La Asamblea General ha anunciado al Consejo Superior de la Judicatura que las dificultades y conflictos que atraviesa, que la Asamblea ya conoce, indican que continuarán las interrupciones de la actividad de estructuras como la Autoridad General del Estado, que encarna el poder judicial.
Así, en un comunicado dirigido a la opinión pública nacional y a los sectores de la sociedad que se ocupan de los asuntos judiciales, publicado hoy por el diario online "Al Shari3 Al Magribi", la Asamblea General avisa de lo que llama “graves repercusiones de la interrupción de los trabajos del Consejo sobre la independencia del poder judicial y el buen funcionamiento del servicio público”.
El mismo comunicado aclara que las continuas dificultades que experimenta de hecho el Consejo implican la falta de actividad a la hora de emitir órdenes de nombramiento en los rangos de consejero en el tribunal administrativo. Mientras, el Ministerio de Finanzas ha rechazado adoptar los procedimientos legales y financieros necesarios para que se constituya el Consejo en los fondos presupuestados en el presupuesto aprobado por la Ley de Presupuestos del año 2017.
El comunicado ha denunciado también que el Consejo trabaja sin recursos financieros desde el 28 de abril pasado.
Según la declaración de la Asamblea General, una de las dificultades que se derivan es la imposibilidad de la Presidencia del Gobierno de publicar las decisiones tomadas y relacionadas con la concesión de subvenciones y privilegios concedidos a los miembros.
La sesión de la Asamblea de Diputados invitó también al pueblo a asumir sus responsabilidades y a obligar al gobierno a respetar la Constitución y la ley y a consolidar el papel del Consejo Superior de la Judicatura dotándolo de los medios para proseguir su trabajo sin demora.
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La Asamblea General del Consejo Superior de la Judicatura también invitó a la Presidencia de la República a eliminar los obstáculos para la emisión de órdenes relativas a los nombramientos en las filas del poder judicial y a los planes judiciales con el fin de evitar la paralización del normal funcionamiento de la justicia.
Y también anunció una rueda de prensa para revelar diversas cuestiones relacionadas con las condiciones normales de funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura.
Al respecto, el director del periódico "Al Thaura News", Mohammad Naim Al Haj Mansour, consideró en una entrevista con "Quds Press" que el Consejo Superior de la Judicatura está atado a las decisiones de la autoridad ejecutiva representada por la Presidencia.
Haj Mansour afirmó: "la autoridad ejecutiva en Túnez quiere una justicia sin poder y no una justicia efectiva: hablan de la existencia de un Alto Consejo de la Judicatura, pero no le otorgan medios para trabajar ni independencia."
También se refirió al deterioro de la situación material de los juzgados en general, y a la falta de presupuestos y de los medios necesarios para una acción judicial real e imparcial.
Y añadió: “Durante los últimos meses hemos efectuado en nuestro periódico diversos estudios de campo, y hemos observado en ellos, en primer lugar, los bajos salarios de los jueces, así como la carencia de oficinas especiales para ellos. También la ausencia de una sede del Consejo Superior de la Judicatura y de vehículos especiales para los jueces, lo que implica que el Consejo no tenga una importancia judicial de hecho”.
Haj Mansour señaló también, tanto en lo que respecta al papel del Consejo Superior de la Judicatura como en lo que respecta a la autoridad ejecutiva que representa la Presidencia, la existencia de organismos paralelos, como el “organismo de la verdad y la dignidad” y el “organismo de lucha contra la corrupción”.
El Consejo Superior de la Judicatura se estableció en Túnez por primera vez en julio de 1967, bajo la dirección del fallecido Presidente Habib Bourguiba.
Después de la revolución de Túnez en 2011, la mayor parte de los poderes políticos y judiciales llamaron a la disolución del Consejo por su condición inconstitucional, y después no retomó su actividad hasta el 2 de mayo 2013, en que se transmutó en un "organismo temporal para supervisar los tribunales de justicia."
La Constitución de Túnez de 2014 aprobó a posteriori el establecimiento del Consejo Superior de la Judicatura con una estructura completamente diferente a la anterior.
Así, la Asamblea Popular (el parlamento), el 28 de abril del año pasado, emitió la Ley Fundamental del Consejo Superior de la Magistratura. A continuación se celebraron las primeras elecciones al Consejo el 23 de octubre del año pasado.
Este consejo se encarga de la forma de organización del sistema interno de la Asamblea, de otorgar las subvenciones asignadas a sus miembros en el marco de las disposiciones aprobadas por el presupuesto de la Asamblea Popular. También se encarga del nombramiento de los cuatro miembros de la Corte Constitucional así como de la presentación del dictamen previo correspondiente. Y también de presentar la candidatura exclusiva conforme con lo dispuesto en el Artículo 106 de la Constitución, del debate del proyecto de presupuestos y su aprobación, y del debate de la memoria anual y su aprobación.
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