La Comisión de Integridad, un organismo independiente encargado de investigar la corrupción y afiliada al parlamento iraquí, declaró el miércoles que el poder judicial ha condenado a dos ex gobernadores a prisión, declarados culpables de corrupción.
El tribunal penal de la provincia de Diyala (este) condenó en rebeldía al ex gobernador Abdel Nasser al-Mahdawi durante siete años por "violar las normas de conducta sin justificación legal", según el comunicado.
Al-Mahdawi también fue condenado por "concluir un contrato con una empresa turca para operar en la ciudad de Baqubah (centro de Diyala) e instruir al director del municipio de Baqubah para que use las máquinas de la dirección para trabajar con esta empresa, además de firmar el informe del comité técnico sin tener en cuenta las restricciones legales, lo que condujo a una mala gestión de los fondos públicos ".
El tribunal también sentenció al ex gobernador de Diyala Omar al-Humeiri a seis años de cárcel por "cometer violaciones legales en la ejecución del proyecto que tenía por objeto equipar a los departamentos estatales de la provincia con muebles y mal manejo de fondos públicos".
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Al-Humeiri también fue declarado culpable por "no haber formado un comité de revisión de costos y administración, ignorando los costos estimados del proyecto, y no teniendo en cuenta los términos legales para la declaración y remisión".
La declaración de la comisión indica que "el tribunal ha ordenado la confiscación de sus bienes muebles e inmuebles y garantiza el derecho a reclamar una indemnización a los afectados una vez que la sentencia sea definitiva y ejecutoria".
La sentencia es solo una sentencia preliminar, y se puede apelar en los tribunales.
En febrero de 2012, al-Mahdawi, miembro del partido islámico sunní, renunció a su cargo debido a desacuerdos con el gobierno federal sobre la administración del archivo de seguridad. Posteriormente fue acusado por el poder judicial de estar involucrado en casos de corrupción y probablemente ha huido del país.
En enero de 2014, el Consejo Provincial de Diyala despidió a al-Humeiri (que también pertenecía al Partido Islámico) de su cargo.
En diciembre de 2013, el poder judicial emitió una orden de arresto contra al-Humeiri, de conformidad con el artículo 340 del código penal iraquí por mala gestión de los fondos públicos.
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