La Autoridad Palestina sigue generando noticias por las razones equivocadas, una tendencia que copia de Israel, que también está tratando de aumentar la fragmentación palestina. Los medios de comunicación israelíes informaron ayer sobre un fallo emitido por el Tribunal del Distrito de Jerusalén, que permite a los palestinos detenidos por la Autoridad Palestina y que colaboraron con Israel pedir compensación a la Autoridad por tortura.
El juez Moshe Drori considera que esos palestinos han sido detenidos ilegalmente. Afirmó que había varias consideraciones que motivaban el fallo. Drori declaró que "la detención por parte de la AP por motivos que no están dentro de su jurisdicción, especialmente cuando se trata de motivos de seguridad, tiene en sí misma implicaciones de seguridad, ya que la detención está destinada, desde el punto de vista de la Autoridad, a dirigir la conducta de sus residentes contra el Estado de Israel y en favor del apoyo de actividades terroristas.” Los comentarios de Drori, publicados en Israel National News, apuntan a lo selectivo de las detenciones, mientras que el uso de la tortura, tanto por Israel como por la AP, está relegado a un segundo plano. El fiscal Barak Kedem consideró que el fallo de Drori refleja la "profunda obligación moral de Israel para con los que fueron torturados y asesinados".
Para la AP, los procedimientos judiciales no suponen un buen presagio. Sin embargo, existe un universo paralelo de tortura dentro de los servicios de seguridad de la AP en el que las víctimas palestinas no podrán recurrir a la justicia, y mucho menos recibir compensación. La decisión de Drori exacerba esta división, al mismo tiempo que arroja luz sobre la postura hipócrita adoptada tanto por Israel como por la AP cuando se trata de tortura.
Si las víctimas de tortura son clasificadas como colaboracionistas palestinos con Israel, las opciones para esas personas, una vez liberadas, podrán pasar por conservar un estatus privilegiado en Israel, aunque atraigan el desprecio de los palestinos leales a la resistencia. Las pérdidas financieras de la AP por las compensaciones decididas por los tribunales no afectarán a sus prácticas de tortura sobre los palestinos, víctimas de los servicios de seguridad a través de su coordinación en seguridad con la potencia ocupante. Tampoco los periodistas palestinos torturados por la Autoridad Palestina tendrán derecho a un recurso legal.
Al igual que la Autoridad Palestina, Israel no tiene reparos en permitir que la tortura continúe, si significa sofocar la legítima lucha anticolonial. Las supuestas obligaciones morales de Israel no son sino una máscara que promueve la represión, directa o indirectamente. En este caso, elevar a los colaboradores palestinos y obligar a la Autoridad Palestina a pagar una compensación por la tortura sólo servirá para promover el mensaje de que la traición está bien recompensada. La Autoridad Palestina, en su intento de desempeñar sus funciones como primera y máxima colaboradora de Israel en contra de los palestinos, así como en contra del liderazgo representativo, ha entrado en un estancamiento de su autoridad que se ve manipulada por los poderes que han permitido su existencia hasta hoy.
Debajo de toda la hipérbole de derechos, representación y justicia, los palestinos siguen siendo torturados por los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina antes de ser trasladados a Israel para una tortura adicional. La explotación de la división palestina nunca ha sido más fácil, ya que los líderes palestinos reconocidos internacionalmente no se han opuesto a su papel asignado de crear un espectro de víctimas que luego se clasifican como merecedoras o no merecedoras de acuerdo con la hegemonía política. Eso en sí mismo es otra forma de colaboración con el ocupante en detrimento del pueblo palestino.
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