Gracias a las redes sociales, nos hemos acostumbrado a ver imágenes de soldados israelíes aterrorizando a familias palestinas en plena noche, irrumpiendo en sus hogares para arrestar a los niños. Lo que sucede después de que les venden los ojos a los menores y los lleven a centros de interrogación apenas recibe atención, probablemente debido a la política de aislamiento que mantiene Israel.
Un informe publicado por el grupo activista israelí B’Tselem – “Menores en peligro: la violación de los derechos de los palestinos por parte de los tribunales militares israelíes” (marzo de 2018) – demuestra cómo el sistema de justicia está plagado de discrepancias sistemáticas cuyo objetivo es incriminar a los detenidos. Muchas de estas prácticas son métodos de aislamiento; por ejemplo, cortan el contacto de los menores con su familia, y los padres no son informados de las razones de la detención de sus hijos.
Dentro de un sistema que pretende imponer un veredicto de culpabilidad a toda costa, la descripción de B’Tselem de estos actos como “prácticas habituales” refleja la dura realidad que viven los niños palestinos detenidos. En lugar de implementar justicia, los interrogatorios permiten que ocurran estas violaciones. El informe indica que el 90% de los menores detenidos no tienen permitido el acceso a un abogado antes de ser interrogados. Además, la alta tasa de condenas en los tribunales militares israelíes que, según la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, es del 95% es otro factor que obliga a los menores a aceptar acusaciones de culpabilidad como la única alternativa a un largo juicio y una sentencia de prisión.
El informe de B’Tselem menciona documentos estatales de Israel que enmarcan la detención de menores palestinos como una consecuencia de que supuestas “organizaciones terroristas” realicen un “adoctrinamiento de la población desde preescolar hasta la edad adulta". Una premisa peligrosa que han adoptado las autoridades israelíes y que aparece en el informe es la equiparación de los menores a los adultos, sin proporcionar un contexto de violencia colonial y ocupación militar: “El peligro y los daños que provocan sus acciones suelen ser los mismos que causan los adultos”. Con este razonamiento Israel borra los límites entre infancia y edad adulta tal y como están establecidos en el derecho internacional.
Leer: 483 menores palestinos han sido detenidos por Israel durante 2017
Pero este encuadre alternativo, inexacto e ilegal no sólo desdibuja un límite que debería estar claramente definido. Israel ha afirmado que los tribunales militares son “proactivos respecto a la protección de los derechos de los menores”, o que son preferibles las detenciones nocturnas para evitar que sus soldados y que los residentes locales sean atacados. Las ONGS han declarado inaceptables estas afirmaciones. Insisten en que “los procedimientos que se han realizado no son suficientes para brindar una protección adecuada”.
B’Tselem señala que el sistema se basa en varios métodos de aislamiento que Israel pretende afirmar como necesarios debido a problemas de seguridad. Como conclusión, el informe dicta: “Las normas las implementan soldados, jueces y fiscales, todos israelíes desinformados que representan los intereses del país ocupante. Es un sistema en el que los palestinos siempre son sospechosos”.
Por lo tanto, los tribunales militares representan la ausencia de justicia. Los testimonios de menores palestinos incluidos en el informe reflejan lo que supone vivir un proceso humillante, violento y plagado de procedimientos en los que el detenido se reduce a un espectador. Si se impone el aislamiento, se hace imprescindible exponer los resultados limitados, en términos de violaciones, para los niños palestinos, que se ocultan tras medidas burocráticas aparentemente aceptables para el mundo exterior.
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