Por tercera vez desde la ocupación de Irak en 2003, la Ley Nacional del Estatuto Personal número 188 de 11959, que aún figura en el libro de estatutos, corre el riesgo de ser enmendada, a pesar de que es uno de los mejores artículos de toda la legislación árabe. La primera vez que sucedió esto fue en diciembre de 2003, cuando Abdul Aziz Al-Hakim, líder del Consejo Supremo Chií Islámico de Irak, ejerció como presidente del Consejo Gobierno durante un mes bajo la ocupación estadounidense.
Uno de sus “logros” fue la Resolución 137, que abolió la Ley Nacional de Estatuto Personal y refirió a todos los asuntos de mujeres y de familia, en todos los aspectos, desde los tribunales civiles a los juristas islámicos, cada uno acorde a su propia doctrina. Fue el primer paso hacia la institucionalización del sectarismo en el ámbito familiar. La resolución estipuló que la ley islámica debía implementarse con respecto al matrimonio, el compromiso, la elegibilidad, las pruebas de matrimonio, prohibiciones, matrimonios de no musulmanes, derechos maritales de las mujeres – como manutención, divorcio, separación, Iddah (periodo de espera para divorciadas y viudas), custodia, herencias, etc. – y a todos los demás asuntos personales, y que se implementaría de acuerdo a las normas de cada doctrina confesional.
Al-Hakim también ordenó que la ley se pusiera en marcha inmediatamente, olvidando que tan sólo era un empleado de la ocupación. Después de que varias organizaciones defensoras de los derechos de la mujer protestaran y de que las “feministas de la ocupación” – a las que se les prometió el 40% de los escaños políticos – recurrieran a Paul Bremer, el jefe estadounidense de la autoridad de ocupación, éste intervino y obligo al Consejo a congelar la resolución.
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La segunda ocasión fue más detallada. El Partido de la Virtud Islámica, de confesión chií, representado por el ministro de Justicia, Hassan Al-Shammari, propuso el "proyecto de ley Ja’afari" al gabinete el día 27 de octubre de 2013. El gabinete aprobó el proyecto, pero la ley no se aprobó debido a la oposición que, esta vez, no se limitó a las feministas, sino que también incluyó a grandes secciones de la sociedad, así como a organizaciones defensoras de los derechos humanos de Irak y del extranjero. También contó con la oposición de organizaciones internacionales como Human Rights Watch. El proyecto de ley consistía en artículos de los que muchos creen que allanaron el camino para las acciones futuras del Daesh, incluido el descenso de la edad legal para el matrimonio de las mujeres hasta los 9 años, y para los hombres hasta los 15, o más jóvenes si cuentan con el consentimiento de un tutor; la legalización de la poligamia; y proporcionar orientación práctica para dividir el tiempo entre cuatro esposas. Esto incluyó un artículo que prohibía a los hombres musulmanes casarse permanentemente con una no musulmana, lo que supuso dar el derecho a los hombres al matrimonio temporal; éste suele efectuarlo un clérigo que aprueba su duración, que puede variar desde minutos a años. La mujer recibe una cantidad específica de dinero, y al clérigo se le paga una tarifa. Según uno de los artículos, las mujeres debían ser privadas del apoyo económico si no cumplían adecuadamente las necesidades del hombre debido a que su esposa fuera demasiado joven o anciana.
La última propuesta para enmendar la ley proviene de la misma gente, pero con una versión más inteligente que sus predecesores, ya que los detalles concretos que provocaban tanta indignación, como la determinación de la edad apta para el matrimonio infantil, se han omitido. En cambio, piden una promulgación general que legalice todas las enmiendas hechas en el pasado.
El Parlamento votó la enmienda el 31 de octubre; sólo pasaron unos pocos minutos hasta que obtuvo la aprobación. Según el portavoz del Parlamento iraquí, Salim Al-Jabouri: “Hemos debatido mucho sobre este tema, y no es necesario escuchar a los que lo apoyan y a los que se oponen, ya que hemos atendido a ambos puntos de vista”.
Salim al-Jabouri, portavoz del parlamento iraquí (foto de archivo)
La única objeción fue la falta del cuórum necesario, a lo que Al-Jabouri dijo: “¿Cuál es la objeción? Cuenten a los presentes. Ya están aquí; no se vayan, voten, puesto que ya hemos discutido el asunto. Repetiré los factores previos y les recordaré que esto ya ha sido debatido por completo.”
Esto nos muestra cómo ha sido el proceso de votación de una legislación que pretende cambiar la vida de los ciudadanos iraquíes y la composición de la familia y la sociedad. Miren al llamado “parlamento” que, supuestamente, se formó de la manera “democrática” considerada sobre todo por países del tercer mundo gobernados directa o indirectamente por un puñado de empleados contratados.
La votación sobre las enmiendas propuestas se enfrenta a protestas y objeciones por parte de las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, como ya pasó antes. Se han organizado manifestaciones contra los cambios, así como campañas en las redes sociales, en las que participan varios parlamentarios. La objeción a estos cambios es que una Ley Nacional de Estatus Personal debidamente enmendada violaría las disposiciones constitucionales que “preservan la dignidad de la mujer, los derechos humanos de los ciudadanos y su identidad nacional”, a pesar de que todo el mundo conoce el sectarismo y la debilidad de la Constitución.
¿Cuáles son las enmiendas propuestas? Los dos cambios principales tienen que ver con permitir a los musulmanes presentar una solicitud al Tribunal de Estatus Personal para implementar la ley islámica en asuntos personales, basándose en su afiliación doctrinal particular, y la obligación del tribunal a “adherirse a las leyes implantadas por la Oficina de Dotación Chiita y el Diwan de Dotación Sunní, dependiendo de la doctrina del marido”. La Oficina de Dotación Chiita también está obligada a aceptar los requisitos del tribunal sobre clarificaciones, según la jurisprudencia chiita establecida. A falta de una jurisprudencia establecida, el tribunal se referirá de nuevo a la referencia religiosa suprema a la que acuden tradicionalmente la mayoría de los iraquíes chiíess en Nayaf. Por su parte, el Diwan de Dotación Sunní debe responder ante el tribunal basándose en la jurisprudencia sunní establecida.
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Dicho de otra forma, más breve, lo que se propone es transferir el poder de toma de decisiones respecto a asuntos personales, lo cual es la esencia y el fundamento de la libertad personal. Pasaría del tribunal civil, como estipula la ley 188, a los clérigos, que tienen distintos grados de comprensión, jurisprudencia y referencias. Esto también resultará en la implantación de la dominación del sectarismo aborrecible que afecta a la unidad familiar; sobre todo al determinar la doctrina de la familia basándose en la del marido.
La nueva enmienda propuesta evita la trampa de establecer los detalles jurídicamente vinculantes, y es similar al empleo del concepto de “taqiya” (“disimulo”), por lo que se toma la precaución de mostrar o decir algo distinto a lo que se practica. Esto interrumpió la campaña de la oposición, sobre todo al uso del tema del matrimonio de menores, que no se menciona explícitamente en la nueva propuesta, pero sí supone la posibilidad de daño directo o indirecto contra las mujeres, las familias y la sociedad.
Basta con recontar el gobierno de los partidos sectarios y la experiencia de vivir a la sombra de los “clérigos” religiosos y su asociación con políticos a los que se lleva 14 años acusando de corrupción financiera, moral y religiosa, para que entendamos la magnitud de la rabia y el pánico que causa esta legislación. Si se aprueba, permitirá que tomen decisiones cruciales que afectarán a la vida y a la libertad de todos, sobre todo de las mujeres. Independientemente de que sus turbantes sean blancos o negros, su mentalidad es mucho más peligrosa y profunda de lo que parece y, por lo tanto, debe ser combatida por todos.
Este artículo fue publicado originalmente en árabe en Al-Quds Al-Arabi el 7 de noviembre de 2017
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