La fiscalía de Bahrein ha acusado el miércoles al líder de la oposición chií, el sheikh Ali Salman, que está cumpliendo una pena de prisión, de “comunicarse” con Qatar "para llevar a cabo actos hostiles" en el reino, que lleva más de seis años sufriendo diversos episodios de disturbios.
Así, la fiscalía general ha ordenado que continúen las investigaciones sobre esta cuestión y que se detenga a otros acusados que están huidos, sin especificar si se juzgará a Salman por el caso.
Este líder de la oposición chií fue detenido en 2014 y condenado en julio de 2015 a cuatro años de prisión después de ser acusado de "incitación" al "enfrentamiento étnico entre la gente”, y de “insultar” al Ministerio del Interior.
En un comunicado emitido el miércoles, la fiscalía ha dicho que había convocado al Salman y lo había interrogado "y enfrentado a las pruebas". Esto se debe, según el comunicado, a diversas investigaciones llevadas a cabo sobre contactos se dice mantuvieron Salman y personalidades de Qatar antes del comienzo de las manifestaciones de la mayoría chií para exigir reformas en 2011.
La fiscalía acusó a Salman de "buscar el contacto y comunicarse con un estado extranjero y con quienes trabajan en pro de sus propios intereses para llevar a cabo actos hostiles contra Bahréin y dañar su posición militar, política y económica y sus intereses nacionales".
La fiscalía general también ha ordenado que el acusado permanezca bajo custodia a la espera de que se complete su condena en el caso en que se le sentenció.
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Las relaciones entre Qatar y Bahrein se cortaron a partir del pasado 5 de junio. Éste último vive un estado de agitación desde que comenzara el movimiento de protesta chií en 2011.
Bahréin, junto con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, acusa a Qatar de financiar el "terrorismo" y de interferir en los asuntos de los estados del Golfo, acusaciones que el pequeño emirato con capital en Doha niega con firmeza.
Bahrein sufre disturbios intermitentes y un estado de agitación desde que comenzara un movimiento de protesta en febrero de 2011 en que participaba la mayoría chií, cuyos líderes exigen una monarquía constitucional en el país.
Desde 2011, las autoridades persiguen a los opositores, especialmente los chiítas, y a mediados de enero de 2017 ejecutaron tres condenas de muerte contra tres de ellos, por fusilamiento, tras ser declarados culpables de matar a tres agentes de seguridad en 2014. Estas ejecuciones provocaron nuevas protesta
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