 2016, fueron sorprendidos por la Fuerzas de Movilización Popular”. Los hombres armados “ apartaron a unas 1300 personas, hombres y niños civiles, y los trasladaron a casas y edificios abandonados ( antiguos comercios ) de una localidad cercana donde confiscaron su documentación personal, los teléfonos y otros objetos de valor”. “ A la mañana siguiente se los llevaron en autobuses a un paradero desconocido”.
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El informe señala las vejaciones física y psicológicas a las que están expuestos los secuestrados. Pues los testimonios de los supervivientes son escalofriantes, aseguran haber sido maltratados y apaleados con instrumentos de toda índole; cables, palas… además de haber presenciado la muerte de otros secuestrados.
El 5 de junio de 2016, la Oficina del primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, formó una comisión de investigación encargada de esclarecer todos los crímenes cometidos durante la toma de Faluya a Daesh, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones de los derechos humanos durante la operación militar.
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Las Autoridades locales de la provincia de Anbar pretenden hacer lo mismo en otras zonas donde también se llevaron a cabo operaciones militares de la misma índole.
El resultado de las investigaciones ha de ser presentada al primer ministro cuyo gabinete valorará lo sucedido para tomar medidas necesarias, tanto para la detención de los responsables como para la condena por su delito.
Sin embargo Amnistía Internacional expresó, en un informe publicado el 18 de octubre de 2016 su preocupación por la parsimonia de Bagdad a la hora de tomar medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, pues muchos de los organismos de seguridad encargados de esclarecer lo ocurrido pudieron formar parte en las violaciones a los derechos humanos.
Amnistía ha pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades que revelen el destino y paradero de los y las desaparecidas para que se puedan llevar a cabo las investigaciones de forma “integral, justa e independiente” y puedan reportarse todos los crímenes cometidos y asegurar que los criminales cumplan su condena independientemente de su renombre, riqueza o cargo.
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