La Administración estadounidense ha acusado al gobierno de Egipto de “fracasar a la hora de proteger la libertad de expresión y a las minorías, a la hora de investigar las violaciones (de derechos humanos) de las fuerzas de seguridad, y a la hora de conceder a observadores estadounidenses acceso a la gobernación norteña del Sinaí, afectada por el conflicto."
Estas acusaciones se incluyen en un memorándum presentado por el Secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, al Congreso, el 22 de agosto pasado. La presentación de este memorándum coincide en el tiempo con la decisión de la administración de Estados Unidos de reducir la ayuda entregada a Egipto.
De acuerdo con este memorándum, que el Departamento de Estado de Estados Unidos se abstuvo de publicar en aquel momento y al que ha tenido acceso la agencia Associated Press ayer miércoles, "el clima general de los derechos humanos en Egipto continúa deteriorándose."
El memorándum denuncia las "operaciones de retención, y detenciones arbitrarias y desapariciones, que continúan en Egipto", señalando que existen informes que describen "ejecuciones extrajudiciales fuera del marco de la ley, y casos de tortura y asesinato contra detenidos bajo custodia."
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La agencia americana sugería también compartir este memorándum con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, que se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las reuniones a celebrarse en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
También se señalaba que este memorándum era un requerimiento legal para que la administración estadounidense siga concediendo asistencia específica a El Cairo, a pesar del fracaso del último a la hora de cumplir con las condiciones que deben verificar los buenos gobiernos.
Las autoridades egipcias no han comentado el contenido del memorándum a posteriori, pero su costumbre es negar este tipo de acusaciones.
Se debe señalar que el gobierno de Estados Unidos bloqueó el mes pasado 100 millones de dólares destinados a ayuda militar y financiera para Egipto, de un monto total aproximado de 200 millones comprometidos para esta financiación militar. En principio, esta ayuda está condicionada a que se verifique que El Cairo logre una mejora significativa en la cuestión del respeto a los derechos humanos.
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