2017 se recordará como el año en el que el llamado ‘proceso de paz’, al menos en su formulación estadounidense, se dio por acabado. Y, con su desaparición, también ha colapsado el marco político que ha servido como base para la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio.
El gobierno palestino y sus aliados árabes e internacionales se embarcan ahora en el nuevo año con la difícil tarea de armar una fórmula política completamente nueva que no incluya a Estados Unidos.
La Autoridad Palestina entró en 2017 con la leve esperanza de que EEUU estuvieran en proceso de alejarse, aunque sólo fuera un poco, de su actitud extremamente pro-Israel. Esta esperanza surgía de una decisión que tomó la administración de Barack Obama en diciembre de 2016: no vetó la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que declaraba nulo el estatus de los asentamientos judíos ilegales en los Territorios Ocupados.
Pero el nuevo gobierno de Donald Trump acabó con todo el optimismo en cuanto puso un pie en la Casa Blanca, prometiendo la relocalización de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así, en contra del derecho internacional, la Ciudad Sagrada como la capital de Israel.
Los mensajes confusos del presidente Trump no dejaban claro si seguiría adelante con su campaña y sus primeras promesas presidenciales, o si mantendría la política exterior estadounidense tradicional. El nombrar a varios políticos extremistas, como David Friedman como embajador estadounidense en Israel, se yuxtaponía con constantes referencias a un ‘acuerdo definitivo’ que involucraría a los palestinos, a Israel y a los países árabes.
Sin embargo, la ‘paz regional’ estadounidense no llegó a nada, y, finalmente, Trump cumplió su promesa a Israel y a sus aliados al firmar la Ley de la Embajada de Jerusalén de 1995.
Al hacerlo, acabó con el rol de líder de su país en el ‘proceso de paz’, propugnado por Estados Unidos, que abogaba por una ‘solución de dos Estados’ basada en una ‘fórmula de la tierra por la paz’.
Los países europeos habían anticipado la retirada estadounidense del proceso de paz ya en enero de 2017; aun así, se siguió adelante con la Conferencia de Paz de París el 15 de enero. La conferencia reunió a casi 70 países, pero, sin el apoyo de EEUU y con el rechazo de Israel, no fue más que una plataforma donde repetir palabras sobre paz, coexistencia y demás.
Ahora que Trump ha degradado el rol de su país, las potencias europeas, especialmente Francia, serán quienes intenten salvar el proceso de paz. Sin embargo, es probable que tal posibilidad resulte igualmente infructuosa, ya que el gobierno de derechas israelí de Benjamin Netanyahu dejó claro que no pretende ni congelar los asentamientos ilegales, ni compartir Jerusalén ni permitir la creación de un Estado palestino. Sin la aplicación del derecho internacional, Israel no cambiará voluntariamente su postura.
De hecho, 2017 ha sido un año de expansión desenfrenada de los asentamientos judíos. Se han construido miles de nuevas viviendas – o están en proceso de construirse – y otros asentamientos están en proyecto.
La intransigencia de Israel y el fin de la táctica de paz estadounidense ha renovado el interés en la lucha palestina, que se había apartado a un lado durante años debido a conflictos regionales y a la guerra de Siria. Esto ha resultado en un mayor apoyo al movimiento palestino de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). Siguiendo el modelo del movimiento de boicot sudafricano anti-apartheid, el BDS pide una acción directa por parte de la sociedad civil global para poner fin a la ocupación israelí de Palestina.
Sin embargo, el crecimiento del BDS también ha supuesto un fuerte empuje israelí-estadounidense para proscribir al movimiento y castigar a sus partidarios. Casi dos docenas de estados estadounidenses han aprobado leyes que criminalizan al BDS, mientras que el Congreso de EEUU está finalizando su propia ley que hace del boicot a Israel algo punible con una multa e incluso con penas de cárcel.
Desafiando tanto a la ocupación israelí como a la AP, los palestinos de los Territorios Ocupados han seguido adelante con su intifada, aunque ésta carece de las movilizaciones masivas de los levantamientos anteriores.
Cientos de palestinos han sido asesinados o heridos, entre ellos muchos niños, durante la represión por parte de Israel hacia las protestas contra su mandato militar.
El asedio sobre Gaza sigue en pie, a pesar de los esfuerzos de Hamás por ponerle fin mediante la reescritura de su constitución y las diversas propuestas para el partido de Mahmoud Abbas, Fatah, que domina el gobierno de la AP en Ramala.
En octubre se firmó en El Cairo un acuerdo de unidad entre Hamás y Fatah. Estableció una fecha para las elecciones, y permitió que miles de oficiales de la AP regresaran a Gaza para cruzar la frontera y ocupar varios ministerios y oficinas del gobierno.
Sin embargo, los casi 2 millones de palestinos en la Franja asediada aún no han sentido el fruto de esa unidad en su vida diaria.
Aunque el acuerdo de reconciliación estuvo motivado por la conveniencia política entre ambas facciones, la necesidad de una unidad real entre los palestinos es más urgente que nunca, y no sólo debido a la decisión de Trump sobre Jerusalén.
La Knesset israelí ha aprobado, o está en proceso de aprobar, varios proyectos de ley que sellan el destino de los palestinos, independientemente de su localización geográfica o de su afiliación política. Uno es el proyecto de ley de la Nación-Estado Judío, que define a Israel como “el hogar nacional del pueblo judío”, convirtiendo así a millones de árabes palestinos indígenas en parias en su propia patria.
El proyecto de ley del ‘Gran Jerusalén’ se ha archivado temporalmente, a pesar de contar con el apoyo de la mayoría de la Knesset. Esta ley pide la expansión de las fronteras de Jerusalén para incluir grandes asentamientos judíos ilegales de Cisjordania, anexionando ilegalmente enormes extensiones de territorio palestino y reduciendo la población palestina de Jerusalén a una minoría aún más pequeña.
El gobierno palestino debe comprender que los desafíos a los que se enfrenta son mucho más importantes que su egoísta necesidad de validación política y apoyo financiero. Existe una necesidad urgente de revitalizar todas las instituciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La nueva estrategia debería poner en primer lugar a los palestinos, y aprovechar las energías del pueblo palestino en su hogar o en ‘shatat’ – diáspora.
2018 promete ser un año difícil y decisivo para el futuro de todos los palestinos. Estados Unidos no sólo se ha retirado del ‘proceso de paz’; se espera que hará lo que esté en su mano para poner en peligro toda iniciativa palestina que pretenda responsabilizar a Israel de sus 50 años de ocupación militar ilegal.
Si el gobierno palestino no logra la transición hacia su nueva postura, es muy probable que acabe enfrentándose directamente con el pueblo palestino, que está listo para avanzar hacia un nuevo tipo de lucha; una que no está en deuda con la farsa de la ‘solución de dos Estados’ que, para empezar, nunca se iba a cumplir.
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