La corrupción en Marruecos obstaculiza la lucha para reducir la pobreza. Esto se da especialmente en las zonas más remotas, donde los funcionarios locales prestan menos atención a los programas nacionales que hay en marcha para abordar el problema. Es más, no importa qué se prometa durante las elecciones, ya que no se materializa debido a las profundas interferencias estatales y al control económico. Por eso las manifestaciones callejeras suelen recordarles a los políticos su fracaso a la hora de distribuir equitativamente la riqueza o proponer reformas genuinamente beneficiosas.
A ojos extranjeros, los niveles de pobreza en Marruecos son sorprendentes, sobre todo porque el número de multimillonarios en el país crece cada vez más. Sus negocios prosperan, beneficiándose de la estabilidad, las relaciones con la Unión Europea y África y las vacilantes economías de los países vecinos. Marruecos exporta fosfatos, vegetales, pescado, textiles y servicios, dando la impresión de país próspero. Sin embargo, los bajos salarios, el desempleo y el analfabetismo profundizan la desigualdad, ya que la mayoría de las empresas se localizan en las grandes ciudades y sus políticas de contratación no son compatibles con los graduados universitarios.
En un intento de acabar con la pobreza, se lanzó la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano en 2005. El plan pretendía proporcionar ayuda directa, destinando 6.000 millones de euros a micro proyectos que generaran ingresos. La ONU y el Banco Mundial exaltaron la iniciativa, pero la trampa está en la letra pequeña. Por ejemplo, los habitantes de antiguos barrios marginales se han metido a la fuerza en pequeños apartamentos en Casablanca. Los números no reflejan el verdadero impacto de la iniciativa; los analistas no tienen acceso a informes sobre cómo se ha gastado el dinero o si ha llegado a aquellos que realmente lo necesitan. Algunos proyectos infraestructurales se erigen en el lugar equivocado y, como resultado, se cancelan a la mitad.
Además, se han organizado oficialmente campañas nacionales para recaudar ayuda social. Cada año, la Fundación Mohamed V recauda ayuda públicamente en solidaridad con los pobres y vulnerables. Aunque esto difunde una cultura de derecho a la ayuda, es difícil evaluar el impacto de estos proyectos en un Estado que supervisa y monopoliza la solidaridad, la simpatía y el alivio de la pobreza de la sociedad civil. Así, la pobreza no se ha reducido de forma significativa.
Para más inri de los ciudadanos, los gobiernos posteriores a 2011 han aumentado una serie de impuestos. Las empresas de agua y electricidad fueron rescatadas, imponiendo pagos más altos a los usuarios. Además, para salvar el fondo de jubilación de posibles bancarrotas, a los futuros beneficiarios se les han cobrado impuestos extra, ignorando el hecho de que la escasez de fondos no sólo resulta de cambios demográficos, sino también de la corrupción y la mala administración previas.
La guinda del pastel es que, hace poco, el gobierno dio pie a un tipo de cambio flotante en la moneda. La decisión, que afirmaba ser beneficiosa para la economía, tiene repercusiones a largo plazo, ya que la economía marroquí no es lo suficientemente fuerte, transparente o competitiva como para sobrellevar una moneda flotante. Las razones oficiales para la decisión no se han revelado al público. Varios especialistas han ofrecido sus propias explicaciones, centrándose en la necesidad de supervisar la inflación y los acuerdos con las instituciones financieras internacionales. También subrayaron que los problemas que creará la decisión superan a los beneficios, en medio de una atmósfera de corrupción, vulnerabilidad y reformas inestables.
Además, el público no se ha beneficiado de la estabilidad. Las empresas de distribución de combustible, por ejemplo, suben constantemente los precios, ya que los precios locales se han liberado para fluctuar con el mercado internacional. Sin embargo, los precios siguen subiendo, independientemente de los precios más baratos en el resto del mundo, ya que muy pocas empresas monopolizan el mercado del combustible.
Considerando todos los factores, los ciudadanos empobrecidos arriesgan su vida para conseguir pan. En Ceuta, las mujeres marroquíes mueren en estampidas para comprar bienes de contrabando desde España. Estas muertes recuerdan a un incidente humillante en Essaouira, donde 15 mujeres murieron durante una estampida para conseguir ayuda alimentaria en una zona rica en aceite de Argán. La necesidad extrema en ciudades del desierto hace que la llegada de donaciones de harina, azúcar o aceite sean acontecimientos multitudinarios.
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Los ciudadanos también expresan su rabia en las calles. En Jrada, los mineros del carbón trabajan en condiciones sórdidas, sujetos a la explotación. Las infraestructuras inadecuadas y los cambios económicos hacen el negocio del carbón insuficiente para una vida digna. Aunque venden su carbón por mucho menos de lo que vale, los mineros mueren en condiciones desastrosas e insalubres. Los manifestantes han reaccionado echándose a las calles. Al igual que en la zona del Movimiento Popular del Rif, el gobierno ineficiente en la región norte del país exacerba la vulnerabilidad y la austeridad.
En Zagora, al sur de Marrakech, las “protestas de la sed” exigen la provisión sostenible de agua del grifo y la liberación de los activistas detenidos. En Tendrara, una ciudad del noreste, un camión atropelló a un chico de 10 años y la ambulancia llegó demasiado tarde. Los indignados manifestantes denuncian la infraestructura inadecuada y la austeridad y la marginalización generales.
Todas estas movilizaciones sociales recuerdan a las promesas de 2011 de reformas estables, ya que el empobrecimiento es resultado de la corrupción local y del despotismo nacional. Los manifestantes están bien organizados y aprovechan el potencial de los nuevos medios. Han conseguido la atención nacional e internacional tras hacerse virales sus vídeos en directo en las redes sociales. Así, las fuerzas públicas intervienen con más rapidez para sofocar el activismo incipiente, antes de que las manifestaciones callejeras cojan fuerza, como sucedió durante las protestas en el Rif.
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Pero, ¿se rendirá para siempre el pueblo a la intimidación económica? Lo más probable es que no. Los movimientos sociales en los países vecinos, como en Túnez, incentivan a la ira pública a explotar en momentos inesperados. La indiferencia política, las dificultades económicas y los receses democráticos intensifican las movilizaciones.
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