Los tribunales marroquíes han dictado largas penas de prisión, incluyendo ocho condenas a cadena perpetua, para la veintena de activistas saharauis acusados de causar disturbios durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en el año 2010. Los acusados no han acudido a la sesión, al no reconocer la legitimidad del tribunal marroquí. Este juicio se produce como revisión del celebrado en 2013, sobre el que pesaban denuncias de errores procesales.
El campamento reivindicativo de Gdeim Izik fue instalado en el año 2010 a sólo 15 kilometros de El Aaiún, la capital de la región, para protestar contra la discriminación que, según denuncian los activistas, padece la población saharaui que vive en el territorio controlado por Marruecos. Este formato de acampada-protesta es el que posteriormente inspiraría a las primaveras árabes y también a movimientos contestatarios europeos o norteamericanos, como el 15-M en España o el movimiento Occupy Wall Street.
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Durante el desalojo del campamento de Gdeim Izik por parte de la policía marroquí, se produjeron fuertes enfrentamientos que culminaron con la muerte de 11 policías, hechos que se le imputan directamente a los activistas.
La abogada española Rosalía Perera Gutiérrez, miembro de la Consejo General de la Abogacía Española, y que ha asistido en calidad de observadora a las sesiones del juicio, calificó las penas de "durísimas" y denunció que no hay pruebas suficientes que permitan condenar a los saharauis por la muerte de los once agentes marroquíes.
Por su parte, el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (que goza tan solo del reconocimiento parcial de algunos Estados) también condenó las sentencias a través de un comunicado oficial, dondee aprovechó para enviar su apoyo incondicional a los presos y hacer un llamamiento a la comunidad internacional para poner fin al litigio sobre la soberanía del Sáhara que dura desde 1975.
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