El gobierno marroquí ha respondido a un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre los acontecimientos en Alhucemas, alegando que está lleno de "acusaciones infundadas".
La Delegación Interministerial para los Derechos Humanos (DIDH) en Marruecos respondió a la ONG de derechos mediante una declaración que decía:
El informe de Human Rights Watch (HRW) sobre los acontecimientos de Alhucemas, publicado el 5 de septiembre, contiene acusaciones y errores infundados relativos a la gestión y tratamiento por parte de las autoridades públicas de manifestaciones (...)
Rabat expresó su rechazo al contenido de este documento, "teniendo en cuenta que la metodología utilizada carecía de la profesionalidad y la independencia necesarias para la preparación de informes por organizaciones creíbles".
Las autoridades marroquíes rechazan categóricamente el contenido del documento en cuestión y las posiciones adoptadas por HRW que buscan desacreditar los logros en materia de democracia y derechos humanos
Sarah Leah Whitson, directora de la División de Medio Oriente y África del Norte en HRW, había dicho: "El Rey Mohammed VI afirmó durante el Festival del Trono que los marroquíes tienen el derecho, e incluso el deber, de estar orgullosos de su aparato de seguridad".
"¿No estarían aún más orgullosos si las acusaciones de abusos policiales dieran lugar a investigaciones creíbles y si los tribunales se negaran a condenar a los detenidos por una confesión dudosa?.”
En su declaración, la DIDH añadió que las autoridades marroquíes "no aceptan que una organización internacional que pretende defender los derechos humanos sistemáticamente desacredite la independencia e imparcialidad de la justicia marroquí, que tiene todo el poder para examinar la validez de las denuncias relativas a cualquier abuso, su naturaleza o su autor.”
Otro punto de divergencia entre la delegación interministerial y la ONG son las condiciones en las que se han producido los juicios de los detenidos de Hirak.
“Según informes de los médicos ... varios detenidos dicen que la policía los obligó a firmar sus minutos de interrogatorio sin leerlos", escribió HRW en su informe.
Esto también fue descartado como "conclusiones" erróneas incompatibles con los hechos jurídicos que confirman que "la detención de un grupo de personas tuvo lugar tras las manifestaciones en la provincia de Alhucemas debido a que presuntamente cometieron actos contrarios a la ley."
Muchos de los detenidos desde que estallaron en octubre del año pasado las protestas en la región del Rif tras la muerte de un pescadero en Alhucemas han afirmado haber sido torturados mientras estaban detenidos y que sus confesiones fueron extraídas bajo la fuerza.
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También apareció un video en el que aparecía el líder del movimiento Hirak, Nasser Zefzafi mostrando marcas de tortura en su cuerpo.
Según el gobierno de Rabat, hasta la fecha se han realizado 66 exámenes médicos para determinar si hay rastros de abuso físico y se ha abierto la investigación para 23 casos.
"Las personas detenidas han sido sometidas a estrictos procedimientos bajo la supervisión directa del fiscal competente, que ha asegurado la correcta aplicación de la ley en los casos que se les han sometido y el respeto de los derechos humanos, incluida la obligación de ofrecer todas las garantías de la presunción de inocencia y de un juicio justo para los detenidos", explicó el DIDH.
Más de 150 manifestantes, entre ellos miembros del movimiento Hirak, han sido arrestados por participar en manifestaciones semanales pidiendo al gobierno que mejore el desarrollo de la región del Rif así como mayores oportunidades de empleo.
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