La ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch ha acusado a las fuerzas de seguridad iraquíes de impedir que familias desplazadas regresen a las áreas de las que provienen, y que han sido recuperadas de las manos de Daesh, ya que les acusan de tener vínculos con la organización terrorista.
Human Rights Watch explicó en un comunicado publicado el jueves que, en otros casos, las autoridades iraquíes habían presionado a otras familias para obligarlas a que regresaran a sus hogares, ello pese a que estas familias temían que sus zonas de origen fueran inseguras o que sus casas estuvieran destruidas por los combates.
Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch, ha explicado que "a pesar de ser cierto que las fuerzas de seguridad iraquíes se enfrentan a graves consideraciones en lo que respecta a la seguridad, el mero hecho de que uno sea de una familia que tiene una persona vinculada a Daesh, o de haber vivido en un punto fuerte de esta organización terrorista, no debería considerarse una amenaza real por parte de las autoridades. Estas autoridades deben permitir a quienes no representen un riesgo real para la seguridad, y que deseen regresar a sus hogares que lo hagan en paz; así como deben respetar el derecho de aquellos que no se sienten seguros, por la razón que sea, de hacerlo y de vivir donde quieran".
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"En tanto que se acerca una nueva oleada de desplazamientos, las autoridades deben garantizar que la gente pueda regresar a sus hogares cuando esta gente sienta que puede hacerlo con seguridad".
A mediados de 2016, las fuerzas iraquíes combatieron contra la organización terrorista Daesh en Faluya y en sus alrededores, incluida la provincia de Anbar, a 50 km al oeste de Bagdad. Las fuerzas iraquíes han seguido progresando este último mes hacia las localidades de Qaim y Rawa, al oeste de Anbar, situadas en la frontera con Siria. Estas son las últimas ciudades iraquíes que siguen bajo control de Daesh.
Los combates en Anbar han desplazado a más de 507.000 personas desde 2014. De acuerdo con los datos registrados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 91.000 de las mismas permanecen en diversos campamentos de refugiados.
La mayoría de los desplazados internos han terminado albergados en uno de los cinco campamentos principales. El movimiento de otros muchos ha sido restringido a una zona en que se asientan diversos asentamientos tanto oficiales como no oficiales. Estas restricciones al movimiento de los desplazados fuera de los campamentos han aumentado con la gran afluencia de nuevos desplazados recién llegados del oeste de Anbar.
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Human Rights Watch ha subrayado que las autoridades deben facilitar inmediatamente el regreso de las familias que así lo deseen a las áreas no afectadas por las operaciones militares en curso; y que deben permitir que las familias que no deseen regresar permanezcan donde residan, si así lo desean, o puedan mudarse a otros lugares. También ha incidido en que los desplazados no son culpables de nada, y por tanto deben residir en campamentos que permitan la libertad de movimiento y las comunicaciones.
"Si las autoridades no pudieran garantizar la seguridad de las familias en caso de retorno por estar amenazadas por posibles represalias, deberían permitir que estas familias se muden a otros campamentos o a otras áreas donde sus autoridades puedan proporcionarles la protección adecuada".
Human Rights Watch ha incidido también en que es deber de las autoridades comunicar e informar a las familias de la localización de los detenidos. También deben divulgar públicamente el número de combatientes y civiles que se encuentran en esta situación, incluidos los detenidos en los controles de seguridad, en las redadas, en los campos de refugiados surgidos durante el conflicto con Daesh, y en el combate. Y también deben informar públicamente de la base legal de su detención, y de los cargos que pesan en su contra
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