El proyecto de ley de lucha contra los ataques a las fuerzas armadas, presentado por el gobierno del presidente tunecino Habib Essid en 2015 y que no se llevó a cabo por la oposición de las organizaciones de derechos humanos, ha vuelto a ser relanzado esta semana después de que un policía fuera quemado vivo por parte de manifestantes en la provincia de Sidi Bouzid (al sureste del país). No obstante, el Sindicato de Periodistas de Túnez, y una serie de organizaciones de derechos humanos han vuelto a exigir al gobierno su retirada.
Naji Bghouri, portavoz de los periodistas tunecinos, dijo en una conferencia de prensa en la sede del sindicato que exigen "la retirada inmediata de esta ley, que establece una dictadura policial estatal y suprime la libertad de las organizaciones de prensa y de los medios e impide detectar casos de tortura".
Bghouri añadió que en su opinión "esta ley sofoca la vía democrática y los logros en el campo de los derechos y libertades, e impone un estado policial que utiliza la seguridad para protegerse a sí mismo, por eso hay que hacer frente a esta ley", añadiendo que "todas las organizaciones unidas la rechazan (la ley) por completo."
Trece organizaciones de derechos humanos participaron en la conferencia de prensa, entre los que están la Unión Nacional periodistas de Túnez, la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (no gubernamental) y Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura (constitucional independiente).
Según el presidente de los periodistas, sin duda es necesario proporcionar una protección para las fuerzas de seguridad, pero no mediante una ley que les confiere "el derecho de matar sin rendición de cuentas", algo que no ocurre en ninguna democracia, y mucho menos en los regímenes más autoritarios.
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Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura (independiente constitucional) Hamida Dridi, dijo: "Exigimos la retirada inmediata de esta ley, puesto que dificultará nuestro trabajo de visitar los centros de detención para corroborar violaciones de ley y preparar informes para darlos a conocer a la opinión pública, lo que sería más complicado si esa ley llega a entrar en vigor… Esta ley de impunidad es completamente contradictoria con el derecho internacional y los principios rectores de los derechos humanos, y permite cometer asesinatos por parte de los agentes de seguridad sin ser cuestionados ni rendir cuentas ante los tribunales."
Cabe mencionar que el 7 de julio cientos de agentes de seguridad se manifestaron frente al edificio del Parlamento tunecino exigiendo la aceleración en la aprobación de la ley para protegerlos durante el ejercicio de sus funciones, exigiendo además una compensación económica en caso de daños durante el trabajo.
El ministro del Interior, Al-Hadi al-Maydub, recordó que más de sesenta agentes de seguridad han muerto y dos mil resultaron heridos en ataques terroristas en Túnez desde el año 2011.
De acuerdo con Al-Maydub, la existencia de una disposición legal especial de protección de seguridad es necesaria, debido a la situación de hoy en Túnez, especialmente con el auge un fenómeno "muy preocupante" como lo es el de los ataques dirigidos a las fuerzas seguridad.
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