La abogada del Comité de Asuntos de Prisioneros y Ex Prisioneros Palestinos, Hanan Al-Khatib, ha denunciado la situación que atraviesan las prisioneras palestinas en las cárceles israelíes. Esto se debe a la continuación de la aplicación de medidas “extraordinarias” y arbitrarias por parte de la administración de la prisión israelí contra las presas.
Al Khatib, que visitó a las presas de la cárcel de Damón el sábado, explicó que las autoridades israelíes de las fuerzas de ocupación prohíben la comunicación de las presas con el mundo exterior. También impiden las visitas de sus familiares, especialmente de sus hijos, bajo pretexto de ser “perjudicial” para la seguridad. También se aplican sanciones de aislamiento que vulneran los derechos de las presas y otras medidas represivas, como las agresivas prácticas de inspección física por parte de las mujeres soldado.
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Al-Khatib también señaló en el comunicado de prensa emitido el domingo que las presas son insultadas y que sufren un auténtico tormento en las repetidas operaciones de traslado a los juzgados en los furgones policiales. Además las presas enfermas sufren la indiferencia médica, y también se denuncia el hacinamiento en las celdas de la prisión, en tanto que se distribuyen 22 prisioneras en dos celdas, y 17 presas en otra.
El comité también señala que las condiciones de salud física y psicológica de las presas son muy duras y dolorosas, y que la administración procura continuamente controlarlas y presionarlas en muchos aspectos de sus vidas.
Así, por ejemplo, a la presa Nasreen Hassan Abdullah de Gaza, madre de siete hijos y detenida desde mediados de 2015, se le ha privado de las visitas de su familia y sus hijos desde el momento de su detención, y no se le permite mantener la menor comunicación con ellos, ni siquiera escuchar sus voces. En el comunicado también se explica cómo la presa Khadija Rubuui, de la ciudad de Yatta y madre de 6 hijos, tuvo que presenciar cómo se agredía a sus hijos en el momento de la detención ocurrida el mes pasado, y ha sido condenada con una orden administrativa a tres meses de detención sin que medie juicio ni exposición de los cargos por los que se la acusa, por lo que una defensora de los derechos humanos llegó a afirmar que “ha sido detenida por soñar”.
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