El criterio del Tribunal Supremo acerca de a quién se le puede impedir la entrada en Estados Unidos bajo la prohibición de desplazamiento del presidente Donald Trump podría sembrar la confusión entre los oficiales estadounidenses en el extranjero, encargados de implementarla, afirman varios expertos.
Las personas que tienen una “relación de buena fe con una persona o entidad” en los Estados Unidos se libran de la prohibición temporal que afecta a personas de seis países de mayoría musulmana, y a todos los refugiados a los que los jueces permitieron el lunes que entraran en efecto parcialmente.
“Que yo sepa, no hay precedentes para algo como esto”, dijo Jeffrey Gorsky, ex consejero legal para la Oficina de Visas del Departamento de Estado, refiriéndose al nuevo estándar de “buena fe”.
Gorsky dijo que es probable que el estándar siembre la confusión entre los oficiales consulares de EEUU que tengan que tomar decisiones para otorgar visas, y podría requerir de otra decisión del tribunal para determinar qué constituye una suficiente conexión con Estados Unidos como para permitir la entrada al país.
El Tribunal Supremo acordó decidir la legalidad de la orden de Trump en su próximo mandato, que comienza en octubre. El juez Clarence Thomas sostuvo que el tribunal debería haber concedido la solicitud de Trump para implementar la prohibición de viaje en su totalidad mientras continúa la batalla legal.
“El compromiso de hoy cargará a los oficiales ejecutivos con la tarea de decidir si los individuos de las seis naciones afectadas que deseen entrar en EEUU tienen una conexión suficiente con una persona o una entidad de este país”, escribió Thomas, junto a otros dos jueces conservadores.
En la sentencia del lunes, el tribunal superior dio algunos ejemplos de conexiones permitidas. Para individuos, se requiere una relación familiar cercana.
Las relaciones de buena fe con entidades deben ser “formales” y estar “documentadas”. Eso incluiría a estudiantes que hayan sido admitidos en escuelas estadounidenses y trabajadores que hayan aceptado una oferta de empleo en una empresa americana. Señaló que la orden ejecutiva de Trump ya permitía exenciones caso por caso para personas con conexiones con el país.
Por otra parte, los jueces contaron que las relaciones creadas con el propósito de evadir la prohibición no se considerarán válidas. Por ejemplo, una agencia de inmigración no puede añadir a extranjeros a listas de clientes “y después asegurar su entrada alegando lesión por su exclusión”.
La orden del 6 de marzo declaró una prohibición de 90 días a viajeros de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen y una de 120 días a todos los refugiados para permitir que el gobierno implemente procedimientos de investigación más intensos. Trump citó las preocupaciones por la seguridad nacional como las razones de la orden.
Stephen Legomsky, abogado jefe de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de EEUU bajo el gobierno del ex presidente Barack Obama, declaró que podría demandarse que se ignore una relación de buena fe.
Aunque Legomsky cree que la mayoría de casos quedarán claros, los tribunales tendrán que determinar si razones como visitar a un amigo cercano o acudir a una boda pueden ser válidas.
“En teoría, se podría decir que, si alguien viene por turismo y ha reservado en un hotel, ahora existe un interés estadounidense en traerlos al país. El hotel es una entidad estadounidense”, dijo Gorsky.
Algunos abogados también han dicho que la vaguedad del estándar de “buena fe” era una licencia para la administración de Trump para interpretarlo ampliamente.
“Es como una luz verde para el gobierno para hacer lo que quiera”, dijo Kiyanoush Raazaghi, un abogado de inmigración de Maryland que trata principalmente con clientes iraníes. “¿Quién nos va a definir una ‘relación de buena fe’?”
La difícil tarea de juzgar las supuestas conexiones de los extranjeros podría determinarse en los tribunales inferiores de Maryland y Hawaii que, inicialmente, bloquearon la orden de Trump, dijo Stephen Vladeck, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
“Podría haber docenas de estos casos entre este momento y septiembre”, dijo Vladeck, añadiendo que el Tribunal Supremo no podrá sopesarlos caso por caso.
David Martin, ex oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ahora profesor en la Universidad de Virginia, declaró que la orden está “cuidadosamente adaptada”.
Martin dijo que parte de la razón es el proceso de renuncia caso por caso que ya estaba previsto en la orden ejecutiva.
“Creo que habrá algún litigio sobre el alcance de estas relaciones de buena fe, pero no creo que sea tan pesado como sugieren los disidentes”, declaró Martin.
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