La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte se centrará este año en el Día Mundial contra la Pena de Muerte examinando el estrecho vínculo existente entre la pobreza y la pena de muerte; destacando cómo las personas que viven en la pobreza son las más vulnerables a ser condenados.
La Asociación por la Solidaridad de la Mujer Jordana, Tadamoun, ha encontrado que las mujeres más pobres que se ven marginadas debido a su estatus social son más vulnerables a ser condenadas a pena de muerte y menos capaces de tomar medidas conciliatorias y tribales para eliminar el derecho personal a conmutar el castigo para ellas o sus familias.
En 2016 Jordania emitió 13 sentencias de muerte. Durante el período 1975-2016 Jordania llevó a cabo más de 1.226 ejecuciones, de las cuales 26 se realizaron desde 2014. A principios de marzo de 2017 Jordania ejecutó a 15 personas, la mayoría de las cuales fueron condenadas por delitos terroristas, la primera ejecución en grupo en Jordania desde 2006.
Aquellos que viven condenados a penas de muerte en Jordania (actualmente 15 mujeres) se hallan bajo una gran presión psicológica, según Tadamoun, que está llevando a cabo varios casos de reconciliación tribal.
Sin embargo, la débil respuesta del gobierno ha impedido la reconciliación; las autoridades no están dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por reconciliación tribal si los delincuentes son mujeres.
Según estadísticas de 2016 de los centros de reforma y rehabilitación de Jordania, 87.442 personas ingresaron en centros de rehabilitación ese año, de las cuales 21.117 fueron sentenciadas, 36.197 fueron llevadas ante un jurado y 3.128 fueron detenidas administrativamente.
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