La ironía de la presencia de tropas egipcias en la frontera eritreo-sudanesa por su oposición a la presa del Renacimiento etíope no pasa desapercibida para los expertos legales, conscientes de la responsabilidad directa de Egipto a la hora de suscribir su propio derecho legal y el de Sudán al acceso permanente a las aguas del río Nilo.
En las últimas semanas, el descontento de Egipto se ha convertido en desesperación, al ser incapaz de garantizar que su porcentaje de agua del 80% permanecerá intacto después de que la presa empiece a funcionar. Con la ayuda de Emiratos Árabes Unidos, Egipto ha colocado tropas en la base militar de Sawa, en Eritrea, preparándose para atacar la presa etíope antes de que se pueda producir un solo megavatio de energía.
Aunque Eritrea ha denegado el acceso al ejército egipcio en su territorio, se han llevado a cabo reuniones entre los presidentes eritreo y Egipto y, por separado, entre Eritrea y EAU. En respuesta, Sudán, reconocido por su capacidad de recopilación de información, ha cerrado su frontera con Eritrea y ha sellado todos los puntos de entrada y salida. Estos acontecimientos no tienen precedentes y no muestran señales de que vayan a desaparecer.
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Varios informes sobre un intento fallido de Egipto de firmar un acuerdo unilateral con Etiopía, eludiendo la involucración de Sudán, han sido descartados por los medios egipcios, que los han tachado de “noticias falsas”, pero han servido para alimentar las especulaciones de que El Cairo quiere un nuevo acuerdo, y que está preparado para apoderarse del porcentaje sudanés del agua del Nilo en el proceso.
Sin embargo, los analistas han señalado rápidamente que una reunión celebrada excluyendo a Sudán entre el presidente etíope, Meles Zenawi, y el primer ministro egipcio, Hisham El-Sherif, en mayo de 2011, llevó al acuerdo de encargar la presa de Al-Nahda ("El Renacimiento").
Para cuando los ministros egipcio y etíope de Irrigación visitaron Jartum para acordar un comité técnico para la construcción de la presa, ya estaba claro para el experto legal en aguas sudanés, Ahmed Al-Mufti, que después dimitió del comité, que el acuerdo estaba muy defectuoso. Surgieron dudas sobre la veracidad legal del proyecto; lo más alarmante era que la cuestión de la asignación y el derecho legítimos de las cuotas del agua del Nilo se había ignorado por completo.
“A pesar de la presencia de acuerdos derivados de reuniones celebradas desde 1995 hasta 2007 entre los ocho miembros de la cuenca del Nilo sobre el reparto de las aguas del Nilo, la reunión de Jartum entre Sudán, Etiopía y Egipto ignoró por completo el derecho legal y se centraron sólo en el frente técnico y las especificaciones sobre la presa”, contó Al-Mufti a Al Jazeera en diciembre de 2015.
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Además, Al-Mufti señaló que el hecho de no acordar una asignación legal del agua antes de comenzar con el proyecto suponía que las generaciones actuales y futuras de ciudadanos egipcios y sudaneses se enfrentan a la posibilidad real de que se les niegue totalmente el acceso al Nilo – una medida que amenaza la vida de más de 135 millones de personas. Puede que el suministro subterráneo de agua de Sudán permita que su población acceda a agua potable, pero la población de 93 millones de personas de Egipto podría morir de sed.
Sin embargo, este panorama apocalíptico no parecía estar presente en las mentes de los gobiernos cuando, en marzo de 2015, los tres presidentes firmaron un acuerdo tripartito que daba a Etiopía la autoridad legal sobre la producción de 6.400 megavatios de electricidad; la soberanía sobre la fuente generadora de electricidad suponía la soberanía sobre el agua que produce la energía.
El acuerdo suponía tres factores que, irreversiblemente, amenazan a la población de Sudán y Egipto; primero, anula las disposiciones del acuerdo de Entebbe de 2010, la ley de 1959 sobre el agua y la ley británica de 1947, que protegía los derechos de los usuarios del agua; en segundo lugar, hizo que los términos del nuevo acuerdo no fueran vinculantes y auto regulatorios y, en tercero, exigió que las disputas entre las partes sólo se pudieran resolver mediante un acuerdo trilateral mutuo.
El efecto del acuerdo supuso que no existiera un tratado legal vinculante sobre la repartición del agua. La naturaleza no vinculante y auto regulatoria del acuerdo suponía que cualquier país podría retirarse en un futuro del acuerdo, en cualquier momento, y que no habría ningún recurso legal para que las partes pudieran resolver sus disputas mediante el arbitraje o la mediación de una tercera parte.
Ahora, Sudán se encuentra en la posición de tener que separar a dos partes opuestas enfrentadas mientras intenta proteger sus propios intereses. La reunión del domingo entre los ministros de Exteriores de Etiopía y Sudán confirmó la preocupación sobre el peligro que se cierne sobre la frontera oriental. “Sudán no habla de una acción específica de un país en concreto, pero se trata de una amenaza para nuestros territorios que viene desde la frontera este”, dijo en una conferencia de prensa el ministro de Exteriores, Ibrahim Ghandour, junto a su homólogo etíope, Workneh Gebeyehu, en Jartum.
La construcción de la presa producirá electricidad muy necesaria para la región de la cuenca del Nilo, pero, a menos que la Declaración de Principios de 2015 se redacte de nuevo para establecer una asignación legalmente vinculante de las aguas del Nilo y evitar el monopolio sobre el agua de un solo país, la posibilidad de que la presa sea destruida y de que las partes involucradas entren en guerra sigue siendo una opción muy realista y potencialmente desastrosa.
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