Al parecer, existe una discusión interminable sobre el Artículo 102 de la Constitución argelina, que prevé la renuncia del presidente en caso de que no pueda desempeñar sus funciones.
El artículo es explícito: “Si el presidente de la República, por enfermedad grave y duradera, se encuentra en la imposibilidad de llevar a cabo sus funciones, el Consejo Constitucional se reunirá y, tras haber verificado la incapacidad con los medios apropiados, propondrá unánimemente al Parlamento declarar el estado de impedimento. Las dos salas del Parlamento declararán el estado de impedimento del presidente de la República con una mayoría de dos tercios (2/3) de sus miembros, y encargará al presidente del Consejo de la Nación que ejerza como Jefe de Estado por un período máximo de cuarenta y cinco (45) días”.
En realidad, el actual presidente de Argelia lleva al menos cuatro años incapacitado. No puede mantenerse de pie y no le hemos oído hablar. Apenas realiza un mínimo de sus tareas, si nos creemos las imágenes de la televisión estatal, que se editan antes de mostrarse al mundo.
Sin embargo, hay un equipo que lleva negándolo durante años. Sus miembros afirman que el presidente “está en plena salud y lleva a cabo sus tareas de manera habitual”. ¿En secreto?
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Hoy en día, Argelia se divide en dos campos que luchan tanto en el papel como en las redes sociales. Un bando está frustrado y ha perdido la confianza, y pide al presidente que se retire; el otro insiste en que está bien y totalmente capaz de ejercer. Este último no duda en acusar a los anteriores de ser traidores y creadores de caos.
También está el liderazgo del ejército, que está sesgado hacia el primer bando con el pretexto de respetar la Constitución y la lealtad a las instituciones del Estado. Aunque nadie le ha pedido al ejército intervenga directamente para resolver el problema, sus principales oficiales se han puesto de parte de los oponentes al presidente. Esto lo ha declarado abiertamente el teniente general Ahmed Gaid Salah, jefe de personal, y la revista militar Al-Jaysh.
El desastre que ha sufrido Argelia, en general y, más específicamente, en términos de trabajo político, es la falta de ejemplos o modelos. Nadie se fía de nadie; es como si el país sufriera una desertificación.
El gobierno ha desacreditado a todo aquel con algo de credibilidad, tanto a individuos como a grupos. Lo han hecho mediante acusaciones directas, desafiando la base de su credibilidad y cuestionando su honor y sus intenciones. Desde que Abdelaziz Bouteflika se convirtió en presidente en 1999, ha insistido en excluir a aquellos que no le prometen una obediencia ciega y a todos los que no estén de acuerdo con él, aunque sea mínimamente. En cuanto alguien menciona el nombre de cualquier individuo, grupo o entidad, se encuentran con un aluvión de dudas y escepticismo. Ningún político, erudito, intelectual, clérigo ni hombre de negocios se ha librado de esto.
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En medio de esta sequía política, el ejército sobresale como la única organización capaz de imponer disciplina y respeto. Se ha ganado esta posición al ser el “heredero del Ejército de Liberación”, cuyos soldados lucharon contra el colonialismo francés hasta su último aliento. También es significativo que el ejército se conforme de personas de todos los sectores de la vida en Argelia, y que formase parte del desarrollo del país en los años 70 y 80.
La otra cara de este estado casi mítico es que el ejército es el único jugador político que puede hacer o destruir a presidentes. El hecho de que monitoree, mediante varias agencias y ramas, el trabajo de las instituciones estatales y personal argelinos suele pasarse por alto. Lleva jugando este papel entre bastidores desde 1962; todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevió a hablar de ello hasta 1992, cuando varios oficiales decidieron involucrarse abiertamente en actividades políticas.
En lugar de ser perjudicial, esta intervención provocó que el ejército obtuviese más crédito a expensas de civiles y políticos. Estos últimos quedaron en deuda con el ejército por “salvar al país de la oscuridad de los islamistas.”
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Básicamente, los políticos se rindieron, dando vía libre al ejército, cuyos oficiales se garantizaron el liderazgo y el derecho a imponerse sobre todos los demás. Por lo tanto, en cada impase político, todas las miradas se dirigen al Ministerio de Defensa para esperar una solución. Cuando surgen problemas políticos, incluso los políticos y periodistas de la oposición de todo tipo de trasfondo ideológico admiten que el ejército es la respuesta.
Esta realidad ignora el hecho de que el mundo ha avanzado, y Argelia también. No se puede repetir la forma en la que se “salvó” Argelia en 1992. Además, el ejército no debería ser la causa de un problema político y no debe ser parte de su solución. La manera de proteger al ejército argelino es dejar de cuestionar su papel en la política; es un error y una expresión de fracaso político. Además, el liderazgo del ejército debe dejar de considerar indefensa a la sociedad.
El deber del ejército nacional es proteger las fronteras del Estado y defender a sus ciudadanos. Pedirle al ejército algo más es responsabilizarlo de algo en lo que no debería involucrarse, y es una forma de legitimar el militarismo.
Este artículo apareció originalmente en árabe en Al-Quds Al-Arabi el 19 de septiembre de 2017.
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