En un acontecimiento sin precedentes, Amnistía Internacional se ha comprometido a considerar si el gobierno israelí está cometiendo el crimen del apartheid en el territorio palestino ocupado (tpo).
Esta es la primera vez que la ONG global de derechos humanos ha declarado que investigará las prácticas israelíes, en concreto las referidas a si cumplen o no con la definición internacional de apartheid.
El comunicado se produjo hoy en un nuevo informe de Amnistía Internacional en el que el grupo acusa a Myanmar de practicar el apartheid en el Estado Rakhine, describiéndolo como “un sistema institucionalizado de segregación y discriminación de las comunidades musulmanas”.
Amnistía concluyó que, para los rohinyá, este sistema “es tan severo y extenso que equivale a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil… claramente vinculado a su identidad étnica (o racial)” Por lo tanto, “constituye, legalmente, un apartheid, un crimen contra la humanidad bajo el derecho internacional”.
El informe detalla una serie de formas en las que las autoridades de Myanmar han impuesto la segregación y discriminación estatal contra los rohinyá, incluyendo la violencia, la denegación de la ciudadanía, restricciones de desplazamiento y otras maneras de exclusión social, política y económica.
Caged Without a Roof: Apartheid in Myanmar’s Rakhine State desglosa las bases de ley internacional respecto al apartheid, comenzando con referencias a la definición de crímenes contra la humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional – entre los que se incluye el apartheid.
Señalando cómo el término apartheid se originó con “un sistema político impuesto por los líderes nacionalistas de Sudáfrica entre 1945 y 1994”, el informe de Amnistía describe cómo, como resultado de la condena de este sistema, “el apartheid está expresamente prohibido en el derecho internacional”. Las “prácticas del apartheid” se enumeran como infracciones graves del derecho internacional humanitario y los crímenes de guerra en el Artículo 85 (4) (c) del Protocolo Adicional I de Ginebra a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, adoptados en 1977.
Además, “tres tratados internacionales prohíben o criminalizan explícitamente el apartheid, dejando claro que la comunidad internacional no sólo pretendía condenar y criminalizar el apartheid no sólo como se practicó en Sudáfrica, sino en cualquier lugar en el que sea replicado” (énfasis mío).
El caso legal del informe con respecto al apartheid es sorprendentemente similar al argumento de que Israel también está cometiendo este crimen, como se define en la Convención de Apartheid y en el Estatuto de Roma. De cara al futuro, por lo tanto, ¿podría Amnistía Internacional describir las políticas israelíes hacia los palestinos en estos términos?
[Richard Potts/Flickr]
En particular, continuó la declaración, Amnistía “ha destacado la política discriminatoria israelí de asentar a ciudadanos judíos en territorios palestinos – lo que, en sí mismo, es una violación de la ley humanitaria internacional – y el sistema de control sobre el terreno palestino y otros recursos, lo que ha resultado en constantes violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a un estándar adecuado de vida, al agua, a los alimentos y a la vivienda y al trabajo y a la salud”.
Amnistía también citó “la discriminación institucional contra el pueblo palestino en lo que respecta al acceso a la justicia y las garantías legales”, señalando que “los israelíes, incluidos los colonos de la Cisjordania ocupada, disfrutan de la protección de la ley civil israelí, mientras que los palestinos son procesados por el tribunal militar, a falta de garantías de juicio justo”.
Pero, en el aspecto más significativo de las observaciones, el portavoz afirmó que “en el futuro – en cualquier investigación adicional sobre la discriminación racial, consideraremos si la situación en Israel y en los Territorios Palestinos ocupados se corresponde con la definición ilegal de apartheid”, un proceso que “requerirá de investigaciones exhaustivas y una supervisión legal rigurosa de las pruebas”.
Cada vez hay más recursos a los que Amnistía puede recurrir en su misión, entre ellos los informes y documentos de las Naciones Unidas. Hace una década, el entonces reportero especial de la ONU, el jurista sudafricano John Dugard, declaró que “elementos” de la ocupación militar de Israel “constituyen formas de colonialismo y apartheid”.
En 2012, el Comité de Eliminación de Discriminación Racial de la ONU insistió a Israel a poner fin a las políticas y prácticas que violan la prohibición de “segregación racial y apartheid”, un informe descrito en aquel momento por un experto como “el reconocimiento y condena más cortante de un sistema legal de segregación desde el apartheid de Sudáfrica”.
A principios de año, un informe de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de la ONU (ESCWA) acusó a Israel de establecer “un régimen de apartheid que oprime y domina al pueblo palestino”. Bajo una inmensa presión política de Israel y EE.UU., el informe fue eliminado de su página web, pero su contenido y conclusiones nunca fueron repudiados.
Activistas y analistas palestinos llevan tiempo describiendo las políticas israelíes como una forma de apartheid, y la ONG israelí B’Tselem ha comparado el “régimen de separación” de Israel con el “régimen de apartheid de Sudáfrica”. Desmond Tutu, ganador del Premio Nobel de la Paz, y el ex presidente estadounidense Jimmy Carter son dos de las principales figuras que han acusado a Israel de apartheid.
Por supuesto, el informe de Amnistía Internacional sobre Myanmar es importante en sí mismo; describe el terrible sistema de discriminación al que se enfrentan los rohinyá. Sin embargo, para Israel – que se ha negado a dejar de vender armas al ejército de Myanmar – el informe tiene implicaciones preocupantes.
El caso detallado y cuidadosamente elaborado contra las autoridades de Myanmar es, de hecho, un precedente; mientras que supone la primera vez desde Sudáfrica que Amnistía Internacional ha acusado detalladamente de apartheid a un Estado, puede que no sea la última.
La relevancia de esta conclusión respecto a Israel y palestina se confirma con las declaraciones del portavoz de Amnistía Internacional.
Para comprender los peligros a los que se enfrenta el gobierno israelí, hay que considerar las conclusiones de Amnistía respecto a poner fin y establecer responsabilidades en cuanto al sistema de apartheid de Myanmar.
Instando a la comunidad internacional a usar “todas las herramientas diplomáticas disponibles” para presionar a Myanmar a acabar con su discriminación sistemática, Amnistía propone al Consejo de Seguridad un “embargo de armas integral” y “sanciones contra los responsables de los crímenes”.
Si Israel recibe estas mismas acusaciones y su régimen de apartheid es condenado por el mayor grupo de defensa de los derechos humanos del mundo, supondrá un gran avance para los derechos de los palestinos, que tanto tiempo han sido denegados.
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