El Parlamento iraní ha aprobado enmiendas para sus leyes antidroga que podrían hacer que se reduzcan drásticamente el número de ejecuciones en el país.
Bajo la ley existente en Irán, ciertos delitos no violentos, como la posesión y el tráfico de grandes cantidades de drogas, conducen a una sentencia de muerte. Si bien la ley todavía exige que los perpetradores de estos delitos sean ejecutados, la enmienda ya ha elevado el umbral de posesión de drogas que conlleva pena de muerte de 30 a 50 kilogramos por persona.
Con 576 ejecuciones el año pasado, según Human Rights Watch, Irán es el segundo país después de China en la tasa global de ejecuciones estatales. El grupo de derechos humanos también reveló que actualmente hay 5.000 personas en el corredor de la muerte de Irán por delitos de drogas; la mayoría de ellos tienen entre 20 y 30 años.
Se cree que este movimiento se ve impulsado por el reconocimiento de que las leyes existentes no están consiguiendo reducir el número de traficantes de drogas. Se calcula que diez millones de iraníes trabajan actualmente en la industria farmacéutica. A su vez se dice que la industria vale 1.500 millones de dólares y que el uso de drogas ha aumentado en un 14% desde 2015, y que es poco probable que la tendencia cambie pronto.
Aunque el Parlamento aprobó la enmienda, el proyecto de ley sólo entrará en vigor si el Consejo de Guardianes de la Revolución, un cuerpo de 12 juristas islámicos, aprueba los cambios.
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