A lo largo de diez años de bloqueo israelí de la Franja de Gaza, solo un jefe de Estado árabe ha visitado el territorio. En octubre de 2012 el Emir de Qatar, el jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, fue a Gaza para ver con sus propios ojos la devastación causada por las ofensivas de Israel. Desde entonces, el Estado de Qatar ha contribuido con cientos de millones de dólares en ayuda para la reconstrucción y el desarrollo de proyectos en el enclave costero.
Cinco años después, la región ha sido testigo de un gran realineamiento de fuerzas políticas. Siguiendo los pasos de Egipto, varios países del Golfo –Arabia Saudí. Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin– han iniciado maniobras para la normalización de relaciones con Israel, aunque sin declaraciones formales al respecto.
Este extraordinario giro de los acontecimientos contradice los términos de la iniciativa de paz que presentaron los países árabes para el conflicto palestino-israelí, patrocinada por el príncipe Abdulá, heredero a la corona saudí, y adoptado por la Liga Árabe en 2002. En él, los árabes ofrecían normalizar las relaciones con Israel a cambio de la retirada total de los israelíes de los territorios ocupados en 1967, incluyendo Jerusalén Este, además de una solución “justa” para la cuestión de los refugiados, basada en la resolución 194 de la ONU. No sólo Israel rechazó la iniciativa, de hecho desde entonces ha expropiado muchas más tierras y tomado nuevas medidas para anexionarse partes de Cisjordania y los Altos del Golán por completo.
De manera previsible, cuanto más se acercan los países del Golfo a Israel, más se alejan de Qatar. En marzo de 2014, Arabia Saudí, los EAU y Bahréin retiraron a sus embajadores de Doha bajo el pretexto de haber “interferido en sus asuntos internos”. A pesar de que esta crisis fue contenida momentáneamente, era solo cuestión de tiempo que los nuevos aliados árabes de Israel actuaran contra su vecino.
Las presiones regionales contra Qatar han proporcionado a la Autoridad Palestina (AP) la excusa perfecta para dar un nuevo impulso a su campaña contra la administración de Hamás en Gaza. En abril, el presidente Mahmoud Abbas aprobó un recorte del 30% en los salarios de los funcionarios del acosado territorio. Ese mismo mes, la AP informó de que no pagaría el suministro de electricidad a Gaza. Los residentes de la Franja se ven forzados ahora a sobrevivir con tan solo 2 o 4 horas de electricidad al día.
El sector sanitario es el más duramente afectado por estas medidas, alcanzando su punto límite las últimas semanas cuando se acerca el verano al Mediterráneo. En los últimos días hemos asistido a una subida dramática del número de muertos, en especial entre mujeres y niños.
Asimismo, el Dr. Ashraf al-Qudra, portavoz del Ministerio de Salud, ha desvelado que hay entre 3.000 y 4.000 pacientes en Gaza que necesitan tratamiento médico inmediato. Como para echar sal sobre las heridas, sin embargo, la AP en Ramallah se ha negado a pagar las ayudas de más de 1.600 pacientes de Gaza para que pudieran encontrar tratamiento en Israel y Jordania. Muchas de estas personas -como recuerdan constantemente los palestinos- sufren cáncer y problemas de corazón.
Increíblemente la única excepción a esta política adoptada por la administración de Abbas fue un gato propiedad de un inmigrante ucraniano en Gaza. Se le garantizó un permiso especial para que fuera tratado en Israel por un haberse roto una pata. El documento adjunto lo confirma.
Tras todo esto, la situación en Gaza no deja ninguna duda de la habilidad de los líderes árabes para autodestruirse. Después de 10 años de sanciones israelíes, el desempleo ha escalado hasta el 47%, y el número de personas bajo el umbral de la pobreza alcanza ya el 65%. A medida que la situación se escapa de control, Israel está empezando a cargar el peso de la culpa sobre Abbás.
No hay prueba de que el objetivo del bloqueo israelí sea exterminar al pueblo de Gaza, y en comparación con otros contextos –como en Irak, donde el régimen de sanciones de Occidente causó 1,7 millones de muertes civiles– las bajas han sido menores. Sin embargo, no hay ninguna duda de que los principales medios de vida de los gazatíes han sido destruidos. Según los expertos, solo esto bastaría para que constituyera una forma de genocidio, de acuerdo con la resolución 96-1 (1946), adoptada de forma unánime por la Asamblea General de la ONU, y que afirma que un genocidio puede cometerse al margen de que se produzcan crímenes de guerra.
Dado lo prolongado del bloqueo de Gaza –que no deja de crecer cada día– es bastante asombroso que no se hayan tomado pasos para detener esta atrocidad. La reticencia de países como Alemania y Francia de actuar contrasta con la rapidez con la que se han puesto de parte de Qatar cuando se ha visto víctima de su particular bloqueo. Lo mismo puede decirse de Human Rights Watch, que ha sido vociferante en su denuncia del asedio que Arabia Saudí, EAU, Bahréin y Egipto han lanzado contra Qatar.
Simplemente no hay excusa para el silencio o la complicidad respecto al bloqueo de Gaza, especialmente dado el contexto del derecho de Palestina a la liberación nacional y la autodeterminación. Siendo así, no hay nada peor que la decisión de algunos Estados del Golfo de igualar a Hamás –que simplemente resiste contra la ocupación israelí– con Al-Qaeda, Boko Haram o el Dáesh.
Nadie quiere ser oprimido ni denigrado, y los palestinos de Gaza no son una excepción al respecto. Han elegido libertad frente a las ataduras, dignidad en vez de humillación. Por esta razón han sido aislados y privados hasta el punto que el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria. Todo apunta que la amarga experiencia de injusticia y traición contra los gazatíes va a continuar. Pero una cosa está clara, por mucho que los estados árabes normalicen sus relaciones con Israel, el pueblo palestino permanecerá irreductible.